Luego de que el Gobierno Nacional decidiera impedir a los municipios y provincias incluir sus propias tasas y recargos en las facturas de los servicios, como la luz y el gas, el Ejecutivo evalúa cobrar multas y abrir sumarios contra las empresas privadas que no los eliminen en octubre.
La medida, que incluye penalidades por montos de entre $374.129 y $1.571.343.900, busca el cumplimiento de la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio que establece: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
La normativa aclara que “no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”. En consecuencia, la resolución deja en claro que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto” por la ley. Esta medida comenzará a regir dentro de los próximos 30 días, tiempo establecido para su adecuación.
Vale señalar que en el caso de nuestra provincia, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) indicó que dentro de la factura emitida por EDET lo que se cobra por impuesto es el IVA además de una tasa municipal, que ronda entre el 7 y el 14% del total de la boleta, pero que se encuentra relacionada con un cargo aplicado sobre el alumbrado público para financiar tal servicio en algunos municipios y comunas.
Desde el organismo se aclaró que no existen tasas diferenciales que se imputen sobre otros items, tales como el barrido y limpieza, en relación a otras jurisdicciones del país en las que sí figuran dichos impuestos como parte de la tarifa que cobran las empresas distribuidoras de energía.
Sin embargo, el ERSEPT consideró que se debería realizar un análisis más profundo de la situación y lo que acontece en cada comuna de la provincia, ya que se detectaron casos en donde se prorratean cobros vinculados con la concreción de algunas obras públicas, lo que, según lo determinado por el Gobierno nacional, de ahora en más estaría prohibido imputarlas como cargos fijos dentro de la boleta de EDET. En tanto, desde el organismo provincial aducen que podrían enfrentarse a un problema legal ya que tales tasas se encuentran avaladas por los respectivos Concejos Deliberantes y no sería competencia de la Nación inmiscuirse en esas determinaciones.