Los gobernadores obtuvieron este jueves una victoria legislativa en medio de su pulseada con la Casa Rosada por los fondos de coparticipación. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad las iniciativas impulsadas por los mandatarios provinciales para que sean coparticipados los recursos recaudados por el cobro del impuesto a los combustibles y se establezca un nuevo mecanismo de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Los proyectos, que ahora pasará a Diputados, contaron con el apoyo de los tres senadores nacionales por Tucumán. La aliada del gobernador Osvaldo Jaldo, Beatriz Ávila (PJS), quien venía apoyando al Gobierno nacional desde su banca, este jueves votó a favor del proyecto impulsado por la oposición junto a los dos representantes tucumanos del kirchnerismo, Juan Manzur y Sandra Mendoza.
Con todos ellos estuvo reunido Jaldo el 9 de Julio durante los actos por el Día Independencia en Tucumán, donde comenzó a visualizarse el desenlace de la sesión de este jueves.
Al justificar su voto, Ávila recordó que vino acompañando a la Casa Rosada, pero que apoyó estos proyectos por considerar que los fondos son de las provincias.
“Quienes conducen el país tienen que manejar el arte de gobernar, y gobernar es diálogo, es consenso, es empatía, es escuchar lo que el otro reclama”, argumentó Ávila.
Las propuestas sobre la coparticipación fueron consensuadas por los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño para exigir al Gobierno del presidente Javier Milei la distribución equitativa de una masa de recursos que, según denunciaron, retiene de manera indebida a sus jurisdicciones para sostener el modelo de equilibrio fiscal.
Las iniciativas fueron votadas sobre tablas, ya que no tenían dictamen de comisión, en ambos casos por 56 votos a favor y el solitario rechazo de Luis Juez (Pro-Córdoba).
La sesión fue objetada por la Casa Rosada, que la denunció como inválida, ya que fue iniciada sin que mediara una convocatoria oficial por parte de la presidenta de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel. De hecho, el oficialismo abandonó el recinto luego de perder una discusión reglamentaria y se ausentó durante casi todo el debate.
Para evitar que estas propuestas, que ya cuentan con media sanción, pongan en riesgo el esquema de superávit fiscal en el que se sustenta el modelo económico, el Gobierno nacional espera frenar su sanción en Diputados.
En caso de que la Cámara Baja avale los proyectos y los convierta en ley, el presidente Milei ya avisó que los vetará y que, si el Congreso insiste, recurrirá a la Justicia.
El miembro informante de los proyectos fue el kirchnerista Fernando Salino (San Luis), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien se preocupó por destacar que las iniciativas “tienen que ver pura y exclusivamente con la distribución del impuesto” a los combustibles que tenían asignación específica para el mantenimiento de rutas nacionales. “Esto lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando ningún tributo”, agregó.
Esta iniciativa también elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y del Sistema Vial Integrado. Incluyen, además, los fondos Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda.
Al respecto, el radical Martín Lousteau (Capital) destacó que “en todos los casos, el Estado no está usando los recursos o le ha cedido a las provincias la responsabilidad de hacer esas obras específicas”.
Sobre estos recursos, el proyecto establece que “serán distribuidos de conformidad” con lo que establece la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que hace automático y periódico el giro de esos fondos con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El otro proyecto incorpora a la ley permanente de Presupuesto un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se repartan de “forma diaria y automática” al considerarlos como parte integrante “de la masa de fondos coparticipables”.
“Pareciera que estamos volviendo a un debate del siglo XIX: centralismo contra las autonomías provinciales. No hemos vivido un período de centralismo tan marcado como el que estamos viviendo hoy”, se quejó la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. “Lo que estamos pidiendo es que los recursos que ya existen se repartan de otra manera”, agregó.
Con información de La Nación