Un subcomisario le exige al Estado tucumano su ascenso efectivo pese a estar implicado en un posible acto de sedición

El Gobierno de Tucumán resolvió rechazar el pedido de ascenso del subcomisario Ángel Gabriel Palavecino al grado de comisario, a pesar de que el oficial ocupaba el puesto 29 en el orden de mérito establecido para las promociones policiales. La decisión, formalizada mediante el Decreto N° 2843/7, responde a un antecedente penal de tentativa de sedición que figura en su planilla prontuarial y a la ausencia de un sobreseimiento judicial que habilite su promoción, conforme a las disposiciones del Reglamento del Régimen de Promociones Policiales (RRPP).

El caso se originó en el Decreto N° 2.051/7 (SES) del 15 de julio de 2024, que dispuso los ascensos del personal policial de planta permanente de la Jefatura de Policía, en los escalafones de Seguridad, Profesional y Técnico, basados en listas de mérito elaboradas por las Juntas de Calificaciones. Palavecino presentó el 27 de agosto de 2024 una solicitud ante el gobernador provincial, alegando una "omisión" en su ascenso y denunciando un acto de discriminación. Sin embargo, los considerandos del decreto desestiman esta impugnación al exponer el proceso administrativo que llevó a su exclusión.

De acuerdo con las actuaciones del Expediente respectivo, la Junta de Calificaciones confeccionó el orden de mérito el 3 de julio de 2024. Los antecedentes de Palavecino incluyeron su DNI, foja de servicios y la planilla prontuarial con el registro de la causa por tentativa de sedición. El Dictamen Fiscal N° 1.729 del 5 de julio de 2024 recordó que los artículos 86 y 87 del RRPP permiten reservar vacantes para postulantes inhabilitados por procesos judiciales, siempre que se presente el sobreseimiento judicial para reactivar la promoción.

Exclusión fundada

Inicialmente, la Junta ratificó su postulación el 6 de julio de 2024, considerando un sobreseimiento administrativo. No obstante, el Dictamen Fiscal N° 1.761 del 10 de julio de 2024 aclaró que "lo aportado es un sobreseimiento administrativo y que no consta el pronunciamiento judicial requerido por las normas", en línea con la Asesoría Letrada General de la Policía. Como resultado la Junta resolvió excluirlo de la nómina. "Que de las constancias señaladas surge que la observación efectuada en los Dictámenes Fiscales obedece a la registración de una causa de sedición en su planilla prontuarial y a la falta de presentación oportuna de una constancia judicial que justifique su desvinculación del referido proceso, para hacer posible la aplicación de las previsiones de los artículos 86 y 87 del RRPP", explica el decreto.

El rechazo al recurso se ampara en el Dictamen de Fiscalía de Estado N° 1876 del 8 de septiembre de 2025, que concluye que la exclusión "encuentra sustento en los antecedentes aportados en las actuaciones que dieron origen al acto cuestionado". El rechazo al planteo, firmado por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y el secretario de Estado del parea, Gustavo Vizcarra, intenta subrayar el rigor en los procesos de ascenso policial, priorizando la integridad institucional sobre los reclamos individuales.