La Legislatura sesionará el martes 27 para tratar dos DNU enviados por el Ejecutivo

La Legislatura de Tucumán tendrá su primera sesión extraordinaria del período 2026 el próximo martes 27, a partir de las 9, para tratar los dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La convocatoria fue resuelta este jueves durante una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y tendrá como único temario el análisis de las medidas vinculadas a la restricción del gasto público y a la eximición del certificado de cumplimiento fiscal para proveedores del Estado. Esta última medida promete un áspero debate en el recinto, puesto que desde la oposición consideran que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones constitucionales al avanzar en legislación tributaria.

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó el encuentro en el que se definió la fecha y el orden del día, y confirmó que ambos decretos deberán ser ratificados por el cuerpo para mantener su vigencia. “Se ha definido que se van a tratar los dos DNU que mandó el Poder Ejecutivo, uno referido a restricciones en materia de gastos y otro en el que se exime la presentación del certificado de cumplimiento fiscal a las empresas que se presentan en licitaciones”, explicó.

Sobre el alcance de las medidas, Acevedo sostuvo que se trata de disposiciones que ya cuentan con antecedentes y defendió su impacto en la gestión provincial. “Es una medida que ya se tomó anteriormente y que favorece a que se haga obra pública y al desarrollo de obras que están en Tucumán, tanto las que se encuentran inconclusas como las nuevas”, afirmó, al tiempo que manifestó su expectativa de que ambos DNU sean avalados por la Cámara en la sesión del martes.

Previamente a la reunión de Labor Parlamentaria, Acevedo mantuvo una audiencia con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el peronista Carlos Gallia, a los fines de ultimar los detalles de la convocatoria.

 

Los instrumentos que pide Jaldo

 

Uno de los DNU a tratar es el N.º 11/3 (MEyP), presentado en la Legislatura el 29 de diciembre de 2025, que establece una serie de restricciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, sus entes autárquicos y descentralizados, y aquellos organismos que, aun contando con autonomía financiera, requieran aportes del Tesoro para afrontar gastos de funcionamiento y el pago de haberes. La norma dispone, además, la prohibición de incrementar la planta de personal, invitando a los poderes Judicial y Legislativo y a los municipios a adherir a la medida.

En relación con este punto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, explicó que la iniciativa “se inscribe en el contexto de la compleja situación económica que atraviesa el país, con una caída de la actividad y de la recaudación, tanto a nivel local como en materia de coparticipación”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es “dar un ejemplo desde el Estado, manteniendo las plantas de personal y ajustando el gasto”.

El segundo DNU, el N.º 1/3 (MEyP), enviado el 8 de enero de 2026, exceptúa hasta el 31 de diciembre de 2026 la presentación del certificado de cumplimiento fiscal como requisito para la admisibilidad de ofertas en las contrataciones de bienes y servicios que realice el Estado provincial. Este decreto es el que concentra mayores críticas por parte de la oposición, que advierte sobre una flexibilización de los controles y pone reparos sobre su constitucionalidad.

Consultado sobre este punto, Gallia señaló que la decisión apunta a contemplar la realidad de muchas empresas que, en el actual contexto económico, mantienen deudas y, por ese motivo, no pueden contratar con el Estado. “En ningún momento se le quita al Gobierno la potestad de reclamar las deudas por las vías administrativas o judiciales correspondientes”, aclaró, y agregó que se trata de “una herramienta para permitir la participación de las firmas y sostener la actividad y la obra pública”.

Durante los encuentros previos a la sesión, Acevedo también se refirió a la agenda legislativa para el inicio del año y adelantó que se profundizará el trabajo territorial y parlamentario. “Vamos a tener una Legislatura muy activa y abierta, con voluntad de consensuar con el Poder Ejecutivo proyectos de ley que beneficien a Tucumán, a los tucumanos y a las tucumanas”, expresó, en referencia al diálogo institucional que mantiene con el gobernador Jaldo.

Finalmente, el vicegobernador destacó el funcionamiento del Poder Legislativo durante el receso de verano. “La Legislatura está activa también en este período extraordinario. Siempre hay mecanismos de guardia y disposición para acompañar las medidas que sean beneficiosas para la provincia. La Legislatura nunca deja de estar en funcionamiento”, subrayó.