En medio del conflicto del transporte en la Capital, el Ejecutivo provincial le giró a AETAT $4.900 millones en subsidios

El Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, reafirmó su apoyo económico al sector del transporte automotor con la liberación de un cuantioso subsidio. Mediante el Decreto N° 2951/8, que lleva la firma del ministro Marcelo Nazur (foto inferior) y publicado ayer en el Boletín Oficial, la provincia delegó la facultad de autorizar una compensación de $4.900 millones destinada a las empresas prestatarias del servicio.

Esta transferencia de recursos, si bien es un mecanismo de asistencia que se ejecuta mensualmente, se produce en un momento de alta tensión en el área metropolitana. El subsidio se autorizó específicamente como compensación por el mes de octubre de 2025 y se canalizará a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (A.E.T.A.T.).

El decreto provincial establece la base legal para el desembolso al recordar que la Ley N° 9.773 prorrogó hasta el 31 de mayo de 2026 la Emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público Automotor.

Entre sus considerandos, el texto subraya la voluntad del Estado de "asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales". El objetivo explícito es "limitar el impacto de la crisis del sector, producto del incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral".

El giro millonario de fondos provinciales se concreta en medio de un virulento conflicto que enfrenta a los empresarios de AETAT, el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a cargo de Rossana Chahla.

El detonante de la crisis fue la decisión de AETAT de suspender a unos 150 trabajadores alegando una insostenible crisis financiera, lo que derivó en la convocatoria a un paro de ómnibus por parte de UTA para este jueves. La medida de fuerza, que se inició a las 0 horas, afecta exclusivamente a las líneas urbanas (de la 1 a la 19).

El conflicto escaló tras el fracaso de una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, donde AETAT ratificó las suspensiones rotativas de choferes. Los empresarios exigen al Municipio capitalino el otorgamiento de subsidios y la implementación de un sistema de pago por kilómetro recorrido. Desde la Municipalidad, la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, advirtió que las exigencias empresariales implicarían un desembolso mensual de $2.000 millones, una cifra que consideran inviable.

Estos reclamos al Municipio salieron a la luz inmediatamente después de los comicios del 26 de octubre, y las tensiones generaron incluso un paro sorpresivo de tres horas en la jornada de ayer que dejó a miles de usuarios varados, culminando con la movilización y el "sitio" de la Intendencia por parte de unidades de UTA. Ante esta situación, Giuliano afirmó que el conflicto es una "cuestión laboral entre esas dos partes" y sostuvo que "la Municipalidad no tiene injerencia sobre eso”, aunque pidió a la UTA que reviera la medida por el perjuicio a los usuarios.

Pese al intento de diálogo y el pedido municipal, el titular de UTA, César González, mantuvo la medida de fuerza en asamblea, argumentando que las suspensiones "afectan cerca del 40% del salario de los trabajadores, y no vamos a permitir que eso ocurra”.

Llamado al diálogo

Días atrás, el propio gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la delicada situación del transporte y llamó a mantener la calma y la comunicación. El mandatario provincial destacó la predisposición del Ejecutivo y del municipio de San Miguel de Tucumán para "colaborar para que los colectivos sigan funcionando en condiciones normales".

Jaldo advirtió que "el conflicto no se destraba dejando de conversar" y que si el diálogo se corta, "los conflictos pasan a la calle y terminan perjudicando a terceros, a familias que van a trabajar y que ya tienen dificultades económicas".

El gobernador fue enfático al señalar la responsabilidad del Gobierno nacional en la crisis: "La Nación se desentendió del transporte público del pasajero en las provincias. Si no fuera por el aporte provincial, Tucumán ya no tendría transporte público". Respecto a la propuesta empresarial de modificar el sistema a un pago por kilómetro recorrido, Jaldo se mostró prudente, indicando que el problema de fondo sigue siendo "los recursos" y no el esquema de pago.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la responsabilidad compartida: “Los empresarios deben entender la situación económica del país, los trabajadores de UTA tienen que cuidar las fuentes de empleo, y nosotros, como funcionarios, debemos hacer todo lo posible para no perjudicar al usuario. En definitiva, trabajamos para garantizar el transporte público y cuidar a los más de 600 mil tucumanos que lo usan cada día”.