La oposición denuncia opacidad y golpe electoralista ante el DNU de Jaldo para las obras en el "PROCREAR Tucumán"

El Gobierno de Osvaldo Jaldo desató una fuerte controversia al dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 3/5, que crea el Programa "PROCREAR Tucumán" para retomar y finalizar la construcción de unas 3.000 viviendas en Manantial Sur, en la capital provincial, iniciadas bajo el extinto programa nacional disuelto por la administración de Javier Milei. La normativa, adelantada por Tendencia de Noticias, que declara la emergencia en obra pública hasta el 31 de diciembre de 2027, autoriza al Ejecutivo a eludir los procesos licitatorios y optar por contrataciones directas para todas las obras del programa, una decisión que la oposición calificó como un "atropello" a la transparencia y a la división de poderes.

Al respecto, las críticas se centraron en la falta de controles y en las posibles intenciones electoralistas detrás de la medida. El legislador Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, expresó su preocupación por los riesgos de corrupción que implica la contratación directa sin regulaciones claras. “Estamos de acuerdo en que Tucumán necesita soluciones habitacionales inmediatas. Pero no podemos permitir que se usen mecanismos excepcionales como norma general. La contratación directa tiene que ser una herramienta de emergencia, no un atajo discrecional”, afirmó. Bussi propuso establecer límites estrictos, como “montos máximos de contratación, plazos acotados, informes técnicos que justifiquen la urgencia y obligatoriedad de control público con publicación de precios, pliegos y adjudicatarios”. Además, advirtió: “Ya lo vimos en otros proyectos del Instituto Provincial de la Vivienda: se adjudicaron obras por contratación directa que nunca se entregaron. Sin reglas claras, esto puede convertirse en un nuevo foco de corrupción”.

Por su parte, José Seleme, representante de La Libertad Avanza, reconoció el valor de la construcción de 500 viviendas dentro del marco de PROCREAR II, pero cuestionó duramente el método empleado por el Ejecutivo. “No podemos negar que la construcción de nuevas viviendas es una noticia positiva. Cada casa que se construye significa una oportunidad para que una familia tucumana cumpla el sueño de la vivienda propia, un derecho fundamental que desde La Libertad Avanza apoyamos con convicción”, señaló. Sin embargo, agregó: “El problema no radica en las viviendas, sino en el método. El gobernador Jaldo ha decidido, a través de un DNU, autorizar al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Economía a realizar contrataciones directas para estas obras, evitando los procesos de licitación pública y, lo que es más grave, sin el debate ni la aprobación de esta Legislatura provincial”.

Sacrificar la transparencia

Seleme acusó al Gobierno de violar el artículo 12 de la Constitución de Tucumán, que exige transparencia y licitaciones abiertas para las contrataciones públicas, salvo en casos de extrema urgencia. “¿Dónde está la urgencia, señor Gobernador? ¿Cuál es la circunstancia imprevista que justifica este DNU? Porque lo que vemos es otra urgencia: la urgencia electoral. El 26 de octubre se acercan las elecciones, y parece que el Gobernador, viendo las encuestas que favorecen a nuestro espacio, busca desesperadamente un golpe de efecto para revertir una derrota que percibe inminente”, denunció. Para el legislador, la maniobra es “un intento de mostrar gestión a cualquier costo, sacrificando la transparencia y el control que los tucumanos merecemos sobre el uso de los fondos públicos”.

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de garantizar la fiscalización de los fondos públicos. Bussi insistió en que “eficiencia sí, pero con ejemplaridad. Si hay transparencia, control y límites, esta medida puede funcionar. Pero si no, se corre el riesgo de usar la necesidad de la gente como coartada para el descontrol”. Por su parte, Seleme exigió que “cada peso invertido en estas 500 viviendas, y en todo el proyecto PROCREAR, sea fiscalizado, auditado y aprobado por esta Legislatura, como corresponde en una democracia republicana”.

La polémica pone en el centro del debate la tensión entre la urgencia habitacional y la necesidad de garantizar procesos transparentes. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una solución al déficit de viviendas, la oposición advierte que el DNU no solo vulnera las facultades legislativas, sino que abre la puerta a posibles irregularidades en un contexto electoral incierto.