El abogado Mario Leiva Haro ratificó este jueves el pedido de juicio político que presentó en la Legislatura contra la jueza María Carolina Ballesteros por supuesto mal desempeño de sus funciones. El letrado ratificó en todos sus términos el planteo mediante el cual requirió la destitución de la magistrada y realizó una ampliación de la demanda, en la que adjuntó el testimonio de varios empleados que trabajaban en el ex Juzgado de Instrucción Penal de la Vª Nominación que denunciaron supuestos malos tratos por parte de la magistrada cuando ella estaba al frente de ese despacho.
El eje principal de la demanda impulsada por el denunciante contra Ballesteros se sustenta en las presiones que la jueza ejerció contra los fiscales penales José Augusto Zapata e Ignacio López Bustos, en 2022, en el marco de la instrucción de una causa que involucraba a familiares suyos.
En los últimos días, polémica jueza quedó expuesta al viralizarse dos escandalosos videos, correspondientes a audiencias judiciales del fuero penal, que la tienen como protagonista. En una de las grabaciones, Ballesteros mantiene una fuerte discusión con el fiscal Carlos Picón, quien la acusa de haber viralizado un meme suyo. En el otro video, Ballesteros cuestiona a las autoridades del Poder Judicial, como el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y el vocal de la Corte Suprema, Antonio Estofán, por seguir ejerciendo sus cargos a pesar de tener más de 75 años de edad, y los comparó con Mirtha Legrand.
Antes de que se viralicen estos videos, la Corte Suprema ya tenía iniciados otros expedientes contra Ballesteros, algunos de los cuales estarían próximos a resolverse.
En paralelo a las actuaciones, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura ahora tiene en sus manos el pedido de destitución contra la jueza, que este jueves fue ratificado por Leiva Haro.
Nuevas pruebas
En su ampliación de la denuncia, el letrado aportó como prueba “los hechos vinculados a las presentaciones efectuadas por la mayoría de las personas que trabajaban en el ex Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Vª Nominación del Centro Judicial Capital, que estaba a cargo de la magistrada Ballesteros”. Agregó que estos empleados solicitaron “numerosas actuaciones ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, referidas al accionar reprochable e irregular de la magistrada Ballesteros, en las cuales los integrantes de ese Juzgado solicitaron su traslado a otra dependencia del Poder Judicial”.
Según Leiva Haro, “el elemento común de todas esas presentaciones lo constituye el maltrato de parte de la magistrada Ballesteros, las humillaciones a la que eran sometidos los empleados y funcionarios, las embestidas diarias que ejercía ante todos los integrantes del Juzgado, haciendo uso y abuso de su condición de Jueza, según se puede leer en la mayoría de las notas presentadas”.
Como ejemplos, citó una nota presentada por el empleado Juan Martín Bulacio González ante la Corte Suprema de Justicia quien señala: “Creo que es de público conocimiento en el ámbito del poder judicial los problemas que la Sra. Jueza acarrea y traslada al resto del personal, pues no soy el único en intentar emigrar de este Juzgado”.
También aportó el testimonio de otro trabajador del Poder Judicial, Juan Villarrubia, quien al efectuar el pedido para ser trasladado expuso: “Es de público y notorio conocimiento el tenor de las relaciones que la Sra. Magistada ha tenido desde su arribo a la mencionada oficina, lo que ha derivado en los traslados de otros compañeros, a saber: Marcos Taboada, Lilia Peralta, María Eugenia Sánchez, Alejandra Sain, Demetrio Kuchimpos y Carlos López. Mi situación no resulta extraña a dicho contexto”.
En su presentación ante la Legislatura, el denunciante solicitó que sean citadas a declarar como testigos 20 personas que trabajaban en el Juzgado Penal de la V ª Nominación bajo órdenes de la jueza Ballesteros, entre estos los ocho empleados que elevaron los pedidos de traslado.