Pese al intento de actualización, el Digesto provincial conservará leyes que datan desde hace 165 años

Bajo la presidencia subrogante del legislador Sergio Mansilla, la Legislatura de Tucumán llevó a cabo este jueves la primera parte de su última sesión dedicada al avance del Digesto Jurídico Provincial, un ambicioso proyecto iniciado en marzo de 2024 para consolidar, ordenar y sistematizar las normas legales vigentes en la provincia. Liderada por la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, presidida por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, esta iniciativa busca garantizar un marco legal claro, accesible y comprensible para ciudadanos, profesionales del derecho y autoridades.

Durante la jornada, se analizaron los dictámenes de diversas comisiones, con especial énfasis en leyes especiales como la Ley de Ministerios, la Ley 5115 de la Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros, el Código Tributario (Ley 5121), la Ley Orgánica del Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ley 6446), leyes de categorías administrativas y el informe de la Comisión Interpoderes sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6238). Sin embargo, un punto de cierta molestia por parte de la presidencia de la Comisión fue la necesidad de mantener vigentes leyes de expropiación que datan de 1861. Además, se destacó la importancia de la colaboración con el Poder Ejecutivo para completar la normativización de la estructura del Estado y las múltiples modificaciones al Código Tributario, que reflejan el esfuerzo de la provincia por optimizar la gestión de recursos recaudados por la Dirección General de Rentas.

1. Ley de Ministerios (Ley 8450 y sus modificatorias)

La Ley de Ministerios, que define la estructura funcional del Estado provincial, fue el primero de los ejes debatidos de la sesión. Vargas Aignasse explicó: "La Ley de Ministerios no es nada más y nada menos que la ley que nos da la estructura funcional de todo el Estado provincial, la que distribuye las competencias, la que determina la organización y estructura de todo el Estado. Actualmente estructura a la provincia en ocho ministerios y le da rango ministerial a la Fiscalía de Estado y a la Secretaría General de la Gobernación".

Destacó que la provincia pasó de una estructura rígida a una flexible, delegada a una ley específica. Sin embargo, advirtió: "Hemos consolidado un texto trabajado con el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Estado, pero no es completo, ya que buena parte de la estructura del Estado está plasmada en decretos simples, que no podemos consolidar porque no tienen rango de ley. Necesitamos trabajar con el Ejecutivo para sancionar una ley completa que refleje íntegramente la estructura del Estado". Vargas Aignasse subrayó la colaboración con la Fiscalía de Estado y el compromiso de seguir perfeccionando esta normativa: "El texto consolidado que proponemos ha sido trabajado muy seriamente con el Poder Ejecutivo, pero reconocemos que no es el más completo. Nos comprometemos a trabajar a futuro para lograr una ley de ministerios que sea el único instrumento a consultar".

2. Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros (Ley 5115 y sus modificatorias)

La Ley 5115, que regula la Caja Popular de Ahorros, fue destacada por su relevancia como norma especial que dota de estructura a un ente autárquico creado en 1915. El integrante de la Comisión de Digesto, Walter Berarducci señaló: "Es una norma sancionada en 1979 que crea un ente autárquico con toda su estructura orgánica, atribuciones, facultades, deberes y sanciones. La Caja tiene 23 sucursales en Tucumán, una en Salta, otra en Santa Fe, otra en Buenos Aires y otra en Córdoba, trascendiendo las fronteras territoriales con servicios financieros, de seguros y de juego". El legislador resaltó el trabajo conjunto con la institución: "La Comisión de Digesto remitió en abril un pedido de informe a la Caja, que contestó en tiempo y forma, destacando un decreto-acuerdo de 1995 que modificó la ley para destinar un porcentaje mayor al Sistema Provincial de Salud. Este decreto no estaba registrado en la Legislatura, lo que demuestra la importancia de consultar a las instituciones que aplican las normas".

3. Código Tributario Provincial (Ley 5121 y sus modificatorias)

El Código Tributario, descrito como la "ley madre en materia impositiva", fue objeto de un exhaustivo análisis. El peronista Carlos Gallia explicó: "La Ley 5121 es de importancia sustantiva para todos los habitantes de nuestra provincia. Desde su última consolidación en 2009, ha sido modificada por 23 leyes y ocho decretos para adaptarse a la realidad económica y social, propender a la justicia social y sostener a los tucumanos en épocas de recesión". El legislador destacó modificaciones clave: "La Ley 8468, sancionada en 2011, hizo 72 modificaciones, representando el 20% del articulado, actualizando la administración, fiscalización y recaudación de tributos. Incorporó nuevas formas de notificación y modificó plazos de prescripción".

También resaltó la Ley 9155, que modernizó el marco tributario con 35 modificaciones, incluyendo pagos electrónicos y regularización laboral. Gallia enfatizó el impacto económico: "En 2024, la provincia recaudó 656.000 millones de pesos, con el 80% proveniente del impuesto a los ingresos brutos. Esto permitió obras como el desprendimiento habitacional más grande del país, el PROCREAR, con 70.000 millones de pesos de inversión y 7.000 empleos generados". Finalmente, defendió el federalismo fiscal: "Mantener ordenado el Código Tributario redunda en una mejor recaudación, que se traduce en obras, paz social y estímulo al crecimiento económico".

4. Ley Orgánica del Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ley 6446 y sus modificatorias)

El referente de Fuerza Republicana, Eduardo Verón Guerra abordó la Ley 6446, que regula el Instituto de Previsión y Seguridad Social, destacando su evolución: "El Instituto brinda cobertura a más de 350.000 beneficiarios. Resaltó la importancia de mantener esta norma consolidada para garantizar su vigencia y eficacia.

5. Leyes de Categorías Administrativas y Leyes Derivadas

Alberto Olea presentó el análisis de unas 200 leyes administrativas y 16 derivadas por otras comisiones. Explicó: "El proceso de consolidación legislativa es un compromiso con la seguridad jurídica, la transparencia y el acceso ciudadano a un marco legal comprensible. Las leyes administrativas son competencia exclusiva de la Comisión de Digesto, ya que no encajan en comisiones específicas". Entre las normas destacadas, mencionó: "La Ley 3910 transforma la Dirección Provincial de Cooperativas en el Instituto de Acción Cooperativa y Mutual; la Ley 5473, estatuto del personal de la administración pública; y la Ley 9256, de modernización del Estado y teletrabajo, que representa una transición a una administración más ágil". Olea subrayó: "Consolidar estas normas no borra la historia normativa, la reordena y la vuelve accesible. Es una política de Estado que honra la democracia".

6. Leyes No Generales

Vargas Aignasse expresó su preocupación por la cantidad de leyes de expropiación vigentes, muchas del siglo XIX: "Estamos dejando vigente la Ley 181, que dispone la expropiación de un terreno en Chicligasta para la capilla de La Ramada, sancionada en 1861. También la Ley 240, de 1865, sobre el local de la Escuela del Estado en la Iglesia de La Merced. Esto nos pone en una situación compleja, ya que no sabemos si los trámites se completaron o se abandonaron". La legisladora explicó el desafío: "Tenemos 1.323 leyes de expropiación vigentes. La Fiscalía de Estado recomienda mantenerlas, salvo 40 casos donde se comprobó el abandono del procedimiento. Propusimos declarar la caducidad de leyes anteriores a 1975, pero los jueces requieren la ley vigente para inscribir inmuebles. Esto nos obliga a trabajar con el Ejecutivo y el Judicial para dar claridad". También destacó otras leyes no generales, como la Ley 182, que exonera de contribuciones a la Casa Histórica, y la Ley 1363, que declara feriado el 1 de mayo.

7. Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6238)

Roque Álvarez destacó el trabajo de la Comisión Interpoderes, la cual presidió: "Fue un acierto conservar normas como el Código Procesal Penal y las oficinas de gestión de audiencias. Tucumán es modelo en el país por su innovación tecnológica y gestión judicial. El cambio al sistema adversarial en centros judiciales como Monteros y Concepción redujo los tiempos de los procesos de 6 a 2 años". Álvarez enfatizó: "La Ley 6238, ley orgánica de tribunales, queda vigente, pero debe adaptarse a la oralidad como metodología para juicios expeditos. La consolidación ordena las leyes para que sean claras no solo para abogados, sino para los ciudadanos y quienes quieran invertir en Tucumán". También abogó por la inteligencia artificial para simplificar el lenguaje normativo. Además, señaló que si bien se trabaja en un reduccionismo normativo, en este caso fue necesario ampliar la cantidad de artículos de esta norma, pasando de 180 a 197. Agradeció a su vez la colaboración de la Corte Suprema de Justicia tucumana, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar de la Defensa y el Colegio de Abogados.

La primera parte de la sesión culminó con un cuarto intermedio hasta el mediodia de este jueves, previo al acto protocolar donde se votarán los artículos de la ley general del Digesto, con la presencia de autoridades y funcionarios de los distintos poderes del Estado.