Más conocida por los escándalos que protagonizó en los últimos tiempos que por sus sentencias impartiendo justicia, la jueza María Carolina Ballesteros podría enfrentarse a un proceso de destitución en las próximas semanas. Esto debido a que este miércoles fue presentado un pedido de juicio político en su contra, promovido por el abogado Mario Leiva Haro, quien la acusó de mal desempeño en sus funciones por haber presionado a dos fiscales en una causa que involucraba a familiares suyos.
Días atrás, la magistrada quedó expuesta al viralizarse dos escandalosos videos, correspondientes a audiencias judiciales del fuero penal, que la tienen como protagonista. En una de las grabaciones, Ballesteros mantiene una fuerte discusión con el fiscal Carlos Picón, quien la acusa de haber viralizado un meme suyo. En el otro video, Ballesteros cuestiona a las autoridades del Poder Judicial, como el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y el vocal de la Corte Suprema, Antonio Estofán, por seguir ejerciendo sus cargos a pesar de tener más de 75 años de edad, y los comparó con Mirtha Legrand.
Antes de que se viralicen estos videos, la Corte Suprema ya tenía iniciados otros expedientes contra Ballesteros, algunos de los cuales estarían próximos a resolverse.
En paralelo a las actuaciones, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura ahora tiene en sus manos el pedido de destitución contra la jueza.
Amenazas a fiscales
En su planteo, el abogado Leiva Haro menciona como primer antecedente el caso ocurrido en 2022, cuando Ballesteros fue acusada de haber presionado de manera inapropiada a dos fiscales penales en una causa que involucraba a familiares suyos. Los hechos estaban relacionados con un accidente que sufrió su padre en el cual estaban involucradas y denunciadas la pareja del hombre y sus hijas, medias hermanas de Ballesteros.
Según el expediente judicial, las mujeres empujaron al hombre en una discusión y esa caída le provocó la fractura de cadera al hombre. Ballesteros pretendía que el fiscal a cargo, José Augusto Zapata, solicite la prisión preventiva contra las acusadas. El fiscal se negó a disponer esa medida y, luego de sufrir presiones y amenazas por parte de la jueza, terminó apartándose del cargo. Idéntica situación padeció que el fiscal Ignacio López Bustos, donde la causa había sido girada tras la decisión adoptada por su par.
En su presentación ante la Legislatura, Leiva Haro informó que por ese incidente su colega María Antonella Burgos denunció a Ballesteros ante la Corte Suprema de Justicia, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.
“La aludida letrada argumentó que, en su carácter de defensora de Lorena Ballesteros (media hermana de la Jueza), en el legajo que tramitaba ante el Fiscal (Ignacio) López Bustos, la Magistrada María Carolina Ballesteros ejercía su influencia de tal, al intervenir en el expediente sin ningún tipo de representación legal. Explicó que se vio “violentada” por la injerencia de la Jueza y que también el anterior Fiscal de la causa, doctor Augusto Zapata, debió apartarse de seguir interviniendo por la violencia moral ejercida en su contra por parte de la propia Magistrada”.
En el escrito de 14 páginas que tiene en su poder la Comisión de Juicio Político, se señala que “López Bustos, aseveró que fue increpado en forma agresiva tanto él como los demás empleados y funcionarios de la Fiscalía y recibió mensajes intimidantes de la Magistrada en su celular, además ser amenazado por la Magistrada, por lo que debió excusarse de continuar interviniendo en la causa”.
El denunciante agregó que "resulta inaceptable que una Jueza amenace a un Fiscal, o a cualquier otra persona, además de influir y condicionar al representante del Ministerio Publico Fiscal". Y planteó que, según el relato de López Bustos, Ballesteros también profirió amenazas contra el personal de la Fiscalía y las acusadas en el caso cuando afirmó “que ella iba a hacer justicia y que no sabía cómo iba a reaccionar si las encontraba en la calle”.
Según el abogado Leiva Haro, "resulta sumamente contrario a derecho que la Magistrada Ballesteros condicione el otorgamiento de medidas requeridas por el Ministerio Publico Fiscal a su estado de ánimo o a circunstancias ajenas a los normado por el Código Procesal Penal".
También aseguró que "no se puede pasar por alto, que, tal como lo manifiesta el Dr. López Bustos, la Magistrada Ballesteros actúo en todo momento utilizando su cargo".
El denunciante sostuvo que estos hechos “revisten una gravedad institucional inusitada, y adquieren mayor relevancia y trascendencia cuando se advierte que la persona involucrada en una Jueza, quien en la práctica debe impartir Justicia y garantizar el debido proceso y el efectivo cumplimento y aplicación de la Ley”. Según el abogado, “de la lectura del planteo efectuado por el Dr. López Bustos, se observa que el comportamiento de la Magistrada Ballesteros está inmerso en las causales de juicio político previstas por la Constitución Provincial”.
Juicio millonario al Estado
El segundo incidente detallado en el planteo que fue presentado en la Legislatura está relacionado con el juicio que Ballesteros le inició a la Caja Popular de Ahorros, en el que le reclama el pago de $ 8.4 millones a la ART de esa entidad (POPULART) por un accidente de tránsito que sufrió. “En este proceso, la Magistrada presentó un informe médico en el cual manifiesta que, secuela del accidente, sufrió una incapacidad parcial permanente y definitiva estimada en el 40%. La historia clínica firmada por la psiquiatra Lidia Fátima Assad afirma que: “A partir de ese acontecimiento (el accidente), el quehacer cotidiano ha cambiado radicalmente, es una persona obsesiva, compulsiva, por momentos ni su tratamiento farmacológico logra calmar su estado de ánimo (…) Presenta una incapacidad de orden mental de un 45% parcial y crónico””, indicó Leiva Haro.
Sin embargo, el abogado Leiva Haro advirtió que Ballesteros “continuó participando en forma ininterrumpida de concursos para la Justicia provincial, ante el Consejo Asesor de la Magistratura, y también de concursos federales, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Detalló que en uno de esos concursos se agregó un informe psicológico y psicotécnico de la jueza, tras ser evaluada el 19 de septiembre de 2016, que informa que la magistrada estaba en plena aptitud para el cargo que se postulaba, “destacando entre otras cosas, que se capacidad para controlar sus impulsos en buena, la tolerancia a la frustración es buena, su capacidad para responder a estímulos intensos es buena”. En este punto, el denunciante señaló que “estos datos que surgen de la evaluación psicológica que le efectuaron a la Magistrada Ballesteros, claramente son contradictorios con el informe presentado en el juicio laboral iniciado por ella”.
“Sin embargo, y a pesar de que esta información está agregada en el juicio laboral, en fecha 24 de octubre de 2022, la Magistrada Ballesteros y POPULART celebraron un acuerdo por el cual le abonaron a la Dra. María Carolina Ballesteros la suma de pesos siete millones quinientos ochenta mil pesos, en concepto de pago de indemnizaciones reclamadas en la demanda por el accidente de trabajo ocurrido en fecha 12/08/2015”, advirtió.
Por los antecedentes expuestos, Leiva Haro sostuvo que “la Magistrada María Carolina Ballesteros desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita sea removida de su cargo”.
En su escrito, el abogado solicitó a la Comisión de Juicio Político que se libre oficio a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que remita copias certificadas de las actuaciones mencionadas en el planteo.
El pedido debe ser ratificado por Leiva Haro en los próximos días, para que luego la Comisión de Juicio Político, que preside el peronista Sergio Mansilla, determine si le da trámite y le corre traslado a la jueza denunciada para abrir el proceso de destitución en su contra.