La oposición pide declarar la "emergencia industrial" en Tucumán

Un proyecto de ley, impulsado por legisladores de la oposición, ingresó a la Cámara tucumana, buscando declarar la emergencia para la actividad industrial de la provincia hasta el día 31 de diciembre de este año. La iniciativa, que lleva las firmas de Ricardo Bussi, Eduardo Verón Guerra, José Seleme, Silvia Elías de Pérez, Manuel Courel, Claudio Viña, Alfredo Toscano, Raquel Nievas y José Cano, propone un paquete de beneficios fiscales para un sector clave de la economía local.

El corazón de la propuesta radica en la creación de un "certificado de crédito fiscal de hasta un 30% del impuesto a ingresos brutos provincial, impuesto a los sellos y salud pública" para las empresas comprendidas en esta emergencia. El nivel del beneficio fiscal estará directamente relacionado con la nómina de empleados de cada compañía:

• Las empresas con cien (100) o más empleados podrán acceder a un crédito fiscal del 30%.

• Aquellas con cincuenta (50) o más empleados y menos de cien (100) se beneficiarán con un 20%.

• Finalmente, las empresas con quince (15) o más empleados y menos de cincuenta (50) recibirán un 10%.

Este régimen se aplicará al ejercicio fiscal 2025 y se caracterizará por ser intransferible, inajenable, y de aplicación exclusiva durante la vigencia de la emergencia. Para acceder a estos beneficios, todas las empresas de la actividad deberán presentar su nómina de empleados. La autoridad de aplicación de esta ley, en caso de ser sancionada, será el Ministerio de Economía y Producción de la provincia.

Profunda crisis

El proyecto de ley se presenta como "una respuesta directa a la profunda crisis que atraviesa el sector empresarial en nuestra provincia", luego de la trascendencia que adquieran los preocupantes casos de Scania, Topper y Papelera Tucumán, que afrontan suspensión de actividades y cesantías de trabajadores. Sus fundamentos detallan un escenario complejo que ha llevado a la industria tucumana a una situación crítica. Los legisladores sostienen que la iniciativa tiene como "objetivo principal establecer un marco de equidad para todas las empresas tucumanas, equiparándolas con aquellas que ya se benefician de leyes especiales".

Entre los desafíos más urgentes que enfrenta la industria, se enumeran: "una marcada caída del consumo, el ingreso masivo de importaciones, dificultades para acceder a crédito, una elevada presión fiscal y una competencia externa desleal".

Todos estos puntos, según el texto, "fueron señalados y manifestados por la Unión Industrial de Tucumán ante el Ministro de Economía, Daniel Abad.

La importancia de la actividad industrial es resaltada en el proyecto, que la describe como "un pilar fundamental para muchas familias tucumanas". Enfatizan que "proteger estas fuentes de empleo es asegurar la estabilidad y seguridad económica de miles de hogares en nuestra provincia".

Igualar condiciones

La propuesta busca "una reducción de la presión tributaria para las empresas afectadas", con la meta de "igualar las condiciones con aquellas que ya han recibido apoyo provincial a través de leyes específicas de fomento a la inversión". En este sentido, los parlamentarios argumentan que las empresas que se busca beneficiar son "aquellas que han invertido y crecido en Tucumán durante años, generando miles de puestos de trabajo". Por ello, consideran que "merecen el mismo tratamiento que las empresas que recientemente deciden expandir o establecer sus operaciones en la provincia".

Finalmente, el proyecto hace referencia a declaraciones de Abad, quien destacó que "el presupuesto provincial ya contempla una partida de $35.000 millones destinada a beneficios fiscales", sugiriendo que la provincia ya cuenta con los recursos para este tipo de iniciativas.