El legislador José Macome, representante de la Libertad Avanza en la Cámara, por lo menos hasta el momento (dados algunos cortocircuitos internos que se generaron en las últimas semanas) presentó un proyecto de ley en el cual se insta a la Provincia a que adhiera al Decreto Nacional 90/25, más conocido como de "burocracia cero" en el cual se instruye a todos los ministerios a presentar en 30 días todas las leyes, DNU, decretos delegados y decretos que a su criterio requieren revisión, derogación o simplificación.
La particularidad de la iniciativa del parlamentario libertario radica en que, en uno de sus artículos, se sostiene que en Tucumán "quedan libremente habilitados todos los
establecimientos, locales, plantas, fábricas, oficinas y comercios en los que se desarrollen actividades económicas lícitas, los que podrán establecerse y funcionar sin necesidad de permiso ni autorización previa de ninguna clase, ni del Estado Provincial ni de las Municipalidades o Comunas".
Además, el proyecto remarca en su contenido que "todos los habitantes de la Provincia tienen derecho de ejercer las actividades productivas y laborales lícitas, sin necesidad de permiso o autorización previa".
Al momento de argumentar las razones que propiciaron la presentación de la idea, Macome destacó "que el ejercicio y alcance de los derechos fundamentales ha sido afectado, en la práctica, por numerosas regulaciones y trabas de origen legal, administrativo, reglamentario y defectuosas praxis de los órganos estatales, todo lo cual ha generado un estancamiento de la actividad de la Provincia".
Competencia por inversiones
Al respecto, se enuncia que política de desregulación del Gobierno nacional, conllevará a una verdadera competencia fiscal y reglamentaria entre las Provincias; y en consecuencia aquellas Provincias que mejor adapten su legislación a los principios de la Constitución Nacional, y las que más favorezcan a las actividades productivas —simplificando trámites y reduciendo costos—, serán las que reciban mayores inversiones que, en definitiva, redundarán en un mayor desarrollo económico y una mejor calidad de vida.
"Prueba de ello es que, como resulta de público y notorio conocimiento, muchos capitales y empresas tucumanos han realizado, en un pasado no muy lejano, inversiones en provincias vecinas, atraídas por mejores condiciones que las que imperaban en Tucumán", apuntó el legislador mileísta.
Para llevar a cabo este proceso de desregulación casi total en Tucumán, el proyecto de Macome señala que los organismos provinciales tendrán 30 días para realizar un listado de normas, decretos, resoluciones y actos administrativos que se deben derogar, considerando al efecto:
La que resulte obsoleta o redundante;
La norma que regula trámites o registros innecesarios;
La norma que establece restricciones a la oferta de bienes y servicios, distorsiona los precios de mercado, impide la libre iniciativa privada o entorpece la interacción espontánea de la oferta y de la demanda;
La norma que genera un sobrecosto en el sector productivo o escasez de bienes y servicios sin justificación en un interés público suficiente;
La norma que implica la constitución de un monopolio artificial o barreras de entrada en actividades en las que es posible la libre competencia.
Se aclara, igualmente en la iniciativa, bajo estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Cámara, que una vez que las empresas estén funcionando "gocen de un término razonable para presentar la documentación que, en ejercicio del poder de policía, podrá exigir la autoridad competente".
"Por todo ello resulta necesario reconstruir las condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que posibiliten el desarrollo de Tucumán, comenzando por la habilitación automática de toda industria lícita, cuyo ejercicio no debe quedar a merced de una autorización o capricho de algún funcionario", aseguró Macome en su proyecto.