
En el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvieron un encuentro político de alto voltaje en el que fijaron una posición común frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
Si bien ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación laboral y reducir los costos de la litigiosidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, dejaron en claro que no acompañarán iniciativas que impliquen un retroceso en derechos adquiridos ni aquellas que impacten negativamente en las finanzas provinciales.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos que genera mayor preocupación es la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la propuesta oficial. De acuerdo con estimaciones técnicas, esta medida podría provocar una merma superior a los $3,1 billones en la masa coparticipable, afectando de manera directa los presupuestos de las provincias.
“Hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables”, fue el mensaje que dejaron trascender desde ambos equipos, al sugerir que una eventual reforma tributaria debería avanzar sobre impuestos de carácter nacional, como las retenciones o el impuesto al cheque, y no sobre recursos que se distribuyen entre las jurisdicciones.
En ese marco, Llaryora subrayó la necesidad de incorporar las nuevas modalidades de trabajo vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, aunque aclaró que los legisladores cordobeses analizarán el proyecto oficial “punto por punto”, teniendo en cuenta las diferencias que existen incluso dentro de su propio espacio político.
Pullaro, en tanto, reivindicó el modelo productivo del interior del país frente al centralismo porteño y remarcó el valor del trabajo como eje del desarrollo. “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, sostuvo, marcando distancia con la lógica asistencial.
El encuentro también sirvió para ratificar la defensa de los festivales populares y la industria cultural como motores de empleo y dinamización económica en las economías regionales, en una sutil pero clara diferenciación con la mirada fiscalizadora que promueve el Gobierno nacional sobre este tipo de eventos.