Causa YMAD: la querella reclamó 6 años de cárcel para Cerisola y 4 años para el exdiputado Sacca

En la penúltima jornada de alegatos del juicio oral y público por la causa relacionada con el denominado “robo de la Ciudad Universitaria”, la querella pidió este martes la pena 6 años de cárcel para el exrector de esa casa de altos estudios, Juan Alberto Cerisola, tal como había requerido el Ministerio Público Fiscal.

Se trata del expediente que investiga el presunto uso irregular de una cifra multimillonaria proveniente de la actividad minera a través de la firma Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que tiene a la UNT como socia junto a la provincia de Catamarca.

A través del abogado Patricio Esperguín, la UNT, en su rol de querellante, pidió condenar a Cerisola como coautor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes, con la máxima pena prevista en el Código Penal para este tipo de ilícitos: 6 años de prisión. Además, requirió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La querella también coincidió con la Fiscalía y solicitó una condena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, como coautora del presunto delito de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Esperguín pidió una condena de 4 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ocupar cargos en el Estado contra el exsubsecretario Administrativo de la UNT y exdiputado nacional Luis Sacca, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público . En este último caso, la Fiscalía había pedido que Sacca cumpla 2 años de prisión condicional.

El abogado de la UNT también pidió una pena de 2 años de prisión e inhabilitación perpetua contra Osvaldo Venturino, exdirector de Contrataciones e Inversiones de la casa de altos estudios, como presunto coautor penalmente responsable del delito de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes a su cargo.

Finalmente, Esperguín coincidió con el MPF para que los exfuncionarios universitarios, en caso de ser declarados culpables, realicen un reintegro multimillonario de fondos para compensar el daño ocasionado al erario público (en este caso, la UNT). A Cerisola se le requieren $ 19.257 millones; a Cudmani la cifra de $ 4.910 millones; alrededor de $ 32.000 millones a Venturino y cerca de $ 250 millones a Sacca. La suma planteada por la Fiscalía revela la magnitud del desfalco investigado, como consecuencia del cual, por ejemplo, nunca llegó a construirse la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

Se espera que este miércoles se concreten los alegatos de la defensa de los acusados: Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen (por Cerisola), Alfredo Falú (por Cudmani), Víctor Taleb (por Sacca) y Pamela Tenreyro (por Venturino), quienes ya adelantaron que pedirán la absolución de los acusados y el archivo de las actuaciones.

Graves irregularidades

El juicio del caso YMAD, que se inició hace 13 meses, busca dilucidar cuál fue el destino que se dio a unos $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT entre 2006 y 2009, en concepto de utilidades de la minería, para avanzar con la obra de la Ciudad Universitaria, que nunca se concretó.

En cambio, ese proyecto fue reemplazado por una serie de obras menores y refacciones en las Facultades de la UNT, que devinieron en una denuncia del arquitecto Ramón Eudal –ya fallecido- en el año 2010, que devino en una investigación por los sobreprecios en esas obras y la malversación de los fondos en colocaciones financieras.

Al exponer ante el tribunal, integrado por los jueces Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, el fiscal de la causa Pablo Camuña, habló de un esquema de corrupción estructural liderado por el exrector Cerisola con relación al uso de las regalías mineras correspondientes a la UNT entre 2006 y 2009.

El fiscal advirtió irregularidades por el cambio del sistema de contratación de obras (se dejó de usar la ley de obras públicas y se la reemplazó por un régimen propio) y advirtió sobre el perjuicio ocasionado a la UNT por la decisión de no avanzar con el proyecto de la Ciudad Universitaria.

La fiscal auxiliar Lucía Doz Costa, por su parte, se refirió a la obligación que tiene el Estado de transparencia en las contrataciones y hizo hincapié en las irregularidades y presuntos sobreprecios en 13 obras en la UNT por los que se acusó a Cerisola y otros exfuncionarios.

Tras la última jornada de alegatos, prevista para este miércoles, el tribunal integrado por los jueces Basbús, Farías y Lilljedahl estará en condiciones de dictar sentencia, lo cual, se estima, podría concretarse el mes que viene.