Aprobada a mediados de 2024, la Ley Bases incluyó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, un programa conocido como “blanqueo laboral” que buscaba formalizar empleos no registrados o mal declarados. La iniciativa ofrecía incentivos como la condonación de deudas fiscales por aportes y contribuciones no pagados, pero los resultados fueron limitados. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), e informados por el diario La Nación, entre septiembre y diciembre de 2024, solo 1950 empleadores se sumaron al plan, regularizando 16.703 trabajadores y recaudando $2000 millones.
El impacto del programa fue mínimo frente a la magnitud de la informalidad laboral. Según el INDEC, en el primer trimestre de 2025, había 5.437.000 trabajadores no registrados, una cifra similar a los 5.448.000 del mismo período en 2024. Esto implica que solo se formalizó el 0,3% de los empleos informales estimados. Además, el empleo asalariado formal también mostró una leve caída: de 11.199.000 puestos en el primer trimestre de 2024 a 11.145.000 en 2025. Sin embargo, el total de ocupaciones creció a 22.688.000 en 2025, un aumento de 227.000 respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento de monotributistas y cuentapropistas informales.
Expertos señalan varios factores detrás del bajo impacto del blanqueo. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, identifica “dos grandes razones” para el fracaso relativo: “La primera es que, si bien se crearon incentivos para regularizar, al mismo tiempo se eliminaron las sanciones por no regularizar”. Esto, según Campos, desincentivó a los empleadores. Además, destaca que la informalidad varía según el sector, desde pequeños comercios con márgenes ajustados hasta talleres que forman parte de cadenas de valor más amplias, lo que requiere enfoques específicos.
Condicionantes
Por su parte, Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, apunta a la necesidad de competitividad de las empresas como un obstáculo. “Las empresas enfrentan la necesidad de tener mayor competitividad y eso requiere bajar drásticamente los costos unitarios de producción”, explica. Añade que los altos costos de litigiosidad laboral, junto con una demanda incierta, desalientan la contratación formal, salvo en plantas nuevas con alta tecnología. Bour también señala que la economía creció apenas un 5% en 2025, con perspectivas inciertas para 2026, lo que frena la creación de empleo formal. Datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan esta tendencia: en abril de 2025, los empleos registrados en el sector privado fueron 6.255.083, el número más bajo del primer cuatrimestre, comparado con 6.257.457 en 2024 y 6.339.738 en 2023.
La eliminación de sanciones por empleo no registrado, incluida en la misma Ley Bases, también jugó un rol clave. Luis Discenza, socio del estudio Adrogué, Zabala, Discenza, Ronchetti & Abogados, destaca que “la misma norma que sancionó el blanqueo eliminó las multas que aplicaba el fuero laboral ante el empleo no registrado o parcialmente registrado, que tornaban muy gravosos los reclamos laborales”. Antes de la ley, un despido de un trabajador no registrado podía triplicar el costo por multas, pero al derogarlas, “los incentivos no despertaron el interés suficiente de los empleadores para acogerse al blanqueo”, concluye Discenza.
Análisis sectorial
En cuanto a los empleadores que participaron, la mayoría fueron micro y pequeñas empresas (1411), beneficiadas con un 90% de condonación de deudas. También adhirieron 51 empresas medianas (con 80% de condonación) y 282 no clasificadas como pymes (con 70% de descuento). Además, 206 empleadores corrigieron remuneraciones mal declaradas. El sector comercial lideró las adhesiones, con 661 empleadores, seguido por 266 industriales, 182 de alojamiento y gastronomía, 131 de servicios profesionales, 116 de salud y sociales, y 109 de agricultura y ganadería.
Las expectativas sobre una posible reforma laboral también influyen. Bour observa que “no es claro que habrá de propuesta de reforma. Y las pocas que hubo fueron revertidas”, en referencia a fallos judiciales que frenaron cambios recientes. Esto, sumado a la desaceleración económica y la falta de sanciones, generó un contexto poco favorable para el éxito del blanqueo laboral.