La Legislatura de Tucumán, presidida por Miguel Acevedo, celebró la segunda de cuatro sesiones destinadas a avanzar en el Digesto Jurídico Provincial, un proyecto clave para consolidar, ordenar y sistematizar las normas legales vigentes en la provincia. Este proceso, iniciado en marzo de 2024 bajo la dirección de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, presidida por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, busca facilitar el acceso y la comprensión del marco legal para ciudadanos, profesionales del derecho y autoridades.
Con un universo normativo de aproximadamente 4.600 leyes vigentes, se estima que unas 3.000 serán depuradas, consolidando cerca de 1.500 normas. En esta sesión, las comisiones legislativas analizaron detalladamente leyes en diversas áreas, destacándose la necesidad de actualizar el Código Tributario Provincial y fortalecer normativas contra el narcomenudeo y el nuevo Código Procesal Penal. A continuación, se detallan los aportes de cada comisión, con las palabras de los legisladores y las recomendaciones elevadas.
Hacienda y Presupuesto: Hacia un Código Tributario moderno
La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Carlos Gallia, analizó 131 leyes, desglosadas en 58 a caducar (44%), 51 vigentes (40%), 3 a derogar (2%) y 19 a consolidar (14%). Gallia destacó la acumulación de legislación tributaria obsoleta, que genera confusión e ineficiencia: “Tenemos normas presupuestarias, tributarias y financieras vigentes, modificadas, derogadas parcialmente o directamente obsoletas, que muchas veces se contradicen o dificultan su aplicación. El Digesto no inventa nuevas reglas, sino que reorganiza y consolida el cuerpo normativo existente, lo que permitirá un compendio sistematizado, público y accesible de todas las leyes que regulan los recursos, el gasto público y el régimen impositivo”.
Entre las leyes destacadas, Gallia subrayó la Ley 9629, que promueve la economía del conocimiento con beneficios fiscales hasta 2050, y la Ley 8495, que habilita mecanismos de endeudamiento responsable. Sin embargo, Claudio Viña, vicepresidente de la Comisión, enfatizó la urgencia de reformar el Código Tributario Provincial (Ley 5121, que data de 1979): “Es un collage de normas con 359 artículos, modificado por 47 leyes y vinculado a 40 más. Necesita una nueva redacción para adaptarse a realidades como el comercio virtual o la evasión fiscal moderna. Las modificaciones parche no alcanzan”.
Vargas Aignasse elogió el análisis minucioso realizado por ese cuerpo y propuso continuar la revisión conjunta con el Ministerio de Economía hasta la sanción final del Digesto, prevista para el 2 de julio. Se aceptaron casi todas las sugerencias de Hacienda, incluyendo la incorporación de la Ley 9666 (hoy caduca, que considera a la actividad turística como rama industrial) y ajustes en el anexo de leyes caducas.
Seguridad y Justicia: Fortalecer el combate al narcomenudeo y la Reforma Penal
La Comisión de Seguridad y Justicia, presidida por Carlos Najar, destacó la Ley 9188 de narcomenudeo como pilar del nuevo ordenamiento jurídico. El parlamentario del PJ resaltó su impacto: “La Ley de narcomenudeo rompe con décadas de delegación pasiva a la justicia federal, permitiendo actuar de manera directa y efectiva contra este flagelo. Hoy, las fuerzas federales la utilizan para desmantelar redes de narcotráfico, logrando numerosos secuestros”.
En tanto, su par, Maia Martínez, subrayó los avances del nuevo Código Procesal Penal (Ley 8934 y modificatorias), que modernizó los juicios penales: “En 2023, el sistema dictó 3.090 sentencias definitivas, frente a 592 en 2018. Las causas se resuelven en menos de 6 meses, con una tasa de resolución cercana al 100%”.
Asimismo, otro de los miembros informantes de la comisión, Alejandro Figueroa, destacó la Ley 9824, que regula técnicas especiales de investigación como el agente encubierto, garantizando el debido proceso.
Al respecto, Vargas Aignasse respaldó las propuestas de Seguridad y Justicia, enfatizando que una normativa clara fortalece el estado de derecho y se incorporaron todas las recomendaciones al dictamen final.
Deportes: Inclusión y sostenibilidad
Presidida por Ricardo Bussi, la Comisión de Deportes analizó leyes clave para el sector, priorizando la sostenibilidad del sistema normativo. Bussi destacó el rol del deporte como integrador: “Un chico institucionalizado en un club es un chico menos en la calle. Mantenemos vigentes leyes como la 3696, que regula el Hipódromo de Tucumán, y la 8085, sobre colombofilia (práctica que involucra la cría, entrenamiento y cuidado de palomas mensajeras, con el objetivo de participar en competiciones de vuelo y carreras), para preservar actividades tradicionales” (Ricardo Bussi).
José Macome, otro integrante de la comisión, resaltó la Ley 9868, que protege a clubes de acreedores, y la Ley 9825, que establece la ficha médica deportiva única digital, promoviendo la seguridad en la práctica deportiva.
Desde la Comisión de Digesto, Alberto Olea subrayó la visión integral del deporte como herramienta de inclusión y salud, aceptando todas las recomendaciones de la comisión, incluyendo la incorporación de la Ley 9868 al texto consolidado.
Asuntos Municipales y Comunales: Fortalecer la autonomía local
Raúl Moreno, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, analizó 71 leyes, destacando la necesidad de actualizar la Ley 5529 (Régimen Orgánico de Municipios) y la Ley 7350 (Comunas Rurales): “Es fundamental que los municipios y comunas cuenten con un marco normativo claro para ejercer su autonomía y responder a las necesidades de sus comunidades”.
Al momento de brindar las recomendaciones respectivas, Roque Alvarez celebró el ordenamiento municipal como base de la democracia local, proponiendo una revisión futura de leyes obsoletas para adaptarlas al siglo XXI. Se aprobaron todas las sugerencias de la comisión.
Derechos Humanos y Defensa del Consumidor: Una legislación para la dignidad
Gabriel Yedlin, desde la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, destacó leyes como la 8514 (sitios de memoria) y la 9710 (derecho a la identidad biológica): “En un contexto de negacionismo nacional, Tucumán sostiene la memoria, verdad y justicia. La Ley 9710 garantiza acceso a registros y análisis de ADN para quienes buscan su identidad”.
Alfredo Toscano y Manuel Courel resaltaron la Ley 9862, que obliga a comercios a aceptar devoluciones en horarios de venta, y la Ley 9405, que suspende juicios por planes de ahorro hasta diciembre de 2025.
Al brindar sus consideraciones al respecto, Vargas Aignasse valoró el enfoque en derechos humanos y consumo, incorporando todas las modificaciones propuestas al dictamen.
Legislación Social: Derechos e inclusión
Alejandra Cejas, desde la Comisión de Legislación Social, enfatizó el Digesto como un sistema ordenado que promueve la transparencia: “No es solo una colección de normas, sino un instrumento para evitar duplicidades y garantizar la aplicación efectiva del derecho”.
Se destacaron la Ley 9763 (retiro de agentes estatales) y la adhesión a la Ley Micaela (Ley 9247), que promueve la capacitación en perspectiva de género.
Olea respaldó las correcciones técnicas propuestas, como la renumeración en la Ley 6059 (Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán) y aprobó el dictamen.
Asuntos de las ONG: Ordenar el Asociativismo
Hugo Ledesma, presidente de la Comisión de ONG, analizó normas que regulan asociaciones y cooperativas, destacando la Ley 3910, que adhiere a la normativa nacional de cooperativas: “Es esencial consolidar normas como la 3910 y la 8537 para brindar herramientas a las cooperativas, que son vitales para muchas familias tucumanas”. Vargas Aignasse aprobó el dictamen, valorando la predisposición de la comisión.
Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte: Infraestructura para el progreso
Tulio Caponio resaltó el impacto de las leyes de obras públicas en hospitales, escuelas y servicios básicos: “Con estas normativas, los tucumanos funcionamos y cada vez estamos mejor”.
José Seleme propuso modernizar la Ley 6210 de transporte público, adaptándola a nuevas tecnologías y hábitos.
Eduardo Verón Guerra, representante de la Comisión de Digesto, destacó la consolidación de leyes como la 6423 (energía) y la 8479 (creación del ERSEPT), aprobando el dictamen con el compromiso de reformar la Ley de Obras Públicas.
El próximo 1 de julio, continuarán las sesiones abocadas al tratamiento del Digesto Jurídico con el análisis de las normas vinculadas a las comisiones de Adicciones; Legislación General; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Asuntos Constitucionales; Juventud; Mercosur; Educación. Además, se focalizará el estudio de leyes especiales, tales como: Ley de Ministerios; Ley Orgánica de Tribunales; Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros; Código Tributario y Ley Orgánica del Subsidio de Salud.