Fiscales piden inmovilizar los bienes de Cristina Kirchner para poder recuperar dinero de la corrupción

Tras la actualización del monto del decomiso en el caso Vialidad, que asciende a 537 millones de dólares, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que ninguno de los condenados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, se desprenda ni mueva dinero que pueda afectar al recupero de dinero del que fue despojado el Estado por delitos de corrupción.

En tanto, la defensa de la actual jefa del PJ presentó otro cálculo y dijo que el decomiso no debe ser de $ 684.000 millones sino de $ 42.000 millones, apenas un 6% de los que fijaron los especialistas y peritos judiciales.

“Las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”, sostiene el escrito presentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema envió al juez Jorge Gorini el viernes pasado, el monto final que deberán devolver Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad. La cifra de base era de $ 84.835.227.378, determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupción.

Ahora, se determinó que los nueve condenados deberán responder por $ 684.990.350.139,86. Son unos 537 millones de dólares al cambio actual.

Frente a esa cifra el fiscal Luciani pidió que Cristina Kirchner, Lázaro Báez no puedan movilizar nada de sus respectivos patrimonios para que se haga efectivo el decomiso de bienes.

En primer término, se ocuparon los fiscales de requerir una serie de medidas sobre un poder de administración que Lázaro Báez otorgó a su novia, Claudia Insaurralde estando preso, para la administración de un conjunto de bienes.

Se detalló en el dictamen según lo informado por el oficial jefe y alcaide mayor de la Cárcel de Río Gallegos (Unidad nro. 15 del Servicio Penitenciario Federal), el 24/6/2025, “a las 9:00 h, aproximadamente, se presentó en la unidad penitenciaria la ciudadana Claudia Noemí Insaurralde, con la intención de visitar al interno Lázaro Antonio Báez”.

El personal de servicio, “cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad correspondientes, advirtió que Insaurralde portaba cierta documentación referida a bienes de Báez, para que este firmara”.

Concretamente, al registrar las pertenencias de la visitante, detectó la presencia de un escrito de poder otorgado por Báez a favor de Insaurralde acompañado de varios documentos relacionados a propiedades pertenecientes al interno que nos ocupa, que, según sus dichos, necesitaba que el mismo los rubrique”.

Ante ese escenario, la fiscalía entiende que hay que solicitar una serie de informes atentos a que los embargos trabados impiden cualquier movimiento y/o decisión que Lázaro Báez pueda tomar sobre su patrimonio.

De igual manera, se requirió que esa medida precautoria se adopte sobre los bienes de Cristina Kirchner: 26 inmuebles, dos vehículos, el paquete accionario de las tres compañías familiares (Hotesur, Los Sauces y COMA SA), como también el dinero que pueda poseer en instituciones bancarias.

Por este motivo se solicitó ante el Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, que se mantengan los embargos trabados en este expediente, como así también las inhibiciones generales de bienes que impide cualquier compra-venta de propiedades, o movimientos de los dineros depositados.

A la hora de detallar cómo se procedió en el revalúo impositivo y contable, los peritos contables de la Corte, señalaron que tuvieron en cuenta el indice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en reemplazo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), sustitución establecida por art. 2º de la Ley N° 27.468 Β.Ο. 4/12/2018”.

En definitiva, se planteó “de acuerdo con las consideraciones precedentemente expuestas, para efectuar el cálculo de marras, se tomará el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)”.

En suma, concluyeron los peritos, “el importe actualizado requerido, de acuerdo con los parámetros y metodología descriptos ut-supra, asciende a $ 684.990.350.139,86, es decir el quantum de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos”.

El número de la defensa

Ante el estudio pericial que dio a conocer Clarín que determinó cuánto deberá devolver Cristina Kirchner y los demás ocho condenados del caso Vialidad, el perito de parte Lucas Gaincerain expuso otro número.

Según el informe confeccionado por el perito que intervino en representación de la ex Presidenta, el cálculo debía realizarse usando la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Así lo expresó: “De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″.

Es decir, para Cristina Kirchner lo que deben devolver es tan sólo el 6% de lo que determinaron los peritos de la Corte Suprema.

Con el monto ya determinado del decomiso, la Justicia pondrá en marcha el mecanismo correspondiente para avanzar hacia el cobro del dinero: se los intimará a los condenados de que comenzarán a regir diez días para que se depositen los fondos. Sí en el plazo impuesto por el Tribunal los acusados no cumplen, se comenzará con la ejecución de bienes.

Para esta última instancia, el Tribunal avanzará en la actualización de los embargos dictados en el marco de este expediente. Cuando se confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner y los demás involucrados en la maniobra defraudatoria, se avaló el embargo de $10.000 millones que había fijado el juez federal Julián Ercolini cuando firmó el procesamiento.

A propósito, el fiscal general Diego Luciani planteó: “La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”.

Su argumento acompañó un detalle de los bienes bajo titularidad de todos los condenados. El informe de 40 páginas enumera todas las propiedades y empresas de Cristina Kirchner, incluyendo todo lo cedido en partes iguales a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

El dinero decomisado integrará el presupuesto del Poder Judicial según la Ley 23.852 y una acordada del máximo tribunal. Pero también hay normativa que permite que determinados bienes puedan ser administrados por organismos del Estado. En el caso de bienes inmuebles, los mismos podrán ser rematados.

Fuente Clarín