SALUD PÚBLICA
Gobierno refuerza presupuesto para hospitales tras suspender la Ley de Emergencia Pediátrica
La administración nacional reasignó partidas presupuestarias para hospitales de alta complejidad, salud mental y residentes, en medio de la emergencia sanitaria aprobada por el Congreso. La decisión llega semanas después de que el Ejecutivo promulgara y luego suspendiera la norma, ahora judicializada.
Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional dispuso un aumento del presupuesto destinado a hospitales especializados y a los residentes de salud pediátrica, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Congreso para el sector. La medida quedó oficializada mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La disposición modifica partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025, redireccionando recursos hacia hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce y El Calafate, así como hacia otras instituciones, entre ellas el Hospital de Cuenca Alta y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
El refuerzo presupuestario también abarca a hospitales nacionales especializados en salud mental, adicciones y rehabilitación, además de contemplar a los residentes nacionales del sistema de salud.
El incremento de fondos se financiará mediante una reducción en la partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el objetivo de priorizar las necesidades del sistema de salud pediátrico y garantizar la recomposición salarial del personal asistencial y no asistencial.
Según se informó, la decisión busca asegurar la atención en hospitales clave y sostener la recomposición salarial en el sector, en línea con lo previsto en la normativa de emergencia sanitaria para la salud pediátrica y las residencias nacionales.
La medida fue anunciada semanas después de que el presidente Javier Milei promulgara pero luego suspendiera la Ley de Emergencia Pediátrica. Esa norma había sido aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y, finalmente, ratificada al insistir el Parlamento con los dos tercios de ambas cámaras.
Sin embargo, al momento de implementar su contenido, el Gobierno resolvió suspenderla, y actualmente la Justicia analiza diversos reclamos que buscan obligar a su aplicación.
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