El Gobierno busca consenso con la Mesa de Enlace para modificar el INTA mientras Tucumán advierte por el cierre de unidades y venta de tierras

El Gobierno nacional inició formalmente el diálogo con las entidades rurales para avanzar en una reestructuración profunda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En un encuentro encabezado por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y su par de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, se presentó un documento de siete ejes que busca "eficientizar" el organismo. No obstante, el plan ya genera fuertes tensiones en el interior del país, especialmente en Tucumán, donde se proyecta la eliminación de agencias de extensión y la puesta a disponibilidad del 86% de las tierras de la experimental de Leales para su subasta pública.

La propuesta oficial contempla la implementación de un plan de retiro voluntario para el personal y una auditoría exhaustiva sobre más de 200 programas de trabajo para decidir su continuidad. Uno de los puntos de mayor fricción es la reducción de los 15 Centros Regionales actuales a solo cuatro o cinco "macrorregiones".

Ante este escenario, las posturas dentro de la Mesa de Enlace son divergentes:

Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) expresó su temor por la pérdida de presencia territorial. “Nosotros defendemos la territorialidad. La eliminación de los 15 centros regionales va a generar muchísimo ruido”, advirtió en declaraciones al diario La Nación, al agregar que teme que la centralización derive en “una retirada del INTA del territorio”.

Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) se mostró más optimista respecto al diálogo. “Fue una buena reunión, porque el Gobierno no impuso nada, sino que planteó una hoja de ruta”, destacó, subrayando la necesidad de ahorrar donde el gasto no se justifique.

El impacto en la Provincia

Aunque la aplicación total de los cambios regionales quedó en suspenso hasta 2026, el Consejo Directivo del INTA tiene en vista un ajuste que afecta directamente a la provincia. Podrían cerrarse 41 agencias de extensión en todo el país, de las cuales tres pertenecen a Tucumán:

• AER San Miguel de Tucumán (Predio Ferial Norte).

• UEE Famaillá (Ruta Provincial 301).

• UEE Amaicha del Valle.

Además, el área de Agricultura Familiar podría transformarse en la dirección de "Producciones Regionales y de Pequeña Escala", con una posible reubicación de 75 cargos y una reducción estimada del 20% en la estructura de la Dirección Nacional.

El plan de "desafectación" de tierras es uno de los pilares del gobierno de Javier Milei. De las más de 30.000 hectáreas analizadas, el 87,5% (unas 27.019 ha) pasarían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su venta o arrendamiento.

En Tucumán, la situación de INTA Leales es paradigmática, puesto que de una superficie total de 1.484 hectáreas, el Gobierno pretende desprenderse de 1.285.

Solo quedarían 199 hectáreas para investigación, lo que representa apenas el 14% del predio original. Los fondos obtenidos por la venta o subasta no retornarían al INTA, sino que serían absorbidos por el Tesoro Nacional.

Este recorte pone en riesgo trabajos de alto valor estratégico desarrollados en Leales, como la creación de la línea bovina Criollo Doradillo y Mocho (CDM), el desarrollo de diez nuevos cultivares de porotos adaptados al NOA y la preservación de una cabaña de caballos criollos.

Autonomía y riesgo productivo

El ingeniero Luis Erazzu, director regional para Tucumán y Santiago del Estero, alertó sobre los peligros de convertir al INTA en un ente "desconcentrado" y sin autonomía presupuestaria. Según Erazzu, el argumento del "sobredimensionamiento" es cuestionable frente a la complejidad tecnológica actual.

“Nuestro gran temor es también que esto se concentre para soluciones de la Pampa húmeda y olvide las economías regionales”, explicó Erazzu, al señalar que el organismo es vital para sectores como el sucroalcoholero y el algodonero.

Es fundamental recordar que este proceso se da en un marco de fragilidad jurídica. El Decreto 462/2025, que buscaba la reforma estructural inicial, fue declarado sin efecto por la Justicia Federal tras amparos sindicales que ratificaron la autarquía del organismo más el rechazo por parte del Senado del instrumento legal libertario. No obstante, el Ejecutivo insiste con esta nueva hoja de ruta negociada, cuya implementación en el NOA y el resto de las provincias se terminaría de definir en los próximos meses con la llegada del nuevo año.