Sandra Figueroa reapareció en la Legislatura en medio del escándalo político-judicial en Alberdi

En un contexto cargado de tensiones políticas y judiciales, la legisladora provincial Sandra Figueroa, esposa del ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, reapareció este martes en la sesión de la Cámara Legislativa de Tucumán donde se abordó la primera parte del Digesto Jurídico provincial. Su retorno al recinto marcó un punto sorpresivo tras su ausencia, solicitada de facto al presidente del cuerpo, Miguel Acevedo, luego de que estallara el escándalo institucional que sacudió a Alberdi y motivó la intervención del municipio por parte del gobernador Osvaldo Jaldo.

Antes de dar por finalizada la sesión, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, dedicó un gesto especial a Figueroa al expresar: “Quiero saludarla especialmente y es un gusto tenerla de nuevo con nosotros”. Este reconocimiento público sorprendió, dado que la parlamentaria se encuentra bajo la lupa de la Justicia Federal y local, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos, en una causa que también involucra a su esposo y a otros ex funcionarios municipales. La situación es tan delicada que podría derivar en un pedido de desafuero, aunque su inmunidad parlamentaria la protege por el momento.

En la última reunión parlamentaria, el propio Mansilla, había salido en defensa de la honorabilidad de Luis Campos, destacando su trayectoria al frente de Alberdi. El matrimonio Campos-Figueroa, que gobernó los destinos de la ciudad del sur tucumano durante 22 años consecutivos, alternándose en la intendencia y otros cargos públicos, se encuentra ahora en el centro de una tormenta política y judicial que ha conmocionado a la provincia.

El escándalo que desató la crisis

El origen de la crisis institucional en Juan Bautista Alberdi se remonta a principios de junio, cuando se filtró un audio comprometedor entre Luis Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez, conocido en la localidad por sus contratos de obra pública. En la grabación, ambos discutían sobre el manejo de la policía, el control de la violencia y presuntas conexiones con el narcotráfico en el municipio. Frases como “vos tenés que decir a la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo, a la muerte la manejo yo”, pronunciadas por Giménez, desataron una ola de indignación y preocupación en la comunidad.

La viralización del audio llevó al gobernador Jaldo a intervenir el municipio, destituyendo a Campos y designando a Guillermo Norry como interventor. El Mandatario, quien calificó los hechos como un “grave desorden institucional”, convocó a elecciones para el 26 de octubre y enfatizó su postura contra el narcotráfico: “No vamos a ser flexibles con quienes estén vinculados con la comercialización de drogas”.

La Justicia Federal, a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, amplió la investigación, incluyendo a Sandra Figueroa, Luis Campos, el ex secretario de Hacienda José Roldán y al propio Giménez, quien cumple prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz.

La presencia de Sandra Figueroa en la Legislatura reavivó el debate sobre su rol político en un momento en que su figura está cuestionada. Si bien su licencia no fue formalmente aprobada, su regreso al recinto evidencia su intención de mantener su lugar en el escenario político provincial, a pesar de las sombras que rodean su situación judicial. La investigación en curso, que podría escalar hasta un pedido de desafuero, pone a prueba la solidez de las instituciones tucumanas y el manejo de un caso que expone los desafíos de la provincia frente a la corrupción y el narcotráfico.