Las empresas constructoras nucleadas en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) denunciaron ser "rehenes" y víctimas de una "extorsión" por parte del Banco Hipotecario en el proceso de rescisión de los contratos del proyecto Procrear II, tras la disolución del fondo fiduciario por la gestión del presidente Javier Milei. La situación genera tensiones mientras la Provincia se prepara para reactivar la obra con una inversión inicial de $80.000 millones, que podría alcanzar los $190.000 millones en etapas sucesivas.
El titular de la CTC, Jorge Garber, expresó su profunda molestia por las trabas impuestas por el Banco Hipotecario, que, según afirmó, prioriza sus propios intereses financieros en detrimento de las constructoras. "Se están haciendo los revalúos, las liquidaciones finales y la entrega de los predios al Banco Hipotecario para que de ahí pasen a la provincia, se están discutiendo los valores y las condiciones en las cuales se entregan. La voluntad de las empresas es terminar con esto y seguir con la provincia, eso ya está manifestado desde el primer momento", señaló Garber en diálogo el programa Los Primeros. Sin embargo, denunció que "hay una deuda del Banco Hipotecario, pero si nosotros tenemos que ceder, aparte de esa deuda, hay otra de certificados de obra. Por lo tanto, eso es lo que se le está reclamando al Banco Hipotecario. No queremos ser rehenes ni queremos ser parte de una extorsión por parte del banco, que nos dan la posibilidad de retomar con la provincia si es que renunciamos a toda esa deuda".
Garber no dudó en apuntar a una posible dimensión política detrás de las demoras. "Creo que acá se juegan muchos intereses. Habría que preguntarle al Banco o a (Luis) Caputo, porque yo entiendo lo mismo que el gobernador y todo el gobierno de la provincia. Por eso estamos acá y por eso hemos peleado tanto para reactivar este Procrear II", afirmó, sugiriendo una posible injerencia de la política nacional. Según el empresario, la actitud del banco refleja una "falta de empatía" hacia las constructoras, ya que "lo único que le interesa es la posición de ellos, sus comisiones y sus intereses".
El conflicto se centra en la rescisión de los contratos que las 22 empresas adjudicatarias mantenían con el Banco Hipotecario, que actuaba como agente fiduciario del fondo del Procrear II, disuelto por decreto presidencial en noviembre de 2024. Garber explicó: "Ya hemos rescindido con el banco, pero ahora el banco está en una posición en donde quiere hacerse cargo de los predios, y nosotros entendemos que esos predios son de la provincia, no debieran volver a un fideicomiso que ya no existe porque el Presidente por decreto los desarmó. Esa es la parte que no estamos entendiendo bien". Las constructoras exigen el pago de certificados de obra y otros ítems, además de cuestionar la intención del banco de retomar la posesión de los predios.
Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Marcelo Nazur, luego de una reunión en la mañana del martes con las partes en conflicto, aclaró que la provincia está lista para retomar la obra, pero se mantiene al margen de la disputa administrativa entre el banco y las constructoras. "Hoy el Banco Hipotecario ha convocado a las empresas nucleadas de la construcción de Tucumán a realizar un informe que es entre dos particulares, que sería la empresa y el banco. La provincia está en condiciones de reanudar la obra, pero no nos queremos meter en esta cuestión administrativa que tiene que resolver el Banco Hipotecario con la Cámara de la Construcción", explicó Nazur. El ministro destacó que la primera etapa, con 572 unidades habitacionales y 22 locales comerciales, demandará 18 meses y una inversión de $80.000 millones, generando unos 6.000 empleos directos e indirectos.
Por su parte, el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, subrayó que la provincialización del proyecto fue posible gracias a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. "El fondo fiduciario fue disuelto y pasó a ser manejado por el Ministerio de Economía de la Nación, con la cual nosotros firmamos la posesión de los terrenos para poder avanzar. Nuestra ley de obras públicas nos habilita para poder trabajar dentro del predio, con la posesión", detalló. Sin embargo, reconoció que persisten conflictos contractuales: "El Banco Hipotecario era el agente fiduciario de una relación que tenía con el fondo fiduciario. Por ende, en este momento, como está disuelto con la Nación, la parte contractual del Banco con las empresas es la que se tiene que resolver para dejar ya finiquitada y terminada la relación Banco Hipotecario-empresas constructoras".
Trabas
Abad enfatizó que la provincia respetará el plan original de 1.656 viviendas, 1.491 lotes con servicios y 50 locales comerciales en un predio de 100 hectáreas en Manantial Sur. "Estimamos que vamos a terminar firmando con las 22 empresas de manera inmediata y están los fondos garantizados para que se empiece a trabajar, que estimamos no pasará de los próximos días", aseguró, aunque señaló que algunas constructoras enfrentan saldos pendientes con el banco, lo que complica la transición.
Garber insistió en la disposición de las empresas a encontrar una solución: "Estamos buscando la solución y desde el primer momento lo estoy diciendo. Las empresas están permeables a encontrar una solución y retomar la obra resignando lo que les corresponde". Sin embargo, advirtió que las trabas del Banco Hipotecario generan una "posición de desigualdad" y pérdidas económicas para las constructoras, mientras el proyecto, que beneficiará a Tucumán con miles de empleos y soluciones habitacionales, sigue demorado. "Con todo este proyecto se beneficia Tucumán, pero el Banco Hipotecario es de Buenos Aires y el gobierno central también, entonces de ahí saquen sus conclusiones", concluyó.
Empresas como ALPRE SA, Fortino Construcciones SRL y la UTE Alfa-Gama-Helpa ya preparan los obradores, a la espera de que se resuelva el conflicto. La provincia, por su parte, confía en comenzar los trabajos antes de agosto, una vez que se superen las trabas administrativas con el Banco Hipotecario.