La jaldista Medina defendió la baja en la edad de imputabilidad, pero habló del rol del Estado y de las familias

En una sesión atravesada por discursos encendidos y posiciones contrapuestas, la diputada nacional Gladys Medina, presidenta del bloque Independencia, pidió abordar la reforma penal juvenil -que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años- desde una mirada que combine responsabilidad familiar, presencia activa del Estado y políticas integrales para la niñez y la adolescencia.

Desde el inicio de su intervención, la tucumana describió el debate como “una sesión muy sensible” que exige reflexión seria y responsable. Señaló que detrás de cada caso hay historias complejas: niños y adolescentes que atraviesan situaciones de abandono, conflictos familiares, problemas de salud mental, adicciones, desempleo y desintegración social. En ese contexto, sostuvo que el Estado no puede desentenderse de su rol, pero enfatizó que la responsabilidad primaria comienza en la familia. “Los niños nacen en una familia que tiene que hacerse cargo; pero si esa familia no puede o no lo hace, el Estado tiene la obligación de intervenir y no mirar para otro lado”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la corresponsabilidad. Medina defendió que los progenitores deben asumir las consecuencias civiles por los delitos cometidos por sus hijos, en línea con el Código Civil y Comercial, y subrayó que los adolescentes también deben tomar conciencia de sus actos. “A partir de los 14 años deben saber que, si actúan mal, serán juzgados”, expresó, aunque insistió en que la respuesta no puede limitarse a la sanción penal.

Para la diputada tucumana, la reforma debe ir acompañada de políticas públicas integrales que incluyan equipos interdisciplinarios, programas de contención social, atención a la salud mental y fortalecimiento del sistema educativo. “No es momento de echarnos culpas entre gestiones pasadas o presentes, sino de hacernos cargo todos de la realidad que vive la sociedad argentina”, señaló ante el recinto.

La jaldista reconoció que existe una demanda social creciente por justicia y seguridad, alimentada por casos de violencia que conmocionan a la opinión pública. Sin embargo, advirtió que el Congreso no puede perder de vista la esperanza y los sueños de los jóvenes argentinos. Para ilustrarlo, relató la historia de una adolescente tucumana de la localidad de Yánima, en el departamento La Cocha, que a los 11 años escribió su primer libro y luchó por publicarlo a los 14. “Esos son los sueños que tenemos que recuperar en muchos niños que hoy están olvidados”, dijo.

Con un enfoque que combinó su experiencia política y su mirada como educadora, Medina destacó el papel central de la escuela como espacio de acompañamiento y reconstrucción de trayectorias. Reclamó leyes y programas “serios y sostenidos” que garanticen oportunidades reales para los jóvenes, además de respuestas frente al delito.

Su intervención cerró con una síntesis del equilibrio que, según planteó, debe guiar la reforma: atender el reclamo de seguridad sin abandonar la responsabilidad social de recuperar a quienes perdieron sus oportunidades. “La sociedad pide justicia y seguridad -dijo-, pero también nos exige políticas que devuelvan los sueños a los niños y adolescentes olvidados”.

En medio de un debate legislativo que divide posiciones, la postura de Medina buscó correrse de los extremos: respaldar la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil, pero insistiendo en que ninguna reforma será efectiva sin una red de contención que involucre a familias, Estado y comunidad educativa.