“Hay un proceso sistemático de extorsión hacia los trabajadores”, advierten desde INTA Famaillá

La situación de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un momento de fuerte tensión en Tucumán y en todo el país. Así lo advirtió Fernanda Farías, secretaria general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) Famaillá y secretaria de Acción Social nacional del gremio, quien cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y alertó sobre cierres de agencias, falta de presupuesto y presiones para que los empleados acepten retiros voluntarios.

En diálogo con Tendencia de Noticias Farías explicó que en los últimos dos años se produjo el cierre de tres agencias vinculadas al INTA Famaillá: la de Capital, la de Amaicha del Valle y otra que funcionaba dentro de la experimental tucumana. Según detalló, los trabajadores fueron redistribuidos hacia otras dependencias para evitar despidos directos. “Todo este desarme que está haciendo el Gobierno afecta a profesionales, técnicos y personal de apoyo que trabaja en todo el país”, afirmó.

La dirigente gremial también se refirió al plan de retiros voluntarios impulsado a nivel nacional, vigente hasta el 31 de mayo, y aseguró que desde APINTA rechazan esa medida. “El Gobierno le exige al INTA que se retiren 1.500 personas en toda la Argentina”, sostuvo Farías, quien consideró que el mecanismo funciona como “un despido encubierto”. En ese sentido, aseguró que existe “un proceso sistemático de extorsión” que comienza con el ofrecimiento del retiro voluntario, continúa con el pase a disponibilidad y podría terminar en despidos.

En Tucumán, según indicó, todavía no hubo cesantías, aunque reconoció que algunos trabajadores se acogieron al retiro en 2024. La sindicalista explicó que muchos profesionales jóvenes rechazan esa alternativa porque perderían beneficios jubilatorios específicos del organismo. “Un profesional hoy no puede aceptar fácilmente el retiro porque pierde el 82% móvil y termina jubilándose con la mínima”, remarcó.

Falta de presupuesto y proyectos frenados

Farías aseguró que el ajuste también impacta directamente en el funcionamiento cotidiano del organismo. Señaló que actualmente existen dificultades para financiar proyectos, comprar insumos de laboratorio, cargar combustible y realizar recorridos técnicos o asesoramientos a productores. “No hay dinero para ejecutar actividades ya pactadas”, sostuvo, y agregó que eso genera “un ambiente de mucha preocupación e incertidumbre” entre los trabajadores.

La referente sindical advirtió además que la falta de recursos termina afectando las evaluaciones internas del personal. Explicó que muchos investigadores no pueden asistir a congresos ni publicar trabajos científicos porque no cuentan con fondos suficientes. “Después te exigen resultados, papers y publicaciones, pero no tenés cómo producirlos”, cuestionó. Y agregó: “De a poco te van cerrando las puertas y después te dicen que no sos necesario”.

Reclamos salariales y estado de alerta

Actualmente, el INTA Tucumán cuenta con alrededor de 170 trabajadores entre profesionales, técnicos y personal administrativo. Farías aseguró que los salarios también forman parte del conflicto y sostuvo que muchos empleados evalúan dejar el organismo por razones económicas. “Los sueldos del INTA también te obligan a renunciar porque no alcanzan”, afirmó. Según precisó, un profesional que ingresa con doctorado percibe entre $1,2 y $1,3 millones mensuales.

Desde APINTA confirmaron que el gremio permanece en estado de alerta y movilización desde 2023. En ese marco, realizan asambleas, acciones de visibilización y difusión del conflicto en medios de comunicación y redes sociales. “Tratamos de mostrar nuestro descontento permanentemente”, señaló Farías, quien insistió en que el ajuste sobre el organismo pone en riesgo el trabajo de investigación, extensión y asistencia técnica que el INTA desarrolla en distintas regiones productivas del país.