La comuna de Santa Ana es una de las primeras en avanzar con un protocolo para frenar usurpaciones

La Comuna Rural de Santa Ana (ubicada en el Departamento de Río Chico y conducida por el delegado Hernán Romano) dio un paso decisivo en materia de control territorial, ambiental y dominial al aprobar la Resolución Nº 1016/25, un extenso instrumento normativo que fija un protocolo integral para prevenir usurpaciones, frenar obras irregulares y proteger tanto los terrenos fiscales como el patrimonio histórico, cultural, natural y ambiental del distrito. Se trata de una de las primeras comunas rurales en avanzar en esta línea, luego de que el Gobierno provincial —a través de la Fiscalía de Estado— dispusiera el fortalecimiento del poder de policía urbanística y ambiental de los gobiernos locales.

La medida se dicta en el marco del Decreto Acuerdo 4/1, que creó la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial bajo la órbita de Fiscalía de Estado, y de la Resolución Nº 118/2025 del mismo organismo, que instruyó a los comisionados comunales a dictar las normas necesarias para ordenar, controlar y regular el uso del territorio. Según fuentes de la comuna, este proceso de fortalecimiento institucional se venía acompañando de acciones concretas para la recuperación de espacios públicos que habían sido apropiados tras el cierre del antiguo ingenio de la zona.

En los considerandos, el texto remarca la gravedad de las intervenciones humanas no reguladas. “La proliferación de actividades antrópicas no reguladas, tales como urbanizaciones, desarrollos de infraestructura, remoción de suelos y alteración del ecosistema, representa una amenaza inminente para la biodiversidad, la estabilidad ecológica y la sostenibilidad del entorno natural, así como para la conservación de espacios públicos del Estado Provincial”, señala la resolución.

El Delegado Comunal de Santa Ana, Hernán Romano, junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

A ello se suma la obligación del Estado de actuar con premura: “La preservación de los ecosistemas sensibles y la mitigación de impactos ambientales adversos constituyen una obligación indelegable, conforme la Constitución Nacional, la legislación ambiental vigente y los principios de desarrollo sustentable”.

Sobre esa base, la norma concluye que resulta “imperativo establecer medidas de protección estrictas” que garanticen la integridad de las áreas naturales protegidas, de los inmuebles estatales y de cualquier construcción que pudiera verse afectada por intervenciones indebidas.

Prohibiciones estrictas y un nuevo régimen de control

El artículo 1 de la resolución impone un conjunto de restricciones de alcance inmediato en todo el territorio comunal. Se establece expresamente la prohibición de:

• “La construcción de viviendas, sus ampliaciones, loteos o cualquier tipo de urbanización no autorizada por los organismos provinciales competentes”.

• “Nuevas conexiones de servicios públicos —electricidad, agua potable, gas, cloacas, telecomunicaciones y otros— no autorizadas”.

• “El desmonte y tala de vegetación nativa o la introducción de especies que afecten la biodiversidad del Área Natural Protegida”.

• “La apertura de caminos, senderos o vías de acceso, así como ampliaciones de trazas existentes”.

• “Cualquier obra que modifique el entorno natural, como drenajes, desvíos de cauces o canalizaciones”.

• “La confección o aprobación de planos de mensura, subdivisión, urbanización o cualquier acto que implique regularización dominial, en inmuebles pertenecientes al Estado, sin verificar previamente su adecuación legal”.

Estas restricciones se aplican de manera inmediata y alcanzan tanto a obras en ejecución como a las que estén en proceso de autorización o regularización.

Uno de los puntos centrales de la norma es la creación de la Comisión Comunal de Verificación Dominial y de Obras (CCVDYO), un organismo permanente que tendrá amplias facultades de inspección, control y sanción.

Estará integrada por un representante de la comuna, un técnico con conocimiento urbanístico y un abogado que verificará la legalidad de toda la documentación y de los actos administrativos relativos a obras o construcciones. La comisión estará habilitada para realizar inspecciones con o sin aviso, exigir documentación de propiedad y permisos, emitir actas e informes y disponer la paralización o clausura inmediata de obras irregulares.

La resolución es explícita: la comisión podrá ordenar estas medidas cuando existan “incumplimientos que comprometan la legalidad, la seguridad o el orden urbano ambiental”.

Además, toda obra clausurada quedará detenida hasta que se subsanen las observaciones y la comisión levante la medida. Incluso, la comuna dejó sin efecto cualquier autorización previa que contradiga la nueva normativa, obligando a suspender trabajos en curso.

Coordinación interinstitucional

El dispositivo de control será complementado con asistencia técnica de otros organismos provinciales. La resolución autoriza a la comisión a solicitar informes y colaboración a la Dirección de Flora y Fauna, la Dirección General de Catastro, el Ente Autárquico Tucumán Turismo y otras reparticiones.

Asimismo, se notificará al ERSEPT y a las empresas prestadoras de servicios públicos para que no habiliten conexiones en inmuebles irregulares sin la autorización expresa de la comisión y de los organismos provinciales correspondientes.

Finalmente, la comuna elevará la resolución al Gobierno provincial —a través de los ministerios y secretarías competentes— para su conocimiento e integración dentro de la política de protección jurídica del patrimonio público.