Catalán negó internas en LLA, apuntó contra “la casta” tucumana y ratificó su proyecto político

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, dialogó con Tendencia de Noticias en el marco de su visita a la provincia y se refirió tanto a la construcción territorial del espacio como a las recientes tensiones políticas dentro del sector opositor.

Durante la entrevista, repasó las actividades que realizó en el interior tucumano. Señaló que estuvo en Concepción junto al intendente Alejandro Molinuevo y su equipo de trabajo, donde analizaron la realidad política y social de la provincia. Luego encabezó un acto en Aguilares, territorio de la familia Mansilla, con militantes y vecinos que manifestaron su respaldo al espacio libertario. Hoy mantendrá un encuentro con la dirigencia de Tafí Viejo.

Catalán aseguró que percibe “expectativa y esperanza” en distintos puntos de Tucumán y afirmó que La Libertad Avanza trabaja para consolidar “una alternativa real de gobierno para los tucumanos”.

EN AGUILARES: Acto de LLA en Aguilares. Foto tomada de Instagram

Cruces políticos en Tucumán

Durante la entrevista, el dirigente fue consultado sobre las recientes declaraciones del legislador José “Pepe” Seleme y del diputado nacional Mariano Campero, quienes avanzan en un armado político alternativo y cuestionaron a la conducción provincial de LLA.

Catalán negó que exista una interna dentro del partido. “Ni Campero ni Seleme pertenecieron al partido La Libertad Avanza Tucumán. La interna es dentro del partido; acá no hay ninguna”, sostuvo.

En relación con las críticas, señaló que el espacio busca construir una oposición “real” en la provincia y diferenciarse de lo que definió como un esquema político que lleva “40 años de oficialismo con una oposición que hace de sparring”.

“Cuando el presidente habla de casta no se refiere a alguien que hizo política alguna vez, sino a quienes priorizan intereses personales por sobre el bien común. Nosotros no vamos a construir con quienes vengan a ver qué tajada sacan. Si hacemos eso, perderíamos la posibilidad de representar una alternativa genuina”, remarcó.

El debate por las comunas rurales

Al abordar la situación institucional de Tucumán, Catalán —quien fue ministro del Interior y vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación— volvió a poner el foco en la necesidad de reducir el gasto político, tomando como ejemplo la reestructuración que impulsó durante su paso por el Gobierno nacional.

“En Tucumán el gasto político es una de las principales causas del deterioro económico. Tenemos la Legislatura más cara del país, una Defensoría del Pueblo sobredimensionada y estructuras que no se justifican”, sostuvo.

En ese marco, ratificó su propuesta de eliminar las comunas rurales, una iniciativa que ya había generado debate en la provincia. Según explicó, la medida apunta a desarmar lo que considera “estructuras políticas ineficientes” que, a su criterio, terminan absorbiendo recursos que deberían destinarse a obras y servicios básicos.

“Cuando hablamos de eliminar las comunas rurales no estamos hablando de desatender a la gente ni de dejar sin trabajo a quienes cumplen funciones reales. Estamos hablando de eliminar la estructura política que muchas veces funciona como aparato electoral”, afirmó.

Catalán planteó que los fondos que actualmente manejan las comunas deberían canalizarse directamente a través de los municipios, con mayor control administrativo y presupuestario. “La idea es que los recursos lleguen efectivamente a obras de infraestructura, canalización de ríos, mantenimiento de caminos, mejoras en escuelas y centros de salud. Hoy muchas veces esos recursos se diluyen en estructuras que no transparentan su ejecución”, cuestionó.

Además, sostuvo que el sistema actual favorece la discrecionalidad y la lógica de dependencia política. “Las comunas terminan siendo, en muchos casos, unidades básicas financiadas por el Estado. Eso hay que terminarlo si queremos una provincia moderna y eficiente”, señaló.

Finalmente, insistió en que cualquier reforma debería contemplar la continuidad laboral de quienes efectivamente prestan servicios. “Si hay trabajadores que cumplen funciones necesarias, deben ser absorbidos por los municipios o por la estructura que corresponda. Lo que se elimina es el gasto político, no el servicio a la comunidad”, concluyó.