AETAT declara persona no grata al dueño de la Línea 8 por sus críticas a la entidad

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) resolvió restringir el acceso y la permanencia del empresario en su sede y en los ámbitos institucionales, luego de considerar que incurrió en “conductas graves que incluyen difamación pública y hostilidad manifiesta” contra la entidad y sus autoridades, entre ellos el vicepresidente Jorge Berreta.

La medida fue adoptada mediante una resolución fechada el 2 de diciembre de 2025, ratificada por los socios el 3 de diciembre, y notificada formalmente el 18 de diciembre a través de una carta documento firmada por el presidente de AETAT, Daniel Orell y dirigida a Gómez Sansone, propietario de la firma Rayo Bus SRL, que explota la Línea 8.

El conflicto se inscribe en un contexto de fuerte tensión en el sector del transporte y que tiene como génesis la medida adoptada por el Gobierno provincial en octubre, cuando notificó a la empresa El Rayo Bus SRL, propiedad de Gómez Sansone, la caducidad de la concesión de la línea 131, que une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, tras 53 días de suspensión del servicio. La explotación del recorrido fue posteriormente transferida a La Nueva Fournier SRL, firma vinculada a Berreta.

A raíz de esa decisión oficial, Gómez Sansone realizó declaraciones públicas de alto voltaje, en las que cuestionó tanto al Gobierno provincial como al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y apuntó directamente contra Berreta (foto inferior junto al gobernador Osvaldo Jaldo y a dirigentes de UTA). “UTA hizo lo que hizo y finalmente Jorge Berreta se quedó con la línea. Le contesto con la realidad”, afirmó el empresario en declaraciones periodísticas, al tiempo que denunció presuntos intereses cruzados en la pérdida de la concesión.

En tanto, en los primeros días de noviembre, en medio del conflicto del transporte que paralizó por dos días la prestación del servicio de ómnibus urbanos en la capital, Gómez Sansone resolvió que la Línea 8, a su cargo continúe prestando servicio con normalidad. “Esto no es una decisión empresarial; es el gremio el que ha decidido suspender los servicios. Nosotros estamos trabajando porque creemos que el paro no es el camino. No se puede negociar con un revólver en la boca, esto es patoterismo sindical”, sostuvo al respecto en diálogo con la prensa.

El empresario calificó la medida de fuerza como “selectiva e ilegal” y afirmó que las actitudes del gremio “confirman la mafia que domina al sector”.

“No podemos seguir tolerando esto. Tenemos que aprender a hablar otro idioma, el del respeto y el diálogo”, insistió.

El titular de Rayo Bus también aseguró haber sido víctima de amenazas y campañas de difamación por parte de sectores sindicales y empresariales.

La dura sanción de AETAT

Desde AETAT, sin embargo, consideraron que esas expresiones, que en las últimas semanas se reiteraron a través de distintos medios, exceden el marco del disenso legítimo. En la carta documento, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso y fue enviada el 18 de diciembre, la entidad sostiene que la sanción se funda en “difamación pública y hostilidad manifiesta contra la institución y sus directivos, violatorias del deber de lealtad y buena fe”.

En ese marco, la resolución dispuso la “restricción de acceso y permanencia del Sr. Sergio Gómez Sansone (…) a la sede social y recintos institucionales”, con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento interno de la asociación empresaria.

Asimismo, AETAT notificó a las empresas Villa Gloria SRL, Empresa de Transporte San Pedro de Colalao SA y Rayo Bus SRL que deberán designar un nuevo apoderado o representante legal ante la entidad. El texto es explícito al señalar que “no se admitirá la representación en cabeza del Sr. Gómez Sansone por las causales de inconducta grave, difamación y hostilidad manifiesta contra la institución y sus autoridades”.

No obstante, la conducción de AETAT aclaró que la medida no implica la exclusión de las empresas del esquema asociativo, ni la pérdida de derechos económicos o políticos. En la notificación se remarca que la sanción “no afecta su calidad de socio, ni sus derechos políticos y económicos, los cuales permanecen plenamente vigentes”, aunque deberán ser ejercidos “por una persona física distinta al sancionado”.

Finalmente, la entidad empresaria intimó a regularizar la representación institucional a la mayor brevedad posible. “Solicitamos arbitrar los medios necesarios para designar un nuevo representante legal o apoderado ante A.E.T.A.T., a fin de asegurar su participación en los órganos deliberativos de la institución”, señala el documento.

La decisión de AETAT se produce mientras continúa el debate en el sector sobre el traspaso de la línea 131, el futuro laboral de los trabajadores y la creciente concentración de recorridos en manos de grupos empresarios vinculados a la conducción del transporte en Tucumán, un escenario que explica el trasfondo de las críticas públicas que derivaron en la sanción institucional.