Fuerte respaldo político y rural a una nueva Ley de Biocombustibles: "Multiplica oportunidades, no costos"

El proyecto de ley para modificar el marco regulatorio de los biocombustibles, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo y la Liga de Provincias Bioenergéticas (entre las que se encuentra Tucumán), recibió un sólido respaldo de gobernadores, senadores y el sector rural, al destacar su potencial para generar empleo, agregar valor a la producción primaria y promover un modelo más federal y sustentable. Sin embargo, el debate en el plenario de comisiones del Senado, en la jornada del miércoles, mostró profundas divisiones entre los actores involucrados, lo que derivó en un cuarto intermedio de 15 días para buscar un consenso que permita avanzar en la legislación.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a su par de Jujuy, Carlos Sadir, asistieron al Senado para apoyar la iniciativa. “Desde nuestra provincia apoyamos con firmeza esta iniciativa parlamentaria que propone elevar los cortes de biocombustibles en los combustibles tradicionales, con el objetivo de agregar valor a la producción primaria y promover la generación de empleo en las provincias”, expresó Llaryora. Agradeció también el compromiso de los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Víctor Zimmermann (Chaco) y Flavio Fama (Catamarca), y subrayó: “Elevar los cortes significa transformar la materia prima en trabajo y desarrollo para nuestras economías regionales. Argentina necesita una ley más federal, productiva y sostenible, que impulse la industria y fortalezca el interior del país”.

Por su parte, el Mandatario jujeño indicó la necesidad "que el proyecto obtenga dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para poder ser debatida en el recinto. Esta es una oportunidad concreta para fortalecer las economías regionales, cuidar el ambiente y darle previsibilidad a un sector estratégico para el país".

Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), parte de la Mesa de Enlace, también expresó un contundente respaldo al proyecto. “Como representante de las cooperativas agropecuarias argentinas, apoyamos la sanción de una nueva Ley para agregar valor, generar empleo y potenciar las economías regionales”, afirmó la entidad presidida por Lucas Magnano. Según CONINAGRO, la norma es “moderna, federal y sustentable” y “promueve la producción nacional sin pedir subsidios ni beneficios fiscales”. Además, destacó que “los biocombustibles son federalismo en acción” porque “transforman maíz y caña de azúcar en energía, desarrollo local y trabajo argentino”. La entidad resaltó el caso de ACA BIO, la mayor planta de bioetanol del país, ubicada en Villa María (Córdoba), que demandó una inversión cooperativa de más de U$S 230 millones.

El miércoles, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado debatieron los proyectos de la Liga Bioenergética, de la senadora Vigo (Unidad Federal) y de la tucumana Beatriz Ávila (Por la Justicia Social). A pesar del apoyo de sectores agroindustriales, no se logró consenso para emitir un dictamen, debido a la oposición de la industria hidrocarburífera, automotriz y de algunas pymes de biodiesel. La sesión pasó a un cuarto intermedio de 15 días, demorando una legislación clave para el sector energético y agroindustrial.

CONINAGRO enfatizó los beneficios económicos de la propuesta, señalando que “el Gobierno podría ahorrar hasta U$S 150 millones en la balanza comercial anual, debido a la sustitución de las importaciones que se hacen actualmente para cubrir la demanda interna de combustibles fósiles”. La entidad destacó que “es una ley que multiplica oportunidades, no costos” y que “el sector de los biocombustibles no busca privilegios, sino reglas claras y previsibilidad para seguir invirtiendo, innovando y generando empleo en el interior del país”. También subrayó la integración de las petroleras en la transición energética, afirmando que la ley “construye una estrategia común hacia un futuro más limpio y sustentable” y que “los biocombustibles son política de Estado”.

Horacio Veller (subsecretario de Combustibles Líquidos), Flavio Fama (presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles) y Ezequiel Atauche (titular de Presupuesto y Hacienda).

Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), durante el plenario, defendió el proyecto de la Liga, destacando su impacto en la sustitución de importaciones: “En lo que va de 2025, el bioetanol evitó importaciones de nafta por 400 millones de dólares”. Sobre el aumento del corte de bioetanol del 12% al 15%, refutó críticas técnicas: “No es verdad que no haya países con el 15%, Estados Unidos tiene el 15% y California es el último estado en hace un mes en normalizar ese porcentaje que no produce ningún problema en los autos. No soy un técnico mecánico pero me remito a que este año 3 millones de argentinos veranearon en Brasil y sus autos cargaron 27% de corte en la nafta y que yo sepa no hubo ninguna hecatombe vehicular en el tránsito a Brasil”. Feijóo también propuso un mecanismo para evitar el impacto fiscal: “Hemos entregado el año pasado, en noviembre, a la Secretaría de Energía un procedimiento administrativo para que, por una simple resolución de la ARCA se distribuya en la porción fósil que queda en la mezcla el impuesto que por litro perciben, de manera tal que los aumentos de corte previstos en este proyecto de ley se hacen sin impacto fiscal, sin impacto en el precio al consumidor y sin impacto para las petroleras”.

Por el contrario, el sector hidrocarburífero, representado por Daniel Ciaffone de la Cámara Argentina de la Energía, rechazó el proyecto, argumentando que el sistema actual es “completamente discrecional” y ha costado “16.000 millones de dólares para el fisco, industria y consumidores”. Ciaffone propuso un mercado libre, eliminando restricciones a la inversión de la industria de hidrocarburos en biocombustibles. La industria automotriz, a través de Fernando Rodríguez Canedo de ADEFA, también se opuso, alertando que los cortes propuestos (15% o 18%) “no existen en ningún lugar del mundo” y pondrían en riesgo el 60% de la producción exportable. “La Unión Europea tardó 11 años en pasar de E5 a E10”, señaló, destacando la necesidad de un plazo de adaptación de 3 a 5 años.

El subsecretario de Combustibles Líquidos, Horacio Veller, reconoció que “la ley actual está completamente agotada” pero advirtió que los proyectos en discusión generarían un impacto fiscal de hasta 55 millones de dólares por cada 1% de aumento en el corte de biodiesel y 9 millones para el bioetanol, además de un aumento de hasta 10% en el precio del surtidor. El Ejecutivo propuso una transición gradual a partir de 2027, con incrementos de corte al 15% para bioetanol y 10% para biodiesel, y un mercado libre desde 2032.

Federico Martelli, de las pymes elaboradoras de biodiesel, expresó su rechazo al proyecto de la Liga, argumentando que favorece la concentración productiva en Santa Fe: “De aprobarse esta ley, 1.028.000 toneladas van a pasar a producirse en la provincia de Santa Fe y solo 211.000 toneladas van a quedar para Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis”. Martelli alertó que la norma viola la seguridad jurídica y condena a la quiebra a las pymes.

La senadora Vigo abogó por un dictamen común que incorpore ajustes en los cortes y plazos, mientras que el senador Ezequiel Atauche (LLA) propuso trabajar en una propuesta unificada que incluya al Ejecutivo y a los sectores involucrados. En este contexto, CONINAGRO resaltó que “los biocombustibles son política de Estado" y reafirmó su compromiso "con un modelo productivo que agrega valor, reduce emisiones y fortalece al interior del país”. La próxima reunión, en dos semanas, será clave para definir el futuro de esta legislación.