Avanza en la Legislatura el pedido de Juicio Político contra la jueza Carolina Ballesteros

La jueza penal María Carolina Ballesteros quedó a las puertas de un proceso que podría determinar su destitución por mal desempeño. La Comisión de Juicio Político de la Legislatura decidió este miércoles correrle traslado a la magistrada para que en un plazo de 15 días hábiles presente su descargo ante el pedido de remoción impulsado en su contra por el abogado Mario Leiva Haro.

El letrado fundamentó su planteo en las presiones que ejerció contra dos fiscales que debieron apartarse en una causa penal que involucraba a familiares de la magistrada y a las denuncias sobre supuestos malos tratos contra empleados judiciales que trabajaban en el Juzgado a su cargo.

En las últimas semanas, la magistrada quedó en el ojo de la tormenta tras la viralización de dos escandalosos videos, correspondientes a audiencias judiciales del fuero penal, que la tienen como protagonista. Una de las filmaciones registró la fuerte discusión que mantuvo Ballesteros con el fiscal Carlos Picón, quien la acusó de haber viralizado un meme suyo. En el otro video, Ballesteros cuestiona en plena audiencia a las autoridades del Poder Judicial, como el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y el vocal de la Corte Suprema, Antonio Estofán, por seguir ejerciendo sus cargos a pesar de tener más de 75 años de edad, y los comparó con Mirtha Legrand.

Antes de esos escándalos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ya tenía iniciados otros expedientes contra Ballesteros, algunos de los cuales estarían próximos a resolverse.

Este miércoles, la Comisión de Juicio Político abrió el proceso que podría terminar con su destitución al resolver, por unanimidad, correrle traslado de la denuncia que presentó el abogado Leiva Haro.

De la reunión, que fue encabezada por el presidente Subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, participaron los legisladores Mario Leito, Rodolfo Ocaranza, Aldo Salomón, Paula Galván, Sara Assán, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra y Claudio Viña, quienes determinaron que hay elementos suficientes como para avanzar con el proceso contra Ballesteros.

"Esta comisión se tomó el tiempo necesario establecido por la normativa para analizar los motivos y las causales por los cuales se estaba solicitando el Jury de Enjuiciamiento contra la jueza Ballesteros. Y se ha tomado la decisión de correrle traslado a la doctora en el término de 15 días hábiles para que haga los descargos correspondientes”, explicó Leito. El parlamentario resaltó que la decisión fue adoptada por unanimidad “considerando la existencia de la denuncia y las pruebas que había sobre la misma, lo que ameritaba otorgarle la posibilidad a la doctora para que pueda hacer los descargos correspondientes”.

Leito informó que, una vez que se cumplan los 15 días hábiles dispuestos para que la magistrada presente su descargo, la Comisión de Juicio Político tendrá otros 20 días para resolver si habilita el proceso para que la Legislatura vote por la destitución de Ballesteros o si se archivan las actuaciones.

El parlamentario peronista recordó que en la denuncia presentada por el abogado Leiva Haro se mencionan “las reiteradas denuncias por malos tratos que tiene la magistrada ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, presentada por empleados de su Juzgado”. Además, recordó que en el expediente se menciona “causa que tiene que ver con un pedido de indemnización por daños y perjuicios por lesiones causadas en un accidente de tránsito que, según la jueza, le dejó una incapacidad permanente”.

La denuncia

La demanda impulsada por el Leiva Haro contra Ballesteros se sustenta en las presiones que la jueza ejerció contra los fiscales penales José Augusto Zapata e Ignacio López Bustos, en 2022, en el marco de la instrucción de una causa que involucraba a familiares suyos. Los hechos estaban relacionados con un accidente que sufrió su padre en el cual estaban involucradas y denunciadas la pareja del hombre y sus hijas, medias hermanas de Ballesteros.

Según el expediente judicial, las mujeres empujaron al hombre en una discusión y esa caída le provocó la fractura de cadera al hombre. Ballesteros pretendía que el fiscal a cargo, Zapata, solicite la prisión preventiva contra las acusadas. El fiscal se negó a disponer esa medida y, luego de sufrir presiones y amenazas por parte de la jueza, terminó apartándose del cargo. Idéntica situación padeció que el fiscal López Bustos, donde la causa había sido girada tras la decisión adoptada por su par.

En su presentación ante la Legislatura, Leiva Haro informó que por ese incidente su colega María Antonella Burgos denunció a Ballesteros ante la Corte Suprema de Justicia, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

“La aludida letrada argumentó que, en su carácter de defensora de Lorena Ballesteros (media hermana de la Jueza), en el legajo que tramitaba ante el Fiscal (Ignacio) López Bustos, la Magistrada María Carolina Ballesteros ejercía su influencia de tal, al intervenir en el expediente sin ningún tipo de representación legal. Explicó que se vio “violentada” por la injerencia de la Jueza y que también el anterior Fiscal de la causa, doctor Augusto Zapata, debió apartarse de seguir interviniendo por la violencia moral ejercida en su contra por parte de la propia Magistrada”.

El denunciante sostuvo que estos hechos “revisten una gravedad institucional inusitada, y adquieren mayor relevancia y trascendencia cuando se advierte que la persona involucrada en una Jueza, quien en la práctica debe impartir Justicia y garantizar el debido proceso y el efectivo cumplimento y aplicación de la Ley”. Según el abogado, “de la lectura del planteo efectuado por el Dr. López Bustos, se observa que el comportamiento de la Magistrada Ballesteros está inmerso en las causales de juicio político previstas por la Constitución Provincial”.

Otras pruebas

En una ampliación del pedido de juicio político presentado en la Legislatura, el abogado Leiva Haro aportó como pruebas “los hechos vinculados a las presentaciones efectuadas por la mayoría de las personas que trabajaban en el ex Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Vª Nominación del Centro Judicial Capital, que estaba a cargo de la magistrada Ballesteros”. Agregó que estos empleados solicitaron “numerosas actuaciones ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, referidas al accionar reprochable e irregular de la magistrada Ballesteros, en las cuales los integrantes de ese Juzgado solicitaron su traslado a otra dependencia del Poder Judicial”.

Según Leiva Haro, “el elemento común de todas esas presentaciones lo constituye el maltrato de parte de la magistrada Ballesteros, las humillaciones a la que eran sometidos los empleados y funcionarios, las embestidas diarias que ejercía ante todos los integrantes del Juzgado, haciendo uso y abuso de su condición de Jueza, según se puede leer en la mayoría de las notas presentadas”.

En su presentación ante la Legislatura, el denunciante solicitó que sean citadas a declarar como testigos 20 personas que trabajaban en el Juzgado Penal de la V ª Nominación bajo órdenes de la jueza Ballesteros, entre estos los ocho empleados que elevaron los pedidos de traslado.

El tercer elemento en el pedido de juicio político que se tramita en la Legislatura está relacionado con el juicio que Ballesteros le inició a la Caja Popular de Ahorros, en el que le reclama el pago de $ 8.4 millones a la ART de esa entidad (POPULART) por un accidente de tránsito que sufrió. “En este proceso, la Magistrada presentó un informe médico en el cual manifiesta que, secuela del accidente, sufrió una incapacidad parcial permanente y definitiva estimada en el 40%. La historia clínica firmada por la psiquiatra Lidia Fátima Assad afirma que: “A partir de ese acontecimiento (el accidente), el quehacer cotidiano ha cambiado radicalmente, es una persona obsesiva, compulsiva, por momentos ni su tratamiento farmacológico logra calmar su estado de ánimo (…) Presenta una incapacidad de orden mental de un 45% parcial y crónico””, indicó Leiva Haro.

Sin embargo, el abogado Leiva Haro advirtió que Ballesteros “continuó participando en forma ininterrumpida de concursos para la Justicia provincial, ante el Consejo Asesor de la Magistratura, y también de concursos federales, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Detalló que en uno de esos concursos se agregó un informe psicológico y psicotécnico de la jueza, tras ser evaluada el 19 de septiembre de 2016, que informa que la magistrada estaba en plena aptitud para el cargo que se postulaba, “destacando entre otras cosas, que se capacidad para controlar sus impulsos en buena, la tolerancia a la frustración es buena, su capacidad para responder a estímulos intensos es buena”. En este punto, el denunciante señaló que “estos datos que surgen de la evaluación psicológica que le efectuaron a la Magistrada Ballesteros, claramente son contradictorios con el informe presentado en el juicio laboral iniciado por ella”.

Por los antecedentes expuestos, Leiva Haro sostuvo que “la Magistrada María Carolina Ballesteros desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita sea removida de su cargo”.