La competencia nacional y provincial divide posturas sobre cómo combatir el tráfico aéreo irregular

La Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura de Tucumán emitió dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría, sobre el Régimen de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre. La iniciativa, que busca dotar a la provincia de herramientas para investigar, prevenir y reprimir actividades aéreas y terrestres vinculadas a delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas, la migración ilegal y el terrorismo, encontró un respaldo mayoritario que aconseja la sanción de la Ley, propuesta por el peronista Gerónimo Vargas Aignasse, y una posición minoritaria, impulsada por el radical José Cano, que solicita el rechazo de la norma en favor de instar al Poder Ejecutivo a realizar gestiones concretas ante la Nación, a través de proyectos de resoluciones de su autoría.

El dictamen de mayoría, firmado por los legisladores Carlos Najar, el propio Vargas Aignasse, Ricardo Bussi, Alejandro Figueroa, Jesús Herrera y Maia Martínez, establece un detallado marco normativo de acción provincial.

La propuesta legislativa crea el Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), con el propósito expreso de “prevenir, detectar, identificar, registrar y brindar apoyo territorial inmediato frente a aeronaves que operen en violación a la normativa vigente y que se encuentren vinculadas directa o indirectamente al delito de narcotráfico y otros delitos complejos de carácter transnacional, que utilicen el espacio aéreo como medio para su comisión”.

La normativa propuesta por la mayoría dispone la adhesión de la Provincia de Tucumán a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) y a toda normativa nacional vigente en materia de control aeroespacial, aprobadas en el marco del Decreto Nacional N° 228/2016. No obstante, el texto legal remarca con claridad los límites de la intervención provincial, un punto clave que busca evitar cualquier colisión de competencias con el Estado Federal. La ley establece que “la adhesión no implica delegación de competencias propias ni habilitación del uso de la fuerza aérea, materia exclusiva del Estado Nacional”. La Provincia, por su parte, ejercería sus competencias específicamente en “vigilancia, investigación, prevención, cooperación logística y control territorial”.

Como parte de las obligaciones centrales, el proyecto impulsa al Poder Ejecutivo provincial a “solicitar formalmente al Estado Nacional la instalación, operación y mantenimiento de radares primarios y secundarios dentro de su territorio, en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial” (SINVICA).

El Ministerio de Seguridad provincial actúa como Autoridad de Aplicación de la ley, con facultades concretas, entre las que se destacan:

1. La celebración de convenios de cooperación, coordinación operativa, asistencia técnica y delegación de facultades con el Poder Ejecutivo Nacional y organismos competentes, "para todo lo concerniente a la prevención y control del narcotráfico y otros delitos conexos, así como al control, vigilancia y monitoreo del espacio aéreo, conforme a la normativa nacional vigente".

2. El empleo de medios tecnológicos de vigilancia aérea y territorial, incluyendo “radares móviles, drones, sensores y sistemas de monitoreo, destinados a la detección, identificación, seguimiento y registro de TAI”.

3. El ejercicio de “funciones de apoyo territorial inmediato, incluyendo el control de aeródromos comerciales, deportivos, privados y pistas clandestinas, la clausura o inutilización de infraestructura utilizada como soporte territorial del narcotráfico aéreo y el apoyo logístico ante detecciones de TAI”.

4. La realización de un “relevamiento exhaustivo y geo - referenciado de todas las pistas clandestinas irregulares o no habilitadas existentes”.

Seguidamente, la iniciativa sostiene que los convenios a los que se hace referencia

podrán comprender, entre otras materias:

• La detección, identificación y seguimiento de aeronaves vinculadas al TAl;

• La integración operativa de la Provincia de Tucumán al Sistema Nacional de

  Vigilancia y Cóntrol Aeroespacial;

• La actuación inmediata de fuerzas provinciales como apoyo territorial en

  operativos federales;

• La coordinación de tareas de inteligencia criminal preventiva, en los términos

  legalmente habilitados;

• El intercambio de información y las alertas tempranas.

Además, el texto del dictamen resalta que se autoriza al Poder Ejecutivo "a ceder en comodato bienes muebles e inmuebles de dominio provincial al Estado Nacional u organismos que se determinen en los convenios celebrados, para la instalación, funcionamiento y operación de centros de monitoreo, bases operativas y sistemas tecnológicos vinculados al control aeroespacial".

Enfocarse en la gestión nacional y el NOA

En contraste con el dictamen de mayoría, Cano impulsó un dictamen en minoría que aconseja “el rechazo del proyecto de ley” y la sanción de dos proyectos de resolución que centran su foco en la necesidad de coordinar acciones con el Gobierno Nacional y las provincias vecinas para abordar la lucha contra el narcotráfico que utiliza el corredor aéreo del Noroeste Argentino (NOA).

El primer proyecto de resolución (Expte. N° 309-PR-25) busca “instar al Poder Ejecutivo a realizar, de manera urgente, las gestiones necesarias, en conjunto con las Provincias, ante el Gobierno Nacional a fin de solicitar la instalación estratégica de radares en la Región NOA, que permitan fortalecer la lucha real y efectiva contra el narcotráfico”.

El segundo proyecto (Expte. N° 313-PR-25) se dirige a la problemática de las infraestructuras ilegales de apoyo. Este resuelve “solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, para que de manera urgente disponga las gestiones necesarias, ante los Ministerios de Seguridad y de Defensa del Gobierno Nacional las medidas pertinentes a fin de realizar un relevamiento exhaustivo, georreferenciado y actualizado de todas las pistas clandestinas, irregulares o no habilitadas existentes en el NOA”. El impulsor de la medida fundamenta que es imperioso contar con este relevamiento "que permita conocer las coordenadas geográficas exactas mediante el uso de sistemas satelitales y tecnologías afines" para combatir las actividades ilícitas que llevan adelante las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y contrabando. La necesidad de este mapeo se extiende al NOA, región considerada “la principal puerta de entrada de la droga que proviene de países vecinos como Bolivia y Perú”.

De esta manera, la Legislatura abordará un tema de seguridad complejo con dos visiones distintas: una que propone una estructura legal provincial amplia y permanente para la cooperación y el control territorial, y otra que prioriza la articulación urgente con el gobierno central para exigir la radarización y el relevamiento de pistas en el ámbito regional del NOA.