El Municipio acusa a los empresarios de AETAT de sostener el conflicto con una intencionalidad política

La sede municipal de 9 de Julio y Lavalle fue escenario de otra tensa reunión entre funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), en la intención de destrabar el conflicto que tiene paralizado el servicio urbano desde las primeras horas de este jueves.

La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, citaron a la reunión para responder a los pedidos elevados por nota al Municipio por parte de los empresarios. La respuesta de la Municipalidad no conformó a los miembros de AETAT, que se retiraron dando un portazo, manteniendo su decisión de mantener las suspensiones transitorias de personal con el argumento de que la situación financiera les impide prestar el servicio con normalidad. El levantamiento de esa medida es la condición solicitada por el gremio de UTA para dejar sin efecto el paro que afecta desde este jueves a 13 de las 14 líneas urbanas y que, por lo tanto, continuará este viernes.

Al finalizar la audiencia, Giuliano y Nieva criticaron la postura empresaria y sugirieron que el conflicto tiene una intencionalidad política. “Esta es una foto de una película que se repite. Parece que está armado, premeditado. Los empresarios no quieren arreglar, buscan el conflicto acá en la capital para luego ir a resolverlo a nivel provincial”, sostuvo Giuliano.

La funcionaria explicó que durante la jornada el Municipio recibió dos pedidos formales por parte de AETAT: el adelantamiento de los subsidios del mes de octubre y el pago total del Boleto Estudiantil Municipal (BEM). “Pidieron que adelantemos los atributos de SUBE del mes de octubre y accedimos a hacerlo por siete días, como solicitaron. También pedían que vayamos al 100% del pago del BEM. Actualmente abonamos, como la Provincia, el 53%. Dijimos que podemos hacerlo a partir de noviembre, con la condición de que se levanten las suspensiones para que la UTA levante el reclamo”, detalló Giuliano.

Sin embargo, cuestionó la falta de predisposición de los empresarios. “Tuvieron las soluciones concretas a lo que solicitaron, y aun así se enojaron. Parece que esto está armado. Lo que buscan es desestabilizar, generar problemas en la capital, y nosotros no estamos de acuerdo. Nuestro principal objetivo es la gente”, subrayó.

La secretaria de Gobierno también apuntó contra la postura asumida por el Gobierno provincial en torno al conflicto. “Esto es llamativo. Hoy tuvimos una nota que fue enviada por la intendenta donde solicitamos un abordaje metropolitano, provincial del tema y hemos tenido la respuesta del gobernador donde dice que una vez que se resuelva el paro podemos conversar de esto de manera interna”, señaló.

Giuliano recordó además que la Municipalidad viene sosteniendo reuniones con asociaciones de usuarios, como FODECUS, y realizando inversiones en infraestructura del transporte. “La ciudad invirtió muchísimo en paradas, pavimentación, cámaras y GPS, pero los empresarios no colaboran. Piden de manera desordenada, no queda claro qué quieren, se les dan respuestas concretas y se enojan. A los empresarios no les importa la gente”, remarcó.

Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, advirtió que la medida afecta únicamente a la capital tucumana. “Llamativamente, el paro lo está sufriendo solamente el Municipio de San Miguel de Tucumán, no así otras líneas interurbanas o rurales. La problemática no es solo local, sino provincial”, señaló.

Nieva repasó las gestiones municipales frente a los reclamos de AETAT. “A cada pedido que nos hacen, respondemos con celeridad. Hoy los citamos, los escuchamos y les propusimos soluciones. La intendenta Rosana Chahla pidió una mesa ampliada con el Concejo Deliberante y los empresarios para avanzar”, dijo.

El funcionario sostuvo que el Municipio hizo un esfuerzo económico importante para sostener el sistema y que la propuesta oficial fue rechazada sin fundamentos. “Les ofrecimos adelantar el pago de los atributos sociales y llevar el BEM al 100% desde noviembre. Dijeron que no. Levantaron la voz y se retiraron sin mediar palabra. Es el final de una película totalmente anunciada, con un libreto con el que vienen a hacernos un lockout en la Municipalidad”, afirmó.

Nieva agregó que la oferta municipal implicaba duplicar el aporte destinado al boleto estudiantil. “El aporte hubiese pasado del 1,5% al 3% del presupuesto municipal, una inversión grande. La provincia solo paga el 53% y nosotros íbamos a cubrir el 100%. Es llamativo que los empresarios hayan dicho que no frente a una propuesta tan concreta y positiva”, enfatizó.

El secretario de Movilidad Urbana dijo que le resulta "llamativo que los empresarios hayan dicho que no y se hayan expresado con total falta de respeto frente al esfuerzo que hace la Municipalidad, con una propuesta cocreta y positiva". Y disparó: "Claramente, esto es una historia que está contada y creo que lo que están buscando es que el Gobernador (Osvaldo Jaldo) sea quien resuelva este problema el lunes".

Qué dijeron los empresarios

Desde AETAT, en tanto, su vicepresidente Jorge Berreta rechazó las acusaciones y aseguró que las propuestas municipales resultan “insuficientes”.

“La propuesta está tirada de los pelos. El anticipo de los atributos sociales no es ninguna inyección de dinero: ya los trasladamos a los pasajeros. Tenemos un costo financiero del 5% por las deudas fiscales y previsionales que no nos permiten trabajar”, explicó.

Berreta confirmó la continuidad de las suspensiones rotativas y del paro de choferes.

“Las suspensiones están dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Son una medida dura, difícil de tomar, para estirar un poco el tiempo de prestación. No son deseadas, pero necesarias”, indicó.

El dirigente insistió en que el sistema necesita una “compensación tarifaria” para poder sostener el servicio. “Valoramos la voluntad del Municipio, pero la propuesta no alcanza. San Miguel de Tucumán es una excepción: la mayoría de los municipios importantes aportan para sostener el transporte. Necesitamos una compensación acorde a la realidad”, afirmó.

Finalmente, Berreta lamentó el impacto del conflicto en los trabajadores. “Las suspensiones son rotativas, de cuatro o cinco días, para que el daño sea el menor posible en el bolsillo del trabajador. Les pedimos disculpas, pero necesitamos estirar la prestación del servicio. Los paros no los realizamos nosotros: son una reacción de los choferes defendiendo su fuente de trabajo”, concluyó.