Censura previa a un medio tucumano: "Es la lógica que abre el camino al autoritarismo"

La legisladora provincial Silvia Elías de Pérez (foto inferior) expresó su “rechazo y profunda preocupación” ante la decisión de la Justicia tucumana que impone un bozal legal a periodistas, productores y conductores de un medio local, prohibiéndoles durante seis meses emitir contenidos que puedan “injuriar o desacreditar” a fiscales y jueces.

“Estamos ante un caso flagrante de censura previa, algo que nuestra Constitución Nacional prohíbe expresamente desde la recuperación democrática. Es un retroceso institucional que no tiene antecedentes en Tucumán desde 1983”, afirmó la parlamentaria.

La resolución judicial, dictada por el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, surgió a partir de una denuncia penal presentada por el ministro fiscal Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal. Jiménez acusó al director de la Compañía de Circuitos Cerrados (CCC), Gustavo Olarte, de presuntos delitos de entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación al descrédito institucional.

El fallo ordena el cese inmediato de la difusión de cualquier contenido crítico sobre el accionar judicial, no solo en la señal televisiva sino también en medios digitales y redes sociales, y dispone que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) supervise el cumplimiento de la medida.

Para Elías de Pérez, la disposición afecta el principio más básico de la vida democrática: el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder. “La libertad de expresión es la herramienta esencial para que la sociedad pueda vigilar al poder. Callar preventivamente al periodismo es dejar a los ciudadanos a oscuras frente a lo que ocurre en las instituciones”, sostuvo.

La legisladora remarcó que la jurisprudencia argentina ha sido contundente al respecto: “Todos los que ocupamos un cargo público, incluidos los jueces y los fiscales, estamos sometidos al control ciudadano. Las opiniones incómodas o las investigaciones pueden debatirse e incluso repararse después. Pero nunca silenciarse antes.”

Rechazo del periodismo

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también manifestó su preocupación por la decisión judicial y calificó la medida como “un acto de censura previa” que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía y pone en riesgo la libertad de expresión y de prensa”.

En su comunicado, FOPEA recordó un antecedente reciente —la causa por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei— en la que un tribunal civil revocó una medida similar y reafirmó que, cuando lo publicado involucra a funcionarios públicos, debe prevalecer el derecho a la información. “El honor, la intimidad y otros derechos individuales no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios. Mucho más cuando se trata de información vinculada a funcionarios públicos”, sostuvo el foro.

La entidad exigió la inmediata restitución de los derechos constitucionales vulnerados y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa en el país.

Para Elías de Pérez, el problema trasciende el episodio puntual. “Hoy se censura a un medio que investiga y cuestiona. Mañana podrían intentar silenciar cualquier voz que piense distinto. Esa es la lógica que abre camino al autoritarismo”, advirtió. La legisladora instó a los poderes del Estado y a las instituciones democráticas a pronunciarse frente a lo que calificó como “una señal de alarma para todos los tucumanos”.