Prohibición de bolsas plásticas: la industria advierte impacto laboral y cuestiona la política de prohibición

A una semana de la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 5361, que prohíbe el uso de envases plásticos de “segundo grado” en los comercios de San Miguel de Tucumán, continúan las repercusiones y posicionamientos desde distintos sectores vinculados a la actividad industrial. La norma, sancionada por el Concejo Deliberante en julio de 2024, comenzará a aplicarse desde el jueves y alcanza a supermercados, shoppings y comercios en general dentro del ejido municipal.

En ese contexto, Norma Carbajal, referente de Plásticos La Rioja de Atiles S.A. y vocal de la Unión Industrial de Tucumán, cuestionó el enfoque de la ordenanza y sostuvo que “lo más fácil para los municipios es prohibir”, al tiempo que planteó la necesidad de políticas de educación ambiental y reciclado. “Al ciudadano hay que enseñarle a usar la bolsa. Desde la escuela, desde las casas. Y sobre todo, crear políticas de reciclado”, afirmó.

Carbajal remarcó que, a su entender, el problema no radica en el material en sí, sino en la gestión de los residuos. “El polietileno no es el que daña el medio ambiente. El que daña el medio ambiente somos nosotros, que lo dejamos tirado en cualquier lado”, señaló, y apuntó a la falta de políticas públicas sostenidas de recolección diferenciada y separación de residuos en la capital tucumana. En ese sentido, mencionó como ejemplo el sistema de reciclado implementado en Tafí Viejo y se preguntó por qué no se replica una experiencia similar en San Miguel de Tucumán.

La empresaria advirtió además sobre el impacto que la prohibición puede tener en el entramado productivo local. “Esto pone en riesgo a todas las industrias del sector en Tucumán, sobre todo a las industrias chicas”, expresó, y agregó que también se verán afectados revendedores y pequeños emprendedores que comercializan bolsas a comercios barriales. “Se generan muchísimas fuentes de trabajo alrededor de esta actividad”, sostuvo, al detallar que su empresa emplea a unas 150 personas de manera directa, además de los puestos indirectos.

Respecto a las alternativas habilitadas por la ordenanza, Carbajal explicó que la industria local fabrica bolsas oxibiodegradables, aunque aclaró que no representan una solución definitiva. “Es un aditivo que se le pone a la materia prima, pero no es la solución total”, indicó, y señaló que estas bolsas tienen un costo mayor, de alrededor del 10%, lo que podría trasladarse al consumidor final.

También cuestionó la falta de participación del sector industrial en el proceso de elaboración de la normativa. “El municipio jamás nos invitó a una reunión”, afirmó, y explicó que los contactos que existieron fueron impulsados por los propios industriales, sin que se hayan traducido en cambios concretos.

La ordenanza, cuya reglamentación aguarda la firma de la intendenta Rossana Chahla, prohíbe la entrega de envases de segundo grado fabricados total o parcialmente con polietileno o polipropileno, y habilita únicamente alternativas consideradas sustentables, como envases compostables o biodegradables certificados, reutilizables de tela, papel o cartón, o aquellos con al menos un 50% de material reciclado posconsumo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación.

Desde el municipio, la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, explicó que el objetivo es evitar “soluciones aparentes” y reducir el impacto ambiental a largo plazo, con controles y campañas de concientización. En contraposición, Carbajal insistió en que la clave está en la reutilización y el reciclado. “La tendencia es reutilizar. Cuando la bolsa ya no sirve más, ahí tienen que estar los organismos adecuados para procesarla y convertirla en otro producto”, concluyó.

Mientras se ultiman los detalles reglamentarios y se inicia la etapa de difusión, la entrada en vigencia de la ordenanza abre un escenario de debate entre los objetivos ambientales del municipio y las advertencias del sector industrial sobre su impacto económico y laboral.