MÁS VIGILANCIA Y SANCIONES
Refuerzan el control contra la pesca ilegal extranjera en el mar argentino
La Disposición 20/2026 establece presunciones legales basadas en la velocidad y el comportamiento de los buques. Mayor énfasis en la pesca de calamar.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación puso en vigencia una nueva normativa para endurecer la vigilancia y las sanciones contra buques extranjeros que pescan de manera ilegal en aguas argentinas.
La medida fue formalizada a través de la Disposición N° 20/2026, impulsada por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Apunta a fortalecer el control en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y a mejorar los mecanismos de detección de infracciones.
La normativa introduce un cambio central. Transforma criterios técnicos complejos en estándares claros, objetivos y verificables. A partir de ahora, determinados comportamientos de los buques permitirán presumir legalmente la existencia de pesca ilegal.
El calamar está en juego
Uno de los indicadores clave será la velocidad y el rumbo de navegación. Se considerará que un buque extranjero está pescando ilegalmente si navega a menos de seis nudos y realiza maniobras compatibles con tareas de pesca, como cambios reiterados de rumbo.
El control será más estricto en el caso del calamar. Para los buques “poteros”, especializados en esta especie, la presunción de ilegalidad operará cuando naveguen a dos nudos o menos sin una justificación válida.
La vigilancia se apoyará en tecnología de alta precisión. El monitoreo se realizará mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como prueba.
Según se informó, la normativa no tiene solo un fin sancionatorio. También garantiza el debido proceso. Los capitanes de los buques podrán presentar descargos y pruebas técnicas para justificar su accionar, como informes meteorológicos o partes de avería.
La iniciativa se enmarca en el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar de manera preventiva frente a posibles daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta al momento de la detección.
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