Fuerza Republicana propone el llamado a una consulta popular sobre los acoples en Tucumán

La bancada de Fuerza Republicana, conformada por los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, impulsa un proyecto de ley que busca convocar a una consulta popular no vinculante en la provincia, con el fin de que los ciudadanos expresen su opinión sobre el controvertido sistema de "acoples" en las elecciones locales. Esta iniciativa surge en medio del fracaso del debate sobre la reforma electoral, postergado por el oficialismo debido a tensiones internas en el justicialismo, y representa un llamado a la participación directa del electorado para resolver un debate que genera críticas por distorsionar la voluntad popular y fragmentar la representación política.

El proyecto establece una convocatoria excepcional bajo el amparo de las facultades legislativas para garantizar el ejercicio de derechos constitucionales de una Consulta Popular No Vinculante en todo el territorio de la Provincia de Tucumán con el objetivo de "recabar la voluntad del cuerpo electoral respecto a la reforma del régimen electoral provincial de 'acoples' (Art. 43 inc. 12 Constitución Provincial y Ley N° 7876)", un mecanismo que, de acuerdo con los fundamentos del proyecto, "ha generado una creciente distancia entre la intención del votante y la conformación final de la representación política".

La consulta se realizaría en un plazo no mayor a 90 días desde la promulgación de la ley, en un domingo que no coincida con otras elecciones. Para asegurar transparencia, se adopta un sistema de Boleta Única de Sufragio en papel, diseñado por la Junta Electoral Provincial (JEP), con tres opciones claras: "OPCIÓN A: Reforma Constitucional para la ELIMINACIÓN del sistema de acoples"; "OPCIÓN B: Reforma Legal para la LIMITACIÓN del sistema de acoples"; y "OPCIÓN C: Mantenimiento del sistema actual". Esta boleta permitiría al elector marcar su preferencia con una cruz, priorizando "claridad, economía y transparencia".

En cuanto a la organización, la JEP sería la autoridad máxima para la aplicación, organización y fiscalización del comicio, con facultades para dictar resoluciones complementarias. Se utilizaría el Padrón Electoral Nacional actualizado, y las autoridades de mesa se designarían preferentemente entre quienes hayan participado en elecciones previas, estableciendo esta función como carga pública. La fiscalización incluiría la acreditación de fiscales de partidos políticos y la presencia de observadores de organizaciones civiles e instituciones académicas.

El proyecto también prevé una campaña de información pública masiva a cargo de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública, para explicar de manera objetiva las opciones, junto con espacios gratuitos en medios provinciales para que partidos y organizaciones expongan argumentos de forma equitativa. El escrutinio sería realizado por la JEP, proclamando ganadora la opción con simple pluralidad de votos válidos. Si resultan victoriosas las opciones A o B, la Legislatura deberá tratar el tema en su primera sesión ordinaria posterior, abocándose a proyectos de ley o reforma constitucional correspondientes.

En los fundamentos, los legisladores argumentan que "la calidad de una democracia se mide no solo por la periodicidad de sus elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para escuchar al soberano en los momentos de encrucijada histórica". Critican la "anomia legislativa" por la ausencia de una ley general de consulta popular en Tucumán, y defienden la competencia de la Legislatura bajo el Artículo 121 de la Constitución Nacional, afirmando que "la inexistencia de una ley reglamentaria general no equivale a una prohibición constitucional". Subrayan que los acoples "distorsionan la voluntad popular, fragmentan la representación y generan descreimiento en el sistema democrático", y posicionan la consulta como "una herramienta institucional de diagnóstico" para enriquecer el debate legislativo, sin reemplazarlo. "Cuando la política no se anima a decidir, tiene que decidir la gente", concluyen, presentando la iniciativa como "una oportunidad histórica para ordenar su sistema político, recuperar confianza y devolverle poder al ciudadano".