Exigen al PAMI el cumplimiento inmediato de tres fallos judiciales a favor de jubilados tucumanos

Ante los recientes fallos del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que ordenaron al PAMI brindar cobertura integral e inmediata de medicamentos, tratamientos y cuidados a jubilados tucumanos, los radicales Silvia Elías de Pérez y Roberto Sánchez presentaron una nota formal al organismo nacional para que cumpla con esa medida.

“La Justicia fue clara: el derecho a la salud está directamente vinculado al derecho a la vida. No puede depender de convenios ni de excusas administrativas. El PAMI tiene la obligación legal y moral de cumplir con lo que dictaron los tribunales”, afirmó la legisladora Elías de Pérez.

Por su parte, el diputado Roberto Sánchez subrayó: “No estamos hablando de casos aislados, sino de un sistema que está dejando a nuestros jubilados en el abandono. Vamos a exigir que PAMI cumpla con lo dispuesto por la Justicia, porque el derecho a la salud no es negociable”.

Ambos coincidieron en que no se puede seguir sometiendo a los jubilados tucumanos al desgaste de judicializar lo obvio. “El PAMI debe garantizar atención, acompañamiento y medicamentos sin dilaciones. Vamos a seguir de cerca este tema hasta que se cumplan los fallos y se respete la dignidad de quienes más lo necesitan”, remarcaron.

Los fallos judiciales

En las últimas semanas, el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, emitió tres fallos ejemplares que obligan al PAMI a garantizar tratamientos médicos y cuidados urgentes a jubilados que habían sido rechazados por la obra social.

En todos los casos, los beneficiarios denunciaron que la negativa o demora en la provisión de medicamentos y prestaciones ponía en peligro su vida o afectaba gravemente su calidad de vida. Las sentencias constituyen un precedente clave en la defensa del derecho a la salud y reafirman su condición de derecho fundamental y exigible.

En sus sentencias, el juez citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los fallos "Asociación Benghalensis" y "Campodónico de Bevilacqua", que consolidan el principio de que el derecho a la salud es inseparable del derecho a la vida.

También invocó el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de implementar políticas para garantizar la igualdad real de acceso a la salud, en especial para personas mayores o con discapacidad. "El derecho a la salud no tolera demoras en la provisión de las medidas que tiendan a salvaguardarlo efectivamente, lo que impone un remedio inmediato y eficaz", afirma uno de los fallos.

Qué dice la nota

En la nota dirigida al titular del PAMI en Tucumán, Ernesto Iramain, Sánchez y Elías de Pérez transmitieron su “preocupación por la situación de desprotección de los jubilados y pensionados afiliados a PAMI y requerir su inmediata intervención”.

Los legisladores de la oposición recordaron el dictado de las cautelares que ordenan a PAMI brindar cobertura inmediata y total respecto de las prestaciones que había negado a sus afiliados.

Entre los fundamentos jurídicos citados, destacaron que: “Los fundamentos centrales giran en torno a la obligación de garantizar las prestaciones básicas de salud, el riesgo inmediato e irreparable que implica negar ciertos tratamientos, la vinculación entre el derecho a la salud y la dignidad y la obligación del Estado de aplicar políticas activas que aseguren igualdad real de oportunidades y de trato”.

Los legisladores insistieron en que la negativa a cumplir con lo ordenado judicialmente implica una grave responsabilidad institucional. “Todos los derechos mencionados poseen raigambre constitucional. Por lo que, su incumplimiento genera responsabilidad por parte del Estado Argentino”, señalaron.

También denunciaron que el PAMI incurre en una conducta reiterada: “Le requerimos que se abstenga de incumplir de manera sistemática con los fallos judiciales […] ya que esta actitud procesal reiterada evidencia una resistencia inaceptable a la justicia en busca de protección social”.

Por último, plantearon que “la mayoría de los jubilados no están en condiciones de asumir [el costo de tratamientos], generando una grave situación de desigualdad. Por ello, nuestra solicitud además de tener sustento jurídico tiene fundamento humanitario”, completaron Sánchez y Elías de Pérez.