
La legisladora Silvia Elías de Pérez se pronunció sobre los últimos movimientos judiciales en la causa por el asesinato de Paulina Lebbos y afirmó que lo ocurrido ratifica que “en Tucumán la impunidad no terminó”. Sus declaraciones se conocieron luego de que una testigo clave admitiera haber mentido durante el proceso que derivó en condenas por el encubrimiento del crimen.
Tal como estaba previsto, la joven que aseguró haber visto con vida por última vez a Lebbos el 26 de febrero de 2006 reconoció que faltó a la verdad en el juicio realizado en 2018, en el que fueron condenadas altas autoridades de seguridad provincial por encubrimiento. Sin precisar los motivos de su accionar ni aportar una nueva versión de los hechos, Virginia Mercado (foto inferior) admitió que varios de sus dichos no eran ciertos, aunque no detalló cuál sería la verdad.
El juez Patricio Prado informó que dispone de un plazo de diez días para decidir si homologa el acuerdo de juicio abreviado mediante el cual la testigo reconoció el delito de falso testimonio. De ser aceptado, Mercado recibiría una pena de tres años de prisión en suspenso. En caso contrario, deberá enfrentar un juicio oral y público, donde podría ser condenada hasta a seis años por encubrimiento agravado.

En ese contexto, Elías de Pérez sostuvo que las novedades judiciales vuelven a exponer las falencias del proceso. “Han pasado veinte años de dolor y de lucha incansable por parte de la familia Lebbos. Lo que se conoció ahora, con la admisión de haber mentido y ocultado información clave durante el proceso judicial, demuestra que hubo un manto de silencio que obstaculizó el camino hacia la verdad”, manifestó.
La parlamentaria advirtió que la demora en el esclarecimiento no puede asumirse como algo habitual. “Cada evasiva, cada contradicción y cada demora implicaron tiempo perdido para el esclarecimiento total del crimen. Yo no diría que la red de impunidad haya sido desmantelada, ni siquiera parcialmente. Porque en definitiva, después de veinte años, nadie dijo nada nuevo. Sólo se llegó a un acuerdo con una testigo que reconoce que mintió pero que no aportó información sustancial para conocer toda la verdad”, expresó.
Para la dirigente, el caso significó un punto de inflexión en la vida institucional y social de la provincia. “Marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de nuestra provincia. Nos obligó a mirar de frente el funcionamiento de nuestras instituciones y a preguntarnos si realmente estábamos a la altura de garantizar verdad y justicia”, afirmó.

En línea con declaraciones públicas de Alberto Lebbos, reiteró que el proceso aún no concluyó en términos de justicia plena. “En Tucumán la impunidad no terminó. No terminó con las primeras condenas, no terminó mientras hubo quienes ocultaron información, y no terminará hasta que se conozca toda la verdad. Cuando se trata de la muerte de una joven y del sufrimiento de una familia, el tiempo también se convierte en una forma de injusticia”, señaló.
Finalmente, la legisladora enfatizó que el reclamo trasciende lo estrictamente judicial. “La lucha contra la impunidad no es sólo una causa judicial, es una causa moral e institucional. La sociedad tucumana merece transparencia, celeridad y verdad completa. Sólo así podremos cerrar una herida que lleva dos décadas abierta”, concluyó.