Los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de gobierno porteño se reunieron este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, donde acordaron impulsar un proyecto de ley para exigir un porcentaje mayor de los Aportes del Tesoro Nacional y que lo recaudado por el cobro del Impuesto a los Combustibles Líquidos se coparticipe a sus distritos.
De la reunión esta vez participaron el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la intención de limar asperezas con los mandatarios y atender otros reclamos puntuales.
Al finalizar la audiencia, disconformes con lo conversado, los gobernadores firmaron todos una iniciativa para exigir al Gobierno del presidente Javier Milei el envío de más fondos a sus distritos, que se ven afectados por una fuerte caída en los niveles de recaudación por la baja del consumo y los recortes de recursos coparticipables.
“Proponemos un Proyecto de Ley mediante el cual se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, dice el documento suscrito por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño.
“Por otra parte, en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias, definimos que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548″, agregaron los mandatarios provinciales. Y aseguraron que “su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.
De la reunión participaron presencialmente 16 gobernadores: los peronistas aliados al Gobierno Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); el cordobés Martín Llaryora; el rionegrino Alberto Weretineck; el salteño Gustavo Sáenz; los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); los peronistas-kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); los macristas Jorge Macri (jefe de gobierno porteño), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); el sanjuanino Marcelo Orrego, el puntano Claudio Poggi (San Luis) y el misionero Hugo Passalaqua. Se sumaron más tarde Carlos Sadir (Jujuy) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y enviaron a sus vicegobernadores las provincias de Chaco, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. En tanto, los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de Corrientes, Gustavo Valdez, quienes se conectaron por Zoom.
Antes de la reunión, pocos mandatarios esperaban irse con resultados concretos. “Sabemos que se reunieron los gobernadores y estamos abordando cómo avanzar con el tema de los impuestos a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para ver si podemos llegar a un entendimiento. Siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números”, sostuvo esta mañana el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Cadena 3 desde Córdoba.
“Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en Argentina si el gobierno nacional no reacciona en tiempo y forma”, dijo Jaldo el viernes último tras encabezar el acto por el Día de la Bandera en la Plaza Independencia. En esa oportunidad, el mandatario tucumano ¿ planteó que en la reunión “vamos a plantear el tema fiscal de las provincias, pero también vamos a llevar casos concretos”. También remarcó que se hablaría de comercios e industrias que “se van cerrando en las provincias”, con un foco no solo en el Estado provincial, sino también en la actividad privada.
Con una baja ostensible en la recaudación por una baja en el consumo, los gobernadores protestan también por el abrupto corte en la obra pública nacional, mientras desde el Gobierno apuntan al equilibrio fiscal como prioridad. Los mandatarios enarbolan un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que advirtió que hay por lo menos unos 47 créditos internacionales otorgados a las provincias por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, subejecutados, y cuyos fondos no llegan a destino.
Consejo de Mayo
En este contexto de reclamos crecientes, el Gobierno organizará mañana desde las 9 la primera reunión del Consejo de Mayo, establecido en el Pacto de Mayo firmado el 9 de julio pasado por 18 provincias, y que contiene diez puntos de consenso que deberían convertirse en proyectos de ley a ser tratados en el Congreso.
Encabezado por Francos, estarán mañana en la Casa Rosada el diputado Cristian Ritondo (Pro) y la senadora Carolina Losada (UCR); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el gremialista del rubro de la construcción, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, y Martín Rappallini, flamante titular de la UIA, por el empresariado.
Antes de publicar el decreto de designaciones, el 5 de este mes, el Consejo ya tenía como representante del Poder Ejecutivo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se designó, en el mismo decreto, a la joven María Cecilia Domínguez Diacoluca, egresada de la Universidad Di Tella y miembro del staff de Sturzenegger, como secretaria técnica del Consejo.
Con información del diario La Nación