Mayor presupuesto para la jornada extendida con impacto en Tucumán pero recortes en infraestructura y capacitación docente

El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal 2026 exhibe un viraje marcado en las prioridades de la política educativa nacional, con un crecimiento sustancial destinado al Plan Nacional de Alfabetización (PNA). Este plan, que busca asegurar que los estudiantes adquieran habilidades básicas de lectura y escritura, consolida su rol en el segundo año de implementación con una participación creciente en el presupuesto de la Secretaría de Educación, alcanzando el 9,2% del total de la jurisdicción (3,1 puntos porcentuales más que en 2025), de acuerdo a un informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP - UBA CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal.

El sector de la Educación Obligatoria y Superior No Universitaria registra un incremento nominal del 50,4%, convirtiéndose en el segmento con mayor expansión real dentro de la función, proyectando un crecimiento de hasta el 32,1% si se considera la inflación estimada por el Proyecto de Ley de Presupuesto (PdL 2026).

La principal novedad y motor de este crecimiento se encuentra en la incorporación de una partida específica para la universalización de la jornada extendida dentro del PNA. Esta nueva asignación presupuestaria asciende a $477.057 millones, absorbiendo la mayor proporción del gasto presupuestado para el plan (82,1%). El monto representa un esfuerzo real de entre 51,9% y 57,2% para el PNA en su conjunto, respecto a 2025, evidenciando "un fuerte énfasis en ampliar la jornada escolar obligatoria".

Esta reorientación presupuestaria hacia la ampliación estructural del tiempo escolar se alinea con las acciones implementadas a nivel federal. En la provincia de Tucumán, por ejemplo, el Ministerio de Educación implementó, desde agosto pasado en el marco del PNA, el Proyecto de Extensión de la Jornada Escolar e Intensificación de la Enseñanza.

Dicha iniciativa provincial beneficia a más de 25.000 niños y niñas de nivel primario al ampliar la jornada escolar a siete horas de clases en 167 establecimientos. Esta medida cumple con la Ley de Educación Nacional N° 26 206, que establece que "las escuelas de educación primaria serán de jornada extendida o completa, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos del nivel".

La implementación de la jornada completa implica una nueva organización escolar que incluye el almuerzo en la escuela y la continuación del aprendizaje en la modalidad de talleres durante tres horas adicionales, enfocándose en el fortalecimiento de saberes básicos de oralidad, lectura, escritura y matemática. La Ministra de Educación, Susana Montaldo, reconoció que este desafío es profundo, al reflexionar que: “La extensión de la jornada escolar nos invita a repensar la escuela, incluso en términos edilicios, y a afrontar este desafío que requiere del esfuerzo y compromiso de toda la comunidad”. No se puede soslayar que la infraestructura representa una de las limitaciones para incorporar la jornada completa.

Aplicación en la Provincia

De esta manera, el Plan Jurisdiccional de Alfabetización prevé su implementación a partir de dos modalidades: “Extensión de la Jornada Escolar e Intensificación de la Enseñanza” y “Extensión de Jornada Focalizada con Agrupamientos Flexibles”. Ambos proyectos tienen el mismo propósito, pero se diferencian en la operatividad, debido a las limitaciones de infraestructura escolar. Además de las 167 escuelas de jornada completa, hay 20 escuelas más con una selección de alumnos que necesitan apoyo escolar. En ellos se focalizan los esfuerzos pedagógicos, y se les ofrece actividades motivadoras en espacios especialmente destinados para ello. Estas tareas están centradas en las cuatro áreas básicas de Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, en el marco de la realización de talleres de actividades artísticas, deportivas y culturales, sobre todo, para asegurar que los chicos logren una buena oralidad, mejores competencias en escritura y lectura comprensiva, explicó la ministra.

En cuanto a la cobertura de cargos para la extensión de la jornada escolar, Montaldo resaltó: “primero se ofrece a los propios docentes de cada escuela, para darles la oportunidad de acrecentar su carga horaria, con el pago correspondiente por ese trabajo, y si quedan horas pendientes que los docentes de esa escuela no pueden o no quieren tomar por distintas razones, se ofrecerán a través de la Junta de Clasificación”.

La nueva configuración presupuestaria del PNA para 2026 contrasta con la marcada caída (-96,9%) de las acciones complementarias PROMA y una reducción del 25,2% en la Formación docente orientada a la alfabetización, mientras que líneas como Materiales Educativos (7,8% de aumento nominal) y el Fondo Red de Alfabetización (44,7% de aumento nominal) mantienen o moderan su crecimiento.

“Luego del financiamiento universitario, el segundo programa en importancia de la Secretaría de Educación será el Plan Nacional de Alfabetización, que se concentrará en actividades tendientes a extender la jornada escolar, pero sin atender la capacitación docente. Por otro lado, la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI para amplios sectores sociales”, sostiene Jorge Lo Cascio, economista y docente.

Educación Universitaria: Concentración y crecimiento mínimo

Pese al impulso a la educación obligatoria, el programa de Desarrollo de la Educación Superior (Educación Universitaria) continúa siendo el programa con mayor participación en el gasto de la Secretaría de Educación, concentrando el 77,0% del presupuesto en 2026.

Sin embargo, en términos de variación real, el incremento es marginal. El presupuesto universitario exhibe un aumento nominal del 14,8%, pero su variación real es de apenas 0,8% según la inflación proyectada por el PdL 2026. De hecho, si se toma como referencia la proyección de inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, el segmento universitario registraría una caída real del 2,5%.

Como se detalla en el análisis presupuestario: “En cambio, la Educación Universitaria exhibe un aumento nominal más moderado (14,8%), que se traduce en una variación real del 0,8% con el PdL y en una caída del 2,5% cuando se lo compara con la inflación proyectada en el REM para 2026”.

Otros programas importantes, como la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, también muestran un aumento nominal del 28,8%, incrementando levemente su participación al 5,8%.

En el panorama general, el Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 prevé que la participación de la función Educación y Cultura en el PIB nacional sea del 0,75%, un valor que mantiene la tendencia descendente observada desde el pico de 1,59% alcanzado en 2015.

La función Educación y Cultura en su totalidad prevé un aumento nominal del 23,0% respecto a 2025, lo que la ubica como la quinta función con mayor incremento positivo dentro del presupuesto nacional. Este aumento nominal se traduciría en un crecimiento real de 8,0% (según el PdL) o 4,4% (según el REM). No obstante, la Secretaría de Educación (como sub-jurisdicción del Ministerio de Capital Humano) presenta una variación nominal del 17,9%, lo que implica un crecimiento real más acotado (3,6% con la inflación del PdL o un mínimo 0,1% con la inflación del REM).

En la desagregación programática, se destacan otros movimientos:

• Fondo de compensación salarial docente: Registra un aumento nominal del 428,4%.

• Información y Evaluación de la Calidad Educativa: Muestra un incremento nominal del 83,4%.

• Programas eliminados: El presupuesto 2026 muestra la eliminación (reducción del -100,0%) de programas como Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, Mejoramiento de la Calidad Educativa y Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas.

Finalmente, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 busca la derogación expresa del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, eliminando así la exigencia legal de destinar un mínimo del 6% del PIB a la educación.