Allanan oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal por presuntos vínculos con empresas de comida en mal estado

La Justicia federal de Lomas de Zamora llevó adelante en las últimas horas un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para personas detenidas. La medida fue ordenada por el juez Federico Villena, quien encabeza la investigación.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se enmarca en una pesquisa que apunta a determinar si desde el SPF se permitió una presunta “cartelización” del servicio de alimentación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mediante el uso de empresas pantalla para continuar prestando servicios pese a sanciones judiciales previas.

El allanamiento estuvo signado por momentos de tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. De acuerdo a fuentes del caso, el funcionario entregó inicialmente un aparato antiguo en desuso y, al ser requerido por el dispositivo que utiliza habitualmente, afirmó haberlo “extraviado” esa misma mañana. No obstante, un informe técnico incorporado al expediente indicó que la última señal del celular supuestamente perdido impactó en una antena ubicada en el barrio porteño de Barracas apenas una hora antes del operativo, lo que llevó al magistrado a sospechar que el funcionario pudo haber recibido una filtración previa y destruido el aparato para ocultar pruebas.

La causa se originó a partir de denuncias por la provisión de alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza. Peritajes realizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano. A raíz de ello, el juez Villena dispuso que la empresa Foodrush dejara de operar como proveedora.

Sin embargo, durante la investigación se detectó que la firma Bio Limp, que asumió posteriormente el servicio, utilizaba los mismos camiones, contaba con empleados vinculados a la empresa sancionada y facturaba millonarias sumas a Foodrush, lo que para el juzgado indicaría que funcionaba como una estructura de fachada para eludir las restricciones impuestas.

En el marco de la causa, Villena llegó incluso a probar personalmente los alimentos provistos en la cárcel, tras lo cual sufrió una descompensación que describió en el expediente como un cuadro “vomitivo”, lo que reforzó las sospechas sobre la gravedad de la situación investigada.

Fernando Martínez asumió la conducción del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, luego de ser designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bajo su gestión, el SPF pasó de depender del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que el director del SPF se movilizaba en una camioneta que habría sido secuestrada y que figura a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.

Si bien la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del allanamiento, el juez Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su disposición a colaborar con la investigación. El magistrado sostiene que la causa apunta a desarticular lo que definió como “mafias enquistadas desde hace muchos años” dentro del sistema penitenciario federal.