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ARCHIVAN LAS ACTUACIONES

La Comisión de Juicio Político rechazó el pedido de destitución contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

El cuerpo legislativo desestimó la denuncia impulsada por la madre de Karla Robles, al considerar que los hechos atribuidos al jefe de los fiscales “no configuran causal alguna de gravedad institucional” que ameriten su destitución. Total hermetismo y trámite exprés en la comisión que encabeza Sergio Mansilla.

PorTendencia de noticias
05 dic, 2025 03:03 p. m. Actualizado: 05 dic, 2025 05:46 p. m. AR
La Comisión de Juicio Político rechazó el pedido de destitución contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán resolvió por unanimidad rechazar el pedido de destitución presentado contra el ministro público fiscal, Edmundo "Pirincho" Jiménez, al considerar que los hechos denunciados por la familia de Karla Robles “no configuran causal alguna de gravedad institucional” prevista por la Constitución y la Ley Nº 8.198. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución Nº 627, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, y que también dispuso el archivo de las actuaciones.


La denuncia había sido impulsada por Mirta Isabel Giménez, madre de Karla Robles, la joven que se quitó la vida en noviembre durante una transmisión en vivo por TikTok, quien acusó a Jiménez de responsabilidad institucional por la muerte de su hija y por supuestas irregularidades en diversas causas judiciales.


La familia de la joven acusó al ministro fiscal por considerar que no actuó en protección de la víctima pese a las reiteradas denuncias contra su expareja, Diego Zerda, actualmente imputado y con prisión preventiva por instigación al suicidio.


El expediente —registrado como 37-JP-25 y ampliado luego mediante el 40-JP-25— pedía la destitución de Jiménez por supuestos actos de negligencia, inhabilidad moral, incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y un presunto “patrón de omisiones” dentro del Ministerio Público Fiscal.


La denunciante afirmó además que “Karla ha sido silenciada por la inacción del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, y la responsabilidad de ese fracaso institucional recae sobre el Ministro Fiscal”.


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En un rápido trámite, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, la Comisión de Juicio Político que preside el peronista Sergio Mansilla desestimó esas acusaciones y concluyó que las imputaciones no acreditan una conducta atribuible a Jiménez con la magnitud necesaria para iniciar un proceso de enjuiciamiento político.


El archivo del planteo contra “Pirincho” Jiménez fue votado por unanimidad en el cuerpo de trabajo legislativo que también integran Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Verón Guerra y Claudio Viña.


Llamativamente, la definición se adoptó en un clima de absoluto hermetismo, sin la presencia de asesores y con acceso vedado a la prensa. Terminada la votación, los miembros de la Comisión de Juicio Político se retiraron sin mantener contacto con los periodistas.


Fundamentos del rechazo


En su resolución, la Comisión de Juicio Político señaló que, tras el análisis de los hechos y de la prueba presentada, no se verificaron conductas atribuibles a Jiménez con la gravedad necesaria para habilitar un proceso de enjuiciamiento político, tal como exige la Ley Nº 8.198.


El cuerpo legislativo sostuvo que, “si bien todo funcionario tiene un deber de supervisión (‘in vigilando’), este no es absoluto, especialmente en un organismo complejo como el Ministerio Público Fiscal”. En ese marco, los legisladores afirmaron que no surgieron elementos que permitan adjudicar a Jiménez, como jefe de los fiscales, responsabilidad directa en la actuación de sus subordinados.


El dictamen subraya que, si bien todo funcionario tiene un deber de supervisión, este “no puede ser absoluto ni erigirse en causa única de enjuiciamiento político”, y que, debido a la amplitud y complejidad del Ministerio Público Fiscal, la responsabilidad ejecutiva del ministro “tiene límites en lo que el funcionario pueda ciertamente conocer obrando con la diligencia que las circunstancias le exijan”.


En relación con las denuncias vinculadas al caso de Karla Robles, la Comisión expresó que “no se encuentra conducta de gravedad alguna atribuible al señor Ministro Público Fiscal con la envergadura y entidad suficiente para tener por constituidas” las causales de remoción.


Censura previa


Respecto del planteo de la denunciante sobre la polémica medida cautelar dictada por el juez subrogante Lucas Taboada, a la que calificó como un intento de silenciar a periodistas y medios mediante la censura previa, la Comisión fue taxativa. “La denunciante no examina hechos, sino las interpretaciones jurídicas formuladas en sentencias judiciales”, sostuvo el cuerpo legislativo. Y recordó que “no es función de esta Comisión constituir una instancia revisora de las decisiones o resoluciones adoptadas por los jueces”.


En ese sentido, el cuerpo legislativo advirtió que hacerlo “significaría convalidar un avance del Poder Legislativo sobre los otros poderes del Estado, lo que alteraría sin más el equilibrio sobre el cual se asienta nuestro sistema de gobierno”.


En relación con otros casos mencionados en la denuncia contra Jiménez como antecedentes (los expedientes vinculados a Roxana Teves, a Paola Tacacho y al caso M.L.P.), el dictamen aclara que se trata de procesos tramitados en sede judicial. Por ello, señalaron que “cualquier revisión sobre posibles irregularidades pertenece exclusivamente al Poder Judicial”, y advirtieron que pronunciarse sobre esos hechos implicaría una “injerencia impropia”.


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La Comisión afirmó que las acusaciones por presuntos actos de corrupción, extorsión o abuso de autoridad carecen de respaldo probatorio suficiente para sustentar la apertura de un juicio político.


También se descartaron como causales las objeciones del Colegio de Abogados de Tucumán sobre designaciones o sobre la estructura normativa del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de planteos institucionales ya debatidos en el pasado.


Teniendo en cuenta los argumentos expuestos la Comisión resolvió rechazar el pedido de juicio político contra Edmundo Jiménez, archivar las actuaciones y comunicar la decisión a las autoridades de la Legislatura.


Con esta determinación, el cuerpo legislativo da por concluido en tiempo récord el proceso iniciado a fines de noviembre, al considerar que la denuncia no configura las causales constitucionales de gravedad necesarias para avanzar hacia un eventual proceso de destitución.

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