El oficialismo logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años en un tenso plenario de Diputados

Pese a imprevistos de último momento, el oficialismo consiguió dictaminar su propuesta de Régimen Penal Juvenil en plenario de Diputados, que ahora pasarán a votarlo en una sesión aún sin fecha prevista. La iniciativa, redactada en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza, reunió apoyos del radicalismo y la Coalición Cívica para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

El texto original enviado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, planteaba bajar la edad de imputabilidad -actualmente fijada en los 16 años- a los 13 años. Pero por presión del resto de las bancadas La Libertad Avanza aceptó que se eleve a los 14 años. A su vez, el máximo de pena de prisión que puede recibir un menor estaba planteado en 20 años, se bajó a 15 años.

Las penas privativas de la libertad serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años.

Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ratificaron su rechazo al proyecto dictaminado; y en Encuentro Federal, las diputadas nacionales Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, presentaron un dictamen en disidencias de 3 firmas.

Asignatura pendiente

Una vez que se logró el quórum, se conocieron cuatro dictámenes. El de mayoría es el impulsado por Casa Rosada, que reduce la edad de imputabilidad de 14 años y propone instancias de penalidad previa para los jóvenes en conflicto con la ley, como procesos de justicia restaurativa, trabajo comunitario y, en última instancia, la privación de la libertad (con penas correspondientes a más de 10 años de prisión). Tuvo 77 firmas, establece la pena máxima hasta de 15 años, se implementaría en 180 días.

El segundo de mayor cantidad de firmas es el de Unión por la Patria, que sostiene en 16 años la punibilidad pero propone etapas previas a los centros cerrados de menores.

"Era una asignatura pendiente de este Congreso. El proyecto tiene una misión resocializadora, de contención, y se trata de llegar a tiempo para que aquellos adolescentes que entran en conflicto puedan tener una oportunidad", afirmó la radical Roxana Reyes, presidenta de la comisión de Niñez y Adolescencia, quien destacó la creación de la "figura del acompañante".

"Se crea un régimen penal juvenil con garantías procesales que hoy los menores no tienen: el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oídos. Y habrá supervisores que deben controlar que las medidas socio-educativas - como que no puede dejar los estudios- se cumplan", apuntó en la misma línea la "lilita" Marcela Campagnoli, quien aclaró que La Coalición Cívica firma en disidencia.

Características y objeciones

La persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil.

También participó el santafesino Germán Martínez (Unión por la Patria), quien reconoció que en el Congreso "hay una dinámica que hay que revisar": "Recibimos una cantidad de aportes mayoritariamente con miradas críticas hacia el proyecto del Ejecutivo, nos están faltando instancias de ese procesamiento", sostuvo y se preguntó si "¿hay disposición para poder incorporar en nuestras miradas los aportes de los invitados?".

A su vez pidió mayor tiempo de discusión del proyecto dado que "los debates tienen que ser sin los carancheos de determinadas situaciones de conmoción, sin cálculos electoralistas que desvirtúan el debate y escuchando a todos". "¿Cómo hacemos para garantizar los recursos para que Nación, Provincia y Municipios y los distintos dispositivos judiciales para que nosotros podamos hacer efectivamente y concreta esta ley en el caso de aprobarse?", cerró.

División K

Dentro de la bancada de Unión por la Patria el sector massista está dispuesto a acompañar. Sergio Massa hace años tiene proyectos sobre el tema. En la previa a la reunión los tres massistas que integraban la comisión fueron reemplazados por otros compañeros. Sin embargo, el oficialismo apuesta a que en el recinto voten a favor, al menos en general.

El radical díscolo y ex juez de Formosa, Fernando Carbajal, señaló que el dictamen tal como quedó redactado "no tiene nada que ver con el proyecto del Ejecutivo". "Este dictamen no recepta los ejes políticos e ideológicos del Gobierno. Rechaza ese slogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto", apuntó el legislador de Democracia Sindical.

Los legisladores de esa bancada firmaron en disidencia porque no está claro el financiamiento del proyecto. "¿Cuál el impacto presupuestario en las provincias?, ¿cuál es el costo?", planteó Carbajal.

La Izquierda por su parte firmó un texto de rechazo. "Es una bomba de humo que no responde a ninguno de los problemas que se propone resolver. Cárcel o bala quieren para los pibes, pero no van a contar con nosotros para avanzar en ese sentido", apuntó Christian Castillo.