El costo fiscal de Discapacidad y universidades volvió al centro del debate presupuestario

Cuando el Gobierno parecía avanzar con comodidad en la discusión del Presupuesto, apoyado en un clima de triunfalismo político, un giro inesperado alteró la hoja de ruta y lo llevó a perder un capítulo central del proyecto. Se trata de la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que finalmente quedaron fuera del texto presupuestario.

Más allá de que el Poder Ejecutivo no está ejecutando plenamente estas leyes vigentes, con el argumento de restricciones fiscales, lo cierto es que el proyecto de Presupuesto buscaba cerrar un frente que venía generando tensiones políticas y crecientes nubarrones en el plano judicial. Para la Casa Rosada, los incrementos de gasto previstos en estas normas representan una amenaza directa a la regla del déficit cero que el oficialismo sostiene como eje de su política económica.

Sin embargo, un análisis detallado de las partidas necesarias para financiar ambas leyes durante 2026 pone en duda la magnitud del impacto fiscal que plantea el Gobierno. Según distintos cálculos, el volumen de recursos involucrado no resulta de una envergadura imposible de afrontar, especialmente si se lo compara con otras decisiones incluidas en el propio Presupuesto.

En ese sentido, el proyecto presupuestario convalida pérdidas mucho más significativas en términos de recaudación, producto de la baja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, la reducción de la alícuota de Bienes Personales, la disminución de impuestos internos a la electrónica y a la venta de automóviles, la rebaja de retenciones a determinados granos de exportación, la reducción de contribuciones patronales prevista en la reforma laboral, la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de distintos esquemas de perdón fiscal a través de blanqueos y políticas similares.

Más allá de este conjunto de recursos que el Gobierno decidió resignar, y que tensionan las metas de equilibrio fiscal que el propio oficialismo defiende, el eje del debate pasa por determinar el verdadero impacto presupuestario de las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas con amplia mayoría en el Congreso y ratificadas por las dos cámaras tras el veto del presidente Javier Milei.

En el caso de la ley de emergencia en Discapacidad, el proyecto impulsado por la oposición prevé cambios con impacto económico inmediato, como la modificación de las condiciones de acceso al beneficio, un nuevo mecanismo de actualización de las pensiones y el incremento de los aranceles a prestadores. La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe con simulaciones basadas en la proyección de inflación del 10,1% incluida por el propio Gobierno en el Presupuesto 2026 y en distintas hipótesis sobre la cantidad de nuevas altas.

De acuerdo con el organismo, el número de beneficiarios podría incrementarse entre 493.000 y 946.000 personas, según los escenarios considerados. “Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 millones y 3.627.495 millones de pesos”, señala el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Según la OPC, ese gasto sería equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno, e incluye una compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos y una asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.

En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, la Oficina del Presupuesto del Congreso también realizó estimaciones sobre su impacto fiscal. Si bien el cálculo fue efectuado para el ejercicio 2025, el organismo aclaró que, en términos reales, los resultados no variarían sustancialmente al extrapolarlos a 2026.

Según el informe, de haberse aplicado la ley durante 2025, el impacto presupuestario habría alcanzado los 1.959.974 millones de pesos, una cifra equivalente al 0,23% del PBI. El cálculo no contempla variables de difícil medición, como el posible aumento en la cantidad de beneficiarios de becas, pero sí incluye aspectos cuantificables como la recomposición de partidas para gastos de funcionamiento, la actualización periódica por inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización automática de las becas estudiantiles.

De este modo, la discusión por el Presupuesto vuelve a poner en el centro la tensión entre el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno y el financiamiento de políticas sensibles, en un escenario donde los números del propio Congreso relativizan el impacto que el Ejecutivo atribuye a estas leyes.