Tras ser procesado por la Justicia, Alberto Fernández dice que lo “persiguen por ser peronista”

El expresidente Alberto Fernández cuestionó este viernes su procesamiento en una causa por corrupción que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gobierno y aseguró que lo “persiguen por ser peronista”.

El juez federal Sebastián Casanello determinó su procesamiento por el “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que busque un beneficio propio o de un tercero.

“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, se quejó Fernández a través de la red social X.

El exmandatario peronista sostuvo, además, que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerlo arbitrariamente ligado al proceso”.

“Cómo alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, concluyó en su tuit el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

El juez federal Casanello, en su dictamen, consideró que el expresidente buscó favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa a través de un plan de expansión de los negocios de su grupo con el Estado.

La esposa de Martínez Sosa, María Cantero, también se encontraba involucrada en los negocios. Fue nombrada secretaria privada de Fernández cuando asumió el mando del Poder Ejecutivo.

Las comisiones del grupo de Martínez Sosa fueron de $2252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.

Casanello ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de $14.634.220.283,68 y procesó a otras 33 personas. Entre los delitos que habría cometido, el magistrado incluyó lavado de dinero y cohecho. Se sospecha que el antiguo responsable de la Gerencia de Área de Sector Público Nacional de Nación Seguros Mauro Tanos y su esposa recibieron sobornos de parte de aseguradoras, a través de cooperativas.

Con información de La Nación