Yedlin denunció el aumento de la mortalidad infantil y materna y pidió explicaciones al Gobierno en una cuestión de privilegio

Con datos sanitarios en mano y un tono crítico hacia el rumbo de la política social, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y objetó las políticas sanitarias del Gobierno tras la publicación del último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación. Su intervención puso el foco en el aumento de la mortalidad infantil y materna, indicadores que -según advirtió- reflejan el impacto temprano de las decisiones económicas y sociales adoptadas por la actual gestión.

El tucumano explicó que el informe oficial, difundido el 27 de enero con retraso respecto de los tiempos habituales, generó preocupación no sólo por su publicación tardía -y por haber sido retirado temporalmente del sitio web- sino, sobre todo, por los datos que contiene. “Hay un aumento de medio punto en la tasa de mortalidad infantil”, señaló ante el recinto, al detallar que el indicador pasó de 8 muertes por cada mil nacidos vivos a un nivel superior que refleja, según dijo, “cerca de tres muertes más de bebés menores de un año”.

Durante su exposición, Yedlin advirtió que detrás de los promedios nacionales se esconden profundas desigualdades territoriales. Recordó que antes sólo cuatro provincias superaban la tasa de 10 muertes infantiles por mil nacidos vivos, mientras que ahora son siete las jurisdicciones por encima de ese umbral. “Las diferencias entre provincias son atrozmente inequitativas”, afirmó, al tiempo que reclamó mayor presencia federal para reducir esas brechas.

El diputado también remarcó que la principal causa de mortalidad infantil sigue siendo la prematurez. Por ello, sostuvo que mejorar el indicador exige políticas integrales: embarazos deseados, controles prenatales adecuados, atención obstétrica de calidad y servicios neonatales de alta complejidad. “Este es un indicador clave en la salud pública mundial; no es menor que la Argentina esté retrocediendo”, subrayó.

La preocupación del legislador se profundizó al referirse a la mortalidad materna. Según indicó, la razón alcanzó 4,4, un nivel que obliga a retroceder más de una década para encontrar cifras similares. En 2024 murieron 183 mujeres por causas vinculadas al embarazo, parto o puerperio, frente a 147 del año anterior, aun cuando la cantidad de nacimientos continúa en descenso.

Para Yedlin, estos datos evidencian fallas estructurales y requieren una respuesta urgente del sistema sanitario nacional. “Tiene que estar el rol del Ministerio de Salud intentando revertir estas desigualdades”, sostuvo.

El diputado vinculó los indicadores con lo que calificó como un proceso de desfinanciamiento de programas clave: salud sexual y reproductiva, provisión de medicamentos, cardiopatías congénitas y hospitales de referencia como el Hospital Garrahan y el Hospital Posadas, entre otros. Según expresó, estos recortes podrían explicar el deterioro acelerado de los indicadores sanitarios.

En tono crítico, cuestionó además la narrativa oficial sobre la evolución social del país. “Se dice que baja la pobreza sin empleo ni obras básicas, mientras aumentan la mortalidad infantil y materna”, señaló, y cerró su intervención con una fuerte ironía dirigida al Ejecutivo.

La cuestión de privilegio de Yedlin reavivó la discusión sobre el rol del Estado nacional en la coordinación sanitaria y el impacto de las políticas públicas en los indicadores de salud más sensibles. Más allá de las diferencias partidarias, el legislador llamó a que el Congreso y todas las provincias sigan de cerca las estadísticas vitales, al considerar que reflejan “la situación real de las familias y el funcionamiento del sistema sanitario”.

Las cuestiones de privilegio son mociones que los legisladores pueden presentar durante una sesión cuando consideran que se han afectado los privilegios parlamentarios. Se convierten, así, en un aspecto crucial de la inmunidad parlamentaria, previstas por la Constitución Nacional. Estas prerrogativas protegen a los legisladores en el desempeño de sus funciones, asegurando su inmunidad ante expresiones públicas vinculadas a su labor, la inmunidad de arresto y de proceso, y su dieta. La esencia de estas cuestiones radica en salvaguardar el libre ejercicio del mandato de los diputados y la dignidad de la Cámara.