La madre de Karla Robles quiere que la Corte revise una decisión legislativa que benefició a Edmundo Jiménez

Mirta Isabel Giménez, madre de Karla Robles, la joven de 27 años que se quitó la vida el 24 de octubre, presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la que objeta una decisión de la Legislatura. La demanda busca la nulidad de la Resolución Nº 627 de la Comisión de Juicio Político, mediante la que se rechazó el pedido de juicio político contra el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez.

Giménez, patrocinada por la abogada Patricia Neme, argumenta que la resolución legislativa vulnera sus derechos al debido proceso, de defensa y de peticionar ante las autoridades, al rechazar de forma infundada y sin considerar las pruebas aportadas su solicitud de juicio político. La demandante sostiene que la decisión de Juicio Político posee vicios en su motivación, causa y finalidad, lo que la obliga a ser declarada nula de nulidad absoluta.

El objeto de la acción de amparo no solo es la nulidad de la Resolución Nº 627, sino también la declaración de inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 8.198, que establece la irrecurribilidad de las decisiones de la Comisión de Juicio Político y del Tribunal de la Legislatura, y del artículo 51 de la Ley 6.944 (Código Procesal Constitucional), que declara la inadmisibilidad de la acción de amparo contra actos jurisdiccionales emanados del Tribunal de la Legislatura en el Juicio Político.

La competencia de la Corte Suprema de Justicia para tratar este amparo se fundamenta en el artículo 4º, segundo párrafo del Código Procesal Constitucional, que le otorga competencia exclusiva cuando se trata de actos lesivos emanados de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Giménez enfatiza que el acto impugnado, dictado por el Poder Legislativo, lesiona directamente sus derechos, y que no existe otro tribunal competente en la provincia para declarar su nulidad.

En esa línea, la mamá de Karla recusó con causa a la vocal Eleonora Rodríguez Campos y al ministro Fiscal. Se basa en el parentesco entre ambos (tío y sobrina) y en la acusación directa de Giménez contra Jiménez, a quien responsabiliza de la muerte de su hija. Según la demandante, Jiménez, en su rol de responsable de la persecución de la acción penal, ignoró la condición de víctima de su hija, lo que la llevó al suicidio.

Vale recordar que Karla Robles se quitó la vida el 24 de octubre. Su madre denuncia que el hecho, caratulado como instigación al suicidio, es en realidad un femicidio causado por el incumplimiento del Ministerio Público Fiscal. Karla había presentado al menos seis denuncias por amenazas y persecución contra su expareja, Diego Zerda, quien violó varias órdenes de restricción. A pesar de las alertas y pruebas, la justicia no actuó a tiempo, lo que Giménez califica como un acto de corrupción.

La demandante subraya que la resolución legislativa impugnada no es una mera decisión política abstracta, sino un acto que consagra la impunidad sobre la muerte de su hija, lesionando su derecho a peticionar por un control político de la gestión del Ministro Fiscal. El rechazo arbitrario, infundado y dogmático de su denuncia, sin la producción de pruebas, constituye una afectación directa a su derecho a obtener una respuesta fundada de los órganos del Estado, según entiende. Giménez argumenta que la Comisión de Juicio Político ignoró la prueba documental y testimonial ofrecida, incurriendo en una arbitrariedad manifiesta que habilita la vía del amparo.

Finalmente, reservó expresamente su derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de una resolución contraria a su pretensión, planteando el caso federal.