
“Las instituciones no son de nadie, son del pueblo tucumano y quienes tenemos responsabilidades públicas estamos de paso”. Con esa definición, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó este viernes la decisión de renovar las autoridades de la Caja Popular de Ahorros, tras más de una década de conducción del mismo equipo, y oficializó la designación de Guillermo Norry como nuevo interventor y de Antonio Bustamante como subinterventor.
El recambio implica la salida de José Díaz y Darío Amatti, quienes se encontraban al frente de la entidad desde 2018 y responden políticamente al diputado nacional y dirigente del gremio bancario Carlos Cisneros.
El movimiento removió el avispero en el ámbito político provincial, ya que Norry (exinterventor del municipio de Juan Bautista Alberdi) y Bustamante (expresidente del Colegio de Abogados de Tucumán) mantienen una relación de cercanía con el ministro del Interior, Darío Monteros, lo que dio lugar a diversas lecturas dentro del oficialismo. A su vez, la desvinculación de Díaz y Amatti tomó por sorpresa al entorno del diputado Cisneros, que ve debilitado su poder en el frente interno.
En conferencia de prensa, Jaldo buscó despejar cualquier interpretación vinculada a internas partidarias y remarcó que la decisión se enmarca exclusivamente en el ejercicio de sus atribuciones institucionales. “Quienes tenemos la responsabilidad que nos dio la voluntad popular estamos tomando decisiones institucionales todos los días y a cada minuto. Para ejecutar las políticas que fijamos desde el Poder Ejecutivo necesitamos equipos, hombres y mujeres que nos acompañen”, sostuvo.
El mandatario provincial puso en valor el rol estratégico de la Caja Popular de Ahorros, institución autárquica creada en 1915 por el doctor Ernesto Padilla, y recordó que su conducción es una responsabilidad directa del gobernador. “Los tucumanos tenemos la suerte de contar con una institución financiera que es de todos y que depende del Gobierno de la Provincia. Y esa responsabilidad absoluta recae en el gobernador”, afirmó.
En ese marco, explicó que el recambio responde a una evaluación de etapas cumplidas. “Hay áreas que cumplen ciclos. Eso no significa desconocer el trabajo realizado, pero como gobernador uno tiene que ir tomando decisiones permanentemente”, señaló, antes de confirmar el reemplazo de las autoridades.
Jaldo destacó el perfil técnico de los nuevos interventores y subrayó que no se trata de una designación política. “Hemos elegido dos técnicos para conducir la Caja Popular de Ahorros, porque administrar una institución de estas características es una responsabilidad muy grande”, afirmó. Y añadió: “Si hubiese querido usar la Caja políticamente, hubiese puesto dirigentes políticos. No lo hice. Al contrario, descarté esa posibilidad”.

El juego, la clave
El gobernador detalló la complejidad de la entidad, que no solo cumple un rol financiero y crediticio, sino que además sostiene al sistema provincial de salud, acompaña a organizaciones intermedias y administra el juego legal. “No es menor administrar el juego legal y combatir el juego clandestino. Es una tarea muy compleja y de enorme responsabilidad”, remarcó.
En ese contexto, llevó tranquilidad a los trabajadores de la Caja Popular y garantizó continuidad institucional. “Las instrucciones son claras: consolidar todo lo bueno que se ha venido haciendo y corregir aquello que haya que mejorar o profundizar. Vamos a trabajar con el personal de carrera, con gente que tiene muchos años de experiencia dentro de la institución”, aseguró, aunque aclaró que “no nos va a temblar el pulso en tomar decisiones cuando alguien no funcione”.
Consultado sobre las versiones de una supuesta rencilla política con el diputado Carlos Cisneros, Jaldo fue enfático al negar cualquier conflicto de ese tipo. “Esto no tiene nada que ver con internas ni con rencillas políticas. Las instituciones no son de nadie. Es como decir que la gobernación es mía. Todos pasamos por los cargos y luego nos reemplazan”, expresó.
También diferenció con claridad los planos institucional y gremial. “La política institucional no tiene nada que ver con la política gremial. Cada uno tiene su rol y hay que respetarlo”, sostuvo, al tiempo que reconoció el papel histórico de la Asociación Bancaria en la defensa de los trabajadores del sector.
En relación a una eventual normalización de la Caja Popular de Ahorros, el gobernador se mostró abierto a avanzar en ese camino, aunque con cautela. “Coincido en que hay que ir hacia una normalización, pero hay temas pendientes que deben resolverse. Hay que evaluar el momento, la situación económica y la convivencia institucional”, explicó.
Finalmente, Jaldo reiteró que la decisión adoptada no apunta contra personas ni sectores, sino al fortalecimiento de la institución. “Esto no va en contra de nadie, va a favor de los tucumanos, que son los verdaderos dueños de la Caja Popular de Ahorros”, concluyó.