ECOS DEL PRESUPUESTO 2026
Con el apoyo de las tucumanas Ávila y Mendoza, el Gobierno avanzó en un recorte "histórico" al sistema educativo y científico
El Senado de la Nación convirtió en ley la hoja de ruta económica de Javier Milei, la cual deroga las garantías de financiamiento para escuelas técnicas, universidades y ciencia. Mientras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza acompañaron el ajuste, Juan Manzur votó en contra junto al bloque kirchnerista.
La sanción definitiva de la Ley de Presupuesto 2026 en el Senado marcó un punto de inflexión para el sistema público argentino, al oficializar un esquema de desfinanciamiento educativo que desmantela pilares normativos de décadas. Con un total de 46 votos a favor y 25 en contra, el oficialismo logró imponer su "regla de oro" del equilibrio fiscal, contando con el respaldo fundamental de senadores que responden a gobernadores dialoguistas, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo. Este escenario consolidó una fuerte caída real en las partidas destinadas a la Educación y Cultura (-47,3%), la Ciencia y Tecnología (-48,8%) y las Universidades Nacionales (-33,8%) en comparación con los niveles anteriores, según advierte el reporte técnico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Tendencia de Noticias.
La sesión dejó en evidencia una fragmentación política significativa. El oficialismo —que cuenta con 21 senadores propios junto a su aliado Luis Juez— logró el acompañamiento de los bloques de la UCR, del PRO y el grueso de las bancadas federales. En este marco, el peronismo se fracturó: los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y la tucumana Sandra Mendoza, integrantes del bloque Convicción Federal, votaron a favor tanto en general como en el polémico capítulo segundo.
Resultado de la votación que incluía los controvertidos artículos sobre educación.
La división del voto tucumano fue total. Por un lado, Beatriz Ávila (bloque Independencia) y Mendoza se alinearon con la estrategia de diálogo de la Casa Rosada y el gobernador Jaldo. En la vereda opuesta, Juan Manzur se mantuvo dentro del interbloque kirchnerista y rechazó la iniciativa, cuestionando el ajuste sobre el sistema educativo y científico.
El polémico Artículo 30
El núcleo del conflicto residió en el Artículo 30 del Capítulo 2, referido al financiamiento educativo y científico. A pesar de ser el eje de intensas negociaciones, fue aprobado por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones (de Alejandra Vigo y Julieta Corroza). Mediante este artículo, se eliminan las garantías de inversión mínima establecidas por ley para diversos sectores:
Educación Nacional: Se deroga la meta del 6% del PBI destinada al rubro.
Ciencia y Técnica: Se anula la senda de inversión progresiva que debía alcanzar el 1% del PBI en 2032.
Educación Técnico Profesional: Se suprime el aporte del 0,2% de los ingresos corrientes para el equipamiento de los colegios técnicos.
El informe del CEPA analiza con dureza las consecuencias de estos lineamientos presupuestarios. Respecto a la educación técnica, el documento señala que "el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufrirá en 2026 un recorte histórico: el presupuesto proyectado implica una caída acumulada del 93% respecto a lo ejecutado en 2023". Según la entidad, la reducción de la ejecución ha sido drástica, pasando de cubrir el 50,5% de lo que correspondía por ley en 2023 a un "ínfimo 3,5%" proyectado para 2026.
El CEPA sostiene que el Artículo 30 es una herramienta de desmantelamiento: "Este elimina pilares estratégicos para el desarrollo nacional. Deroga la garantía del 6% del PBI para educación, anula la senda de inversión progresiva en ciencia y tecnología y suprime el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas". Además, el informe enfatiza que, en la práctica, "incluso si no logra derogarlo por ley, el gobierno está vaciando el Fondo y desfinanciando a las escuelas técnicas, con el objetivo de suprimirlo en la práctica".
El ajuste no se detiene en la infraestructura. Las transferencias directas a estudiantes, como las Becas Estudiantiles, presentan una "caída real del 76,6% respecto de 2023". En cuanto a las universidades, el CEPA advierte que el presupuesto de 4,8 billones de pesos consolida una "caída real del 33,8% contra el ejecutado 2023, profundizando el ajuste en todo el sistema educativo". El informe concluye que estas medidas, sumadas a la suspensión por decreto de la Ley de Financiamiento Universitario, representan un retroceso sin precedentes para el capital humano y científico de la Argentina.
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