La Legislatura sesionará para crear un régimen de protección de testigos en casos de narcomenudeo

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad jurídica y la lucha contra el delito organizado a escala local, la Legislatura de Tucumán convocó a una nueva sesión ordinaria para el próximo jueves 18 de septiembre, a las 8:30 horas.

Uno de los puntos neurálgicos que tendrá el debate en el recinto radica en la modificación propuesta a la Ley Nº 7860, conocida como el "Régimen de Protección de Testigos". El dictamen emitido por la Comisión de Seguridad y Justicia establece pautas precisas para su tratamiento, incorporando un conjunto de artículos nuevos destinados a fortalecer la salvaguarda de quienes colaboran en investigaciones judiciales, particularmente en el ámbito del narcomenudeo. Esta reforma no solo responde a la evolución del panorama delictivo en la provincia, sino que se alinea con imperativos éticos y legales que priorizan la integridad de los testigos frente a amenazas sistemáticas.

De acuerdo con el dictamen, se propone crear "el Régimen Especial de Protección Integral de Testigos en Causas de Narcomenudeo, con el objeto de garantizar la seguridad, el anonimato y la integridad física, psicológica y social de personas que colaboren en causas judiciales por delitos vinculados a la comercialización, tenencia con fines de comercialización o distribución de estupefacientes a pequeña escala." Asimismo, se añade que están comprendidos en el Régimen Especial los testigos o denunciantes de hechos vinculados al narcomenudeo, en el marco de la Ley Nº 9188 y sus modificatorias; los denunciantes de redes locales de comercialización y los familiares directos y convivientes del testigo principal.

El régimen se enriquece con medidas operativas detalladas en otro de los artículos donde se señala que "el Juez competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público Fiscal, puede disponer, de manera individual o acumulativa, las siguientes medidas:

1. Omisión de datos personales en documentación pública o judicial

2. Declaraciones mediante videoconferencia con distorsión de imagen y voz

3. Exclusión de público en audiencias

4. Prohibición expresa de difusión de la identidad del testigo

5. Medidas de resguardo físico, custodia, relocalización y subsidios

6. Asistencia médica, psicológica, legal y social integral

Además, se contempla la posibilidad de renuncia voluntaria de los testigos a los beneficios del régimen, la que debe ser evaluada por el Juez interviniente.

Para disuadir violaciones, el proyecto con dictamen impone sanciones severas puesto que "el funcionario público, abogado defensor o fiscal que, con dolo o negligencia, revele información que comprometa la seguridad o identidad del testigo protegido, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, será pasible de: suspensión preventiva de hasta seis meses; denuncia disciplinaria ante el Colegio de Abogados correspondiente; denuncia penal por violación de deberes de funcionario público o encubrimiento agravado, según el caso".

La duración de la protección se regula en el artículo 14 de la iniciativa al sostener que la misma "se mantendrá mientras subsista el riesgo, conforme a la evaluación fundada y periódica del tribunal interviniente".

Se enfatiza el equilibrio con derechos procesales al resaltar que las medidas de protección establecidas deben implementarse "sin menoscabar el derecho de defensa en juicio del imputado, procurando su armonización con las garantías del debido proceso". Asimismo, se enuncia que la Autoridad de Aplicación queda facultada para celebrar convenios interjurisdiccionales y con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, a fin de implementar o reforzar las medidas previstas. Finalmente, el artículo 17 promueve la visibilización de esta norma, ya que enuncia que el Poder Ejecutivo "debe implementar campañas de difusión sobre las medidas de protección de testigos establecidas por la presente Ley".

Respuesta específica

Los impulsores de esta iniciativa —los legisladores Carlos Najar, Gerónimo Vargas Aignasse, Ricardo Bussi, José Cano, Alejandro Figueroa y Maia Martínez— fundamentaron la urgencia de la reforma con argumentos que resaltan la transformación del ecosistema criminal en Tucumán. En sus exposiciones, declaran: "La Ley Provincial Nº 7860 estableció un régimen legal para la protección de testigos en causas penales aberrantes o complejas, reconociendo el deber del Estado de preservar la vida, la integridad física y la seguridad de quienes colaboran en investigaciones judiciales. Sin embargo, el fenómeno creciente del narcomenudeo ha generado un nuevo escenario delictivo que requiere una respuesta jurídica específica. Esta modalidad, de fuerte presencia territorial, violencia directa e intimidación comunitaria, ha convertido a los testigos en blancos fáciles de represalias. En muchos casos, los operadores del sistema penal, amparados en el derecho de defensa, han filtrado identidades de testigos para intimidarlos o invalidar sus declaraciones. La reforma se alinea con tratados internacionales como la Convención de Palermo (Ley Nacional Nº 25.632), que exige a los Estados proteger testigos en causas de crimen organizado, aun en sus formas locales o de baja escala". Esta perspectiva no solo subraya la necesidad de adaptación normativa, sino que posiciona la modificación como un pilar para restaurar la confianza en el sistema judicial y fomentar la denuncia activa contra redes locales de tráfico de estupefacientes.

Amplitud de otras temáticas

En la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, subrayó la densidad del temario como factor determinante para una posible división en dos jornadas consecutivas, tentativamente el 25 de septiembre o el 2 de octubre. Esta medida busca garantizar un debate exhaustivo y ordenado ante la relevancia de los asuntos en agenda, que abarcan desde reestructuraciones institucionales hasta estas innovaciones en la protección de derechos fundamentales.

De este modo, la agenda legislativa se despliega en otros proyectos de envergadura que reflejan la amplitud de las prioridades fijadas por los parlamentarios. Entre ellos, destaca el Decreto de Necesidad y Urgencia remitido por el Poder Ejecutivo, que propone un reordenamiento normativo integral para el Servicio Penitenciario Provincial, derogando la obsolescente Ley Nº 4611. Esta iniciativa busca modernizar la estructura y operaciones del sistema carcelario, adaptándolo a estándares contemporáneos de rehabilitación y seguridad.

Paralelamente, se abordará la modificación de la Ley de Ministerios (Nº 8450), que redefine funciones y competencias ministeriales, con un cambio significativo en la denominación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que pasaría a llamarse Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Esta reestructuración apunta a una mayor eficiencia en la gestión de recursos y proyectos de desarrollo territorial.

Otro ítem de relevancia es el proyecto de nueva Ley de Caducidad, que derogaría la Ley Nº 6846, actualizando el marco legal para la prescripción de derechos y obligaciones administrativas. Adicionalmente, se tratará la creación del Colegio de Enfermería de Tucumán, con carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, un avance largamente esperado en el sector salud.

El vicegobernador Acevedo resaltó particularmente este último proyecto, originado en el ámbito legislativo: “Se trata de la creación del Colegio de Enfermería, un anhelo de larga data. Hubo cinco proyectos que fueron unificados en uno solo. La Comisión de Salud trabajó de manera consensuada con distintos sectores vinculados a la enfermería y la salud, logrando una propuesta acordada que será incluida en la sesión”. Esta unificación refleja un esfuerzo por profesionalizar el rol de los enfermeros y fortalecer la representación gremial en la provincia.

La reunión de Labor Parlamentaria contó con la presencia de Sergio Mansilla (presidente subrogante), Alfredo Toscano (vicepresidente segundo), Claudio Pérez (secretario legislativo) y Alejandro Martínez (prosecretario legislativo). También asistieron los legisladores Nancy Bulacio, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Claudio Viña, José Macome, Hugo Ledesma, Roque Tobías Álvarez, Ricardo Bussi, Eduardo Verón Guerra y Ernesto Gómez Gómez Rossi, lo que evidencia un amplio consenso en la preparación de la sesión.