Por ley, Tucumán reconocerá a los Centros de Estudiantes como órganos democráticos de representación

Una iniciativa clave para fortalecer la participación estudiantil en la provincia dio un paso significativo. La Comisión de Educación de la Legislatura emitió dictamen favorable al proyecto de ley impulsado por la legisladora Adriana Najar (foto inferior), que busca la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional N° 26.877 y el reconocimiento de los Centros de Estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil. Se espera que la propuesta sea tratada en la sesión prevista para la próxima semana.

La iniciativa alude a los Centros en los establecimientos educativos de Nivel Secundario, Nivel Superior No Universitario y de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, ya sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social. Además de esta adhesión, se propone la creación de un marco normativo específico que garantice su constitución, funcionamiento, promoción y fortalecimiento.

Según la exposición de motivos del proyecto, argumentada por Najar, uno de los pilares de esta propuesta es la convicción de que "la participación estudiantil organizada representa una herramienta clave para la construcción de prácticas democráticas desde la escuela y en la escuela". La parlamentaria oficialista enfatizó que "el reconocimiento y acompañamiento institucional de los Centros de Estudiantes constituye una medida fundamental para promover el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las y los estudiantes, desde una perspectiva democrática, participativa, pluralista y comprometida con los derechos humanos".

La iniciativa, que contó con la adhesión de las firmas de Carolina Vargas Aignasse, Sara Lazarte de Fernández, Roberto Moreno, Maia Martínez y Sandra Figueroa, establece que los Centros surgirán como una iniciativa autónoma de los estudiantes de cada establecimiento educativo, garantizándoles el derecho a organizarse libremente, integrarse y ejercer sus derechos dentro del ámbito institucional. Se destaca que podrán participar todas las personas que acrediten su condición de estudiantes, sin ningún otro requisito adicional.

Los objetivos de estos Centros, de acuerdo al proyecto, son amplios y fundamentales:

• Fomentar la participación activa, crítica y propositiva de los estudiantes en todas las cuestiones que afecten su vida educativa, institucional y social.

• Defender, promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos estudiantiles, asegurando canales institucionales para su efectiva protección.

• Contribuir al cumplimiento del derecho a la educación entendida como bien público y derecho social.

• Promover una cultura política democrática, pluralista y participativa, basada en el debate, la deliberación, el respeto por las diferencias y la búsqueda de consensos.

• Estimular la formación ciudadana, generando espacios de construcción colectiva, liderazgo solidario y compromiso con la comunidad, así como proponer actividades que promuevan el ingreso, permanencia y terminalidad de sus representados.

• Rechazar toda forma de discriminación, violencia, exclusión o marginación, y promover el respeto por la diversidad.

• Propiciar vínculos solidarios y cooperativos entre los miembros de la comunidad educativa, fomentando la convivencia pacífica y la resolución no violenta de conflictos.

• Acompañar procesos institucionales de toma de decisiones, canalizando la voz del estudiantado en espacios de participación escolar como consejos escolares o cooperadoras.

La propuesta legislativa también exige que los Centros de Estudiantes elaboren y aprueben un estatuto propio de cumplimiento obligatorio, que deberá ajustarse a principios de representación proporcional, participación democrática, equidad de género, pluralismo, autonomía y transparencia.

Para garantizar el correcto funcionamiento, la dirección de cada establecimiento educativo deberá garantizar un espacio físico adecuado y accesible para el desarrollo de sus actividades, previo acuerdo entre representantes estudiantiles y el equipo de conducción.

Registro Único

Un componente fundamental del proyecto es la creación del Registro Único Provincial de Centros de Estudiantes, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación y la Secretaría de la Juventud. Este registro permitirá institucionalizar, sistematizar y acompañar a estos espacios de representación. Para la inscripción, los Centros de Estudiantes deberán presentar una copia de su estatuto vigente, la nómina de integrantes del Cuerpo de Delegados y la nómina de integrantes de la Comisión Directiva. Al respecto, Najar enfatizó que "este registro brindará información actualizada sobre su existencia, composición y actividades, facilitando su reconocimiento formal y el diseño de políticas públicas orientadas a su fortalecimiento".

El Ministerio de Educación de la Provincia es designado como la Autoridad de Aplicación de esta ley. Además, en articulación con la Secretaría de Estado de la Juventud, diseñará e implementará campañas de difusión, formación y promoción para fomentar la creación y el fortalecimiento de estos centros en todo el territorio provincial. El Ministerio también podrá brindar acompañamiento técnico, institucional y pedagógico, siempre respetando su autonomía.

Najar vinculó esta iniciativa con avances democráticos previos, señalando que "es oportuno recordar que la ampliación del derecho al sufragio a partir de los 16 años —conocido como 'voto joven'— fue un hito en la consolidación de los derechos civiles y políticos de las juventudes en nuestro país. En coherencia con ese avance, esta ley pretende que las instituciones educativas sean espacios donde se forjen los primeros vínculos con la participación democrática, promoviendo el aprendizaje de valores como el diálogo, el respeto mutuo, la construcción colectiva y la responsabilidad ciudadana".