Frente a la reforma nacional de biocombustibles, proponen una mesa de expertos para proteger la industria local

En medio de una profunda reconfiguración del mercado energético nacional, se presentó en la Legislatura tucumana un proyecto para proteger la principal agroindustria de la región. La iniciativa, elevada por José Cano (Radicalismo Federal), propone la creación de una “Comisión Especial de Defensa de la Industria Azucarera y de Bioetanol”, diseñada para que la provincia tenga una voz técnica y política unificada frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Este proyecto surge en un momento crítico de la discusión parlamentaria federal, donde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) introdujo en el Senado un nuevo régimen de biocombustibles que pretende derogar la ley actual y establecer un esquema de libre competencia y mercados electrónicos. Ante este panorama, el planteo de Cano busca que Tucumán no sea un mero espectador, sino un actor con capacidad de propuesta y seguimiento para salvaguardar los miles de empleos y la estabilidad económica del sector sucroalcoholero.

El proyecto del referente radical estipula que esta Comisión Especial “incluirá a toda la cadena productiva y de comercialización del Sector Sucroalcoholero - Bioetanol”. La integración propuesta es sumamente amplia y representativa, abarcando desde asociaciones de productores cañeros e industriales azucareros hasta entidades gremiales y técnicas.

Según el articulado, el cuerpo estará integrado por la Unión Industrial de Tucumán, la FOTIA, la FEIA, el Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), la Federación Económica (FET) y la Unión de Cañeros Independientes (UCIT). A ellos se sumarán el presidente del Centro Azucarero Argentino, representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial, y técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Estación Experimental Obispo Colombres.

Esta movilización local se da en paralelo al proyecto de La Libertad Avanza, firmado por Patricia Bullrich y otros legisladores, que propone “elevar el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta el 15%” y crear un “mercado electrónico único, transparente y de acceso público” para fijar precios y volúmenes de manera libre. Para Tucumán, este cambio de reglas es vital, ya que la iniciativa nacional mantiene un “6% de bioetanol producido a partir de caña de azúcar” pero abre el resto del cupo a la competencia sin restricciones de materia prima.

Objetivos estratégicos y monitoreo permanente

La Comisión tendrá funciones que van más allá del diagnóstico. El proyecto establece que deberá constituirse en un plazo de diez días y su misión principal será “proponer medidas alternativas a los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional”, además de “dar seguimiento a todos los proyectos relacionados con esa actividad, elaborando y remitiendo informes trimestrales del avance y evolución de los mismos”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Producción de la provincia.

Cano fundamenta la urgencia de esta medida en la magnitud del sector, puesto que el "Sucroalcoholero - Bioetanol es la principal agroindustria del Noroeste Argentino, genera empleos de manera directa a 57.000 personas y más de 140.000 empleos indirectos”. Solo en Tucumán hay 290.000 hectáreas plantadas con caña y funcionan 14 ingenios.

El legislador resalta que el bioetanol es una pieza clave para la soberanía energética y la lucha contra el cambio climático, ya que “tiene un 74% menos de emisiones que la nafta”. En sus fundamentos, Cano propone una estrategia de largo plazo que coincida con los estándares de la región: “Se puede trazar una estrategia de Convergencia Técnica con el Mercosur; llevar el contenido mandatorio de bioetanol de producción nacional a un rango de entre 18% y 27%, con mecanismos de competencia abierta”.

La iniciativa local busca así preparar a Tucumán para el debate que se avecina en el Congreso, donde el proyecto de LLA también impulsa la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y la circulación de vehículos flex fuel. Al formalizar esta Comisión Especial, la provincia intenta asegurar que la transición hacia un mercado más desregulado no erosione los cimientos de su economía regional, sino que potencie las capacidades de un sector que, según el proyecto de Cano, evitó importaciones de naftas por “USD 1.624 millones” en los últimos seis años solo por el aporte del alcohol de caña.