Surgen nuevas dudas sobre el fin que tenían los alimentos del Estado

La investigación sobre el destino de varios kilos de alimentos que pertenecen en ministerio de Desarrollo Social y que fueron hallados acopiados en una casa de barrio Manantial Sur sigue avanzando. La causa quedó en manos de la fiscal Mariana Rivadeneira que comenzó a analizar las pruebas que le presentó la Policía y a corroborar los datos documentados que el propio ministro Federico Masso le entregó. Así surgieron a la vista por lo menos dos irregularidades.

Todo comenzó el martes a la madrugada, cuando efectivos de la seccional 15 allanaron por una denuncia de violencia de género la casa de un hombre de 39 años. El individuo terminó detenido por ese hecho, sin embargo lo más llamativo que encontraron en el domicilio los policías fue un cargamento de mercadería etiquetada con los logos de la provincia y la advertencia de "prohibida su venta". Según precisaron horas más tarde, se trataba de: 66 fardos de puré de tomate, 41 fardos de aceite, 90 fardos de arroz, 117 fardos de yerba mate, 63 fardos de fideos, 122 fardos de harina, 101 fardos de lenteja, 79 fardos de azúcar y cuatro fardos de cajas de leche en polvo. Así la Policía secuestró la mercadería y abrió una investigación de oficio.

Dos pruebas clave

La primera prueba que la fiscal tiene para sostener una acusación contra el sospechoso es que en el lugar se secuestró un cuaderno con anotaciones en el que se señalan direcciones de comercios y que podrían evidenciar que los productos iban a ser comercializados ilegalmente.

La segunda prueba surgió gracias a los informes presentados por el ministerio. Si bien es cierto que Masso, titular de la cartera, había informado en conferencia de prensa que el detenido es hijo de un hombre que está habilitado a retirar alimentos en nombre de una asociación civil de existencia probada, ese lote de productos figuraba que estaba destinado a comedores de Villa 9 de Julio, en el norte de la capital, y fue en la otra punta de la ciudad donde se los halló, de manera casual y tras una denuncia de índole privada.

Además, si bien es cierto que esa gran cantidad de alimentos deben acopiarse en algún domicilio para racionarse y distribuirse, el ministerio también documenta las direcciones en las que deben almacenarse, por lo que el acusado mínimamente deberá explicar por qué ocurrió esta irregularidad.